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El Diputado del Común, Rafael Yanes, junto a la presidenta de la Comisión de Discapacidad y vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Oramas (c). C7

El Diputado del Común denuncia los incumplimientos reiterados de los plazos en discapacidad

Las quejas en el área han aumentado un 119% en tres años. La institución prepara un informe extraordinario que presentará en 2024

L.R.G.

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 30 de septiembre 2023, 02:00

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«La falta de financiación hace que haya menos personal y la consecuencia y la principal queja es el incumplimiento reiterado de los plazos establecidos para resolución de grado y la revisión», afirmó ayer el Diputado del Común, Rafael Yanes en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias donde fue invitado a intervenir. «Es la primera vez que me invitan», dijo.

La discapacidad es uno de los asuntos que más le «preocupan» como Diputado del Común, pero reconoce que socialmente «los problemas tan importantes que tenemos en dependencia han hecho que los de discapacidad pasen desapercibidos». Ambas áreas superan «el 26% de las reclamaciones» a la institución. «De las 28 áreas la cuarta parte de las reclamaciones están en discapacidad y dependencia y en discapacidad en los últimos tres años se han duplicado» aumentando un 119%, explicó. De ahí que la semana que viene comiencen a elaborar un informe extraordinario sobre discapacidad.

Yanes resaltó que «la financiación es fundamental», pero que en canarias está en «un 35% menos que la media nacional» lo que coloca «en situación de desventaja a las persona con discapacidad que viven en Canarias con respecto a las de otros territorios». Esa falta de financiación hace que «haya menos personal y la consecuencia y principal queja es el incumplimiento reiterado de los plazos establecidos para resolución de grado y revisión del grado». De hecho, abundó, «casi la mitad, el 45% de las quejas, son por los plazos». Y el tiempo «es fundamental porque son derechos que le da la ley a las personas con discapacidad para acercarse a la igualdad de oportunidades». Ventajas en áreas como el empleo, la adaptación del puesto de trabajo, las pruebas selectivas para el empleo público, la jubilación anticipada, o en el acceso vivienda, a apoyos educativos, a asignación económica, beneficios fiscales, tarjeta de estacionamiento, descuento en medios de transporte...». Yanes reconoció que se había producido una leve mejora, en noviembre de 2022 el retraso era de 40 meses -el plazo legal es de tres meses­- y en mayo ya había bajado a 24 meses. «Hay una mejora, pero es insuficiente», añadió.

El Diputado del Común relató algunos casos. «El colmo», dijo, «una solicitud del 4 de enero de 2017» que no fue atendida hasta la semana pasado: «80 meses la tardanza», y dio ejemplos más habituales.

Yanes destacó también que este retraso afecta incluso a los expedientes de menores de 0 a 6 años, cuando «la orden establece la posibilidad de acortar el plazo a la mitad. Un niño de esa edad necesita ya esos apoyos. Tengo la queja de una familia con un niño de 3 años y lleva 18 meses sin respuesta. Otro de 6 años sin respuesta 19 meses después. Otro sin respuesta 21 meses después», narró.

Otro aspecto que destacó Yanes es el de la revisión de grado. La discapacidad va aumentando y no se revisan los grados con la agilidad debida, señaló. «Tengo una queja en la que se ha pedido la revisión de grado y 54 meses más tarde no ha sido atendida», lamentó.

Más medidas de accesibilidad

El tercer asunto que señaló en su comparecencia es el de la accesibilidad porque «es un derecho que hace que los espacios públicos sean para todas las personas». En ese sentido pidió la actualización de la ley canaria, que ya tiene 28 años. Solo 25 de los 88 ayuntamientos en Canarias tiene planes de accesibilidad, dijo Yanes, siendo «la isla que mejor esta Gran Canaria con un 52% de los ayuntamientos».

Yanes también animó a los grupos parlamentarios a emplazar a las instituciones a facilitar baños adaptados a personas ostomizadas, una discapacidad oculta», señaló, «pero es más común de lo que pensamos», y denunció el caso de dos centros educativos que no están adaptados a personas con movilidad reducida por lo que se las «discrimina».

El Diputado del Común recordó que en los cinco informes que ha presentado al Parlamento de Canarias ha reiterado que las personas con discapacidad tienen que probar la discapacidad que tienen «llevando el papel firmado por la dirección general. No hay un carné, como ya existe en la mayoría de las comunidades. Les pido a ustedes que hagan posible eso», añadió.

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