El Constitucional quiere abrir el debate sobre el aborto antes de las vacaciones

El TC lleva doce años sin emitir sentencia sobre el recurso que presentó el PP de Rajoy en 2010 contra la ley de plazos

Alfonso Torices
ALFONSO TORICES Madrid

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), el conservador Pedro González Trevijano, quiere tener un primer debate sobre el recurso contra la ley del aborto de 2010 antes de que en agosto comiencen las vacaciones de los magistrados.

Prepara la discusión al mismo tiempo que la mayoría ultraconservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos se dispone a derogar el derecho a la interrupción libre y voluntaria del embarazo en ese país, que el mismo máximo órgano judicial estableció hace medio siglo.

La pretensión de González Trevijano es no dejar el cargo, que caduca oficialmente el próximo junio, sin haber activado al menos la resolución de un recurso que ya ha sacado los colores a tres presidentes de la corte de garantías, pues lleva prácticamente guardado en un cajón 12 años, desde que los diputados del PP impugnaron por supuesta inconstitucionalidad nueve artículos de la ley de plazos impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero y su Gobierno. Esta norma contempla que en las primeras 14 semanas de gestación la decisión de abortar es libre, siempre que se haya informado a la embarazada de los derechos y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.

El actual presidente del TC, que encargó hace meses la elaboración de un primer borrador de resolución al también conservador Enrique Arnaldo, aspiraba a llevar la ponencia a un pleno de este mismo mes. El objetivo era lograr una primera toma de temperatura de las distintas posturas de los magistrados y de las posibilidades de avanzar hacia una sentencia consensuada o al menos muy mayoritaria. Sin embargo, la convocatoria anticipada de las autonómicas andaluzas para el 19 de junio se ha cruzado en su camino y, con ella, la costumbre no escrita en los tribunales españoles de evitar interferencias electorales con el debate de causas de alto contenido político en el período electoral o preelectoral.

El imprevisto andaluz hace que ese primer debate sobre la constitucionalidad de la ley de plazos pueda trasladarse al final a uno de los plenos que se celebre en julio. No obstante, cuando eso ocurra, si es que al final González Trevijano logra cumplir su deseo, cuatro de los magistrados que participen en la primera confrontación de posturas, incluido el propio presidente, ya habrán agotado su mandato legal de nueve años en el tribunal.

El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con dos nombramientos cada uno, deberán relevar a los magistrados vacantes. No es un cambio baladí, pues, de producirse en tiempo y forma, alteraría la actual mayoría conservadora de la corte, en la que los progresistas pasarían a tener la ventaja de siete a cinco (ahora es al revés).

Este hipotético relevo en el tribunal de cara al próximo otoño -sumado al hecho de que aunque la causa viva un primer debate este verano es casi seguro de que precisará de más discusiones y, posiblemente, de varias fases de enmiendas y redacciones de la ponencia, dado lo delicado y vidrioso del asunto- apunta a que será la corte ya renovada la que resuelva la impugnación. De ser así, los avances que este verano pudiesen producirse en la elaboración del borrador de sentencia podrían resultar invalidados total o parcialmente si sobre el trabajo final del tribunal termina por decidir una mayoría con la sensibilidad contraria a la actual.

En marcha una nueva ley de interrupción del embarazo

El Gobierno ya ha puesto en marcha la reforma de la ley del aborto de 2010, que aún no ha llegado al Congreso para su discusión. La norma que elabora el Ministerio de Igualdad garantizará las interrupciones voluntarias del embarazo en todos los hospitales públicos. Solo el 21% de los casi 100.000 abortos anuales se realizan en la sanidad pública. La futurá ley revertirá la reforma que el PP hizo en solitario en 2015. Entonces, con mayoría absoluta, pudo haber derogado el sistema de plazos que había impugnado en 2010, pero se limitó a una modificación mínima: que las embarazadas de 16 y 17 precisarán de permiso paterno para poder abortar. El actual ejecutivo quiere eliminar este precepto y suprimir el período de reflexión de 3 días, el tiempo a esperar antes de ratificar su intención de abortar.

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