La comunidad educativa ve precipitado el inicio de las clases la próxima semana

«Creemos que es precipitado, porque la mayoría de los centros nos están trasladando que no han tenido tiempo de aplicartodas las medidas de seguridad, pero la Consejería dice lo contrario; la verdad es que las familias lo estamos viviendo con cierta preocupación», señala Pepi Méndez, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Madres y padres (Confapa) de Canarias. Méndez insiste en que deben estar nombrados todos los profesores extra, llegar a los centros el dinero para dotarse de medidas y material de protección y tener instrucciones claras antes de abrir las aulas.

Los sindicatos docentes también ponen en duda que los centros estén preparados para abrir. El STEC, muy crítico con la Consejería de Educación, sostiene que «es una absoluta temeridad» iniciar las clases presenciales porque «los deberes no se han hecho a tiempo». Critica que no se han bajado ratios, que no se ha aumentado la plantilla, sobre todo en Infantil y Primaria, y que los centros están sin recursos para implementar las medidas de seguridad. «El conjunto de la comunidad educativa le pedimos retrasar las clases presenciales hasta que estuviera todo preparado y no entendemos que no haya sido así», afirma Fernando Pellicer.

Por ANPE, Pedro Crespo reconoce la «sopresa» de la decisión del Gobierno y afirma que no se puede obligar a abrir a los centros que no están preparados, aunque es importante que los que sí lo están abran ya. El dirigente sindical critica que no se haya adaptado los puestos de trabajo al profesorado vulnerable y se envíe a la mayoría de este colectivo sensible a los centros. E insiste en criticar el modelo de los grupos burbuja en Infantil y Primaria, sin límite de ratio ni distancia entre los escolares, porque lo considera «inseguro».

Comisiones Obreras también califica de «precipitado» el inicio de las clases presenciales la próxima semana en las islas. «Diría que es una decisión con cierto nivel de irresponsabilidad», sostiene Juan Ramón Barroso, responsable del área de educación del sindicato en las islas. «No hubiera costado nada retrasar una semana el inicio de las clases, porque los centros y sus equipos directivos nos insisten en que no han tenido tiempo. El Gobierno tenía que haber hecho caso a la comunidad educativa», concluye.