Uno de los pozos ilegales que esquilman el acuífero y dañan el parque de Doñana. / WWF

La UE condena a España por permitir la degradación de Doñana

El tribunal de Luxemburgo constata la inacción de las administraciones ante los cientos de pozos ilegales para cultivos de fresa que esquilman sus aguas

Alfonso Torices
ALFONSO TORICES Madrid

Años y años de ignorar los avisos y alertas de las organizaciones naturalistas han tenido su castigo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó hoy a España por permitir con su inacción que la proliferación de cultivos intensivos e irregulares de fresa pongan en peligro el parque natural de Doñana, perteneciente a la mayor reserva ecológica del continente y una de las más valoradas del mundo, por sus enormes marismas y por ser refugio invernal y zona de cría de decenas de miles de aves.

Los magistrados concluyen que las «extracciones desmesuradas de agua subterránea» a través de cientos de pozos ilegales abiertos sin control dañan el espacio protegido e incumplen el derecho comunitario, en concreto, las directivas marco del Agua y Hábitats. Es el último aviso a las autoridades españolas. O toman en el plazo más breve posible las medidas precisas para acabar con estas violaciones de las normas europeas, y para restaurar en lo posible el hábitat del parque natural, o la Comisión Europea estará en situación de exigir sanciones millonarias para España por sus incumplimientos y daños medioambientales.

WWF, que fue la organización que inició el proceso hace una década con una queja contra España ante la Comisión, calificó la sentencia de «histórica», pues cree que confirma las reiteradas denuncias «alertando del grave deterioro ambiental de Doñana como consecuencia del robo del agua, la impunidad que impera en el entorno, y la inacción y falta de medidas efectivas para evitarlo por parte de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y el Gobierno central».

La sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo indica que los pozos piratas están dañando de forma grave Doñana y destaca « la inacción de España ante los efectos negativos de las extracciones de agua sobre hábitats protegidos, como los estanques temporales mediterráneos, y manifiesta la falta de información sobre el estado de las aguas subterráneas, debido sobre todo al desconocimiento de la Administración sobre las captaciones ilegales».

Durante más de diez años, WWF realizó un seguimiento exhaustivo y aportó al proceso legal informes propios elaborados por expertos y organismos públicos que demuestran la «sobreexplotación y degradación progresiva» del acuífero que alimenta Doñana y su «grave repercusión» en los hábitats y especies. Fue lo que el 24 de enero del 2019 determinó a la Comisión a llevar a España ante el tribunal de la UE.

Los documentos aportados por WWF a la causa apuntan que hay más de 1.000 pozos ilegales que abastecen a más de 1.500 hectareas de cultivos de fresa y frutos rojos fuera de toda normativa que provocaron que, ya en 2020, se declarase que tres de las cinco partes en que está dividido el acuífero de Doñana están sobreexplotadas.

La ONG denuncia que, pese a las alertas, la situación actual de Doñana es «crítica». «Siguen sin cerrarse los regadíos ilegales en la zona del Condado, al tiempo que su superficie sigue creciendo sin parar todos los años; aparecen nuevas presiones, como el avance de la agricultura intensiva al norte de Doñana, que está transformando rápidamente la marisma de Aznalcázar usando todo el agua del río Guadiamar; la falta de lluvias y aportes superficiales en cantidad suficiente provocan que la marisma norte dentro del Parque Nacional de Doñana lleve dos años prácticamente seca; las lagunas peridunares del espacio natural pierden superficie de forma continua e incrementan su temporalidad; el deterioro del acuífero, en cantidad y calidad de sus aguas, no cesa; agresiones, además, que se multiplican por el impacto evidente del cambio climático».

Clausura de explotaciones

Por todo ello, WWF exige al Gobierno y a la Junta de Andalucía que afronten sus responsabilidades y competencias, a fin de impedir mayores perjuicios a Doñana. La Junta -con competencias en la gestión de Doñana, la agricultura y la ordenación del territorio- « debe cerrar con carácter urgente todas las fincas ilegales, que no se pueden regularizar en ningún caso», y recuperar los montes públicos ocupados por la agricultura ilegal.

Aunque reconocen que en esta legislatura se han producido algunos avances en el cierre de pozos y el acuífero ha sido declarado «en riesgo de no alcanzar sus objetivos ambientales», la ONG demanda a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el cierre inmediato de todas las captaciones ilegales que están robando el agua a Doñana.

La organización también considera imprescindible garantizar que los nuevos fondos de recuperación europeos no se utilizarán para financiar nuevas infraestructuras hidráulicas que dañen Doñana con la excusa de su recuperación. Deben usarse, defiende, para la puesta en marcha de un nuevo proyecto de restauración hidrológica del parque a gran escala.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, declaró que « esta condena a España es un escándalo y un gran daño para la imagen internacional de nuestro país, que no ha sido capaz de cuidar un espacio único como Doñana, propiedad de todos los europeos y patrimonio de toda la humanidad». «Ahora -añadió- seremos todos los ciudadanos los que paguemos las consecuencias de la inoperancia de las autoridades locales, autonómicas y centrales, que han consentido el expolio y saqueo de Doñana y han cedido continuamente ante las presiones de la agricultura intensiva».