Comer sano con la PCI, misión imposible

03/11/2019

Una cesta de la compra saludable se lleva el 35% de la renta mínima de una persona. Si la unidad de convivencia es de dos o más miembros va aumentando hasta superar la prestación que recibe una familia con dos menores a su cargo, pues llega al 108%

La renta mínima es la «última barrera de ingresos» para las personas en situación de pobreza o exclusión social en Canarias. Comer ya es un reto para ellas, pero hacerlo de manera sana es casi misión imposible. Esa es la conclusión a la que llega el sociólogo Jesús Arvelo en un estudio que ha desarrollado dentro del Programa de Lucha contra la Alta Exclusión Social en Canarias Integra y que le ha permitido comprobar que una cesta de la compra saludable se llevaría el 35% de los 472,16 euros que recibe un beneficiario de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Una persona que vive sola y que percibe la PCI básica aún podría alimentarse de una manera más o menos saludable, pero la cosa cambia mucho cuando las denominadas unidades de convivencia aumentan en número de miembros, porque, si bien la cesta de la compra se encarece proporcionalmente, la renta mínima no aumenta de esa manera. Así, una unidad de convivencia de dos miembros vería incrementada la PCI básica en 62,13 euros, hasta los 534,29 euros, pero si comer sano a una persona le cuesta al mes 166 euros, a dos se le dispara hasta los 332 euros (el 62,29% de su PCI) y si esa unidad tuviera cuatro miembros (dos y dos menores de entre 13 y 17 años), con la renta mínima de 615,05 euros que percibe (149,89 euros más que la PCI básica) gastaría en comer de forma saludable 663 euros, casi 49 euros más que la prestación que perciben, es decir, el 108,23%. Si los menores tiene menos de 13 años, esa unidad familiar de cuatro miembros gastarían en comida sana un 94% de su PCI, algo «desorbitado» e imposible de asumir si las familias no tienen otro tipo de ayudas, asegura Arvelo.

Según los cálculos hechos por Arvelo a partir de 38 productos de marca blanca (sin contar los de higiene personal y limpieza) del supermercado y los precios más baratos, cada persona a partir de 14 años tiene un gasto de 166 euros al mes en esta alimentación recomendada, el equivalente a 38,2€ a la semana, o 5,46€ al día.

El sociólogo, que están en el equipo del programa Integra Redes de la Red Anagos de entidades de promoción e inserción sociolaboral de personas en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social, está convencido, tras el estudio que se publicará la próxima semana en la web de Red Anagos, que sin ayudas indirectas (comedores escolares, comedores sociales o bancos de alimentos) los perceptores de la PCI no podrían alimentarse de forma sana, ni probablemente ninguna manera.

166 euros al mes por persona

«Que una alimentación saludable cuesta un mínimo de 166 euros al mes por persona puede parecer a priori una cantidad razonable, pero para las personas en pobreza que dependen de una renta mínima, es muy relevante», concluye en su estudio Jesús Arvelo, que advierte de que «el coste de una dieta saludable puede llegar incluso a superar la prestación». La respuesta al título de su estudio ¿Es posible una alimentación saludable con una renta mínima? es, pues, clara: «No», dice. Si la PCI está pensada como una prestación para «ofrecer cobertura a las necesidades básicas a quienes estén en situación de mayor desigualdad social y si el gasto en alimentación saludable puede sobrepasar su cuantía, se entiende que la prestación no cumple con su objetivo de cubrir una subsistencia adecuada y saludable» dice Arvelo, que recuerda que alimentarse es solo una de las necesidades básicas, luego están la vivienda, la educación, el vestir o la propia higiene.

Brecha de género

Los datos del estudio de Jesús Arvelo también tienen, dice, una interpretación de género. «Si la suficiencia de la PCI para cubrir el coste de una alimentación saludable empeora a más número de miembros, tiene un mayor impacto en perfiles como las madres solteras con hijos a cargo, o familias numerosas». La PCI no ya solo es «enormemente insuficiente para llevar a cabo una alimentación saludable, sino que se convierte en un serio problema asumir el coste de cualquier tipo de alimentación que se lleve (más allá de si es saludable o no), si se dependiera únicamente de los ingresos de esa prestación, dice

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