¿Queremos vivir de prestado en Canarias?

Casi medio siglo después, este mensaje tan simple –sin ciencia propia, no hay economía sólida– no ha calado lo suficiente en nuestras islas. En 2023, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, Canarias fue la comunidad autónoma que menos invirtió por habitante en I+D+i de toda España. En concreto, 138 euros por habitante, lo que supone una inversión de menos del 0,6% del Producto Interior Bruto, frente a una media nacional del 1,49% y europea del 2,22%.

A pesar de esta escasa inversión, el buen hacer de los grupos de investigación canarios ha logrado darle la vuelta a un guion que parecía estar escrito de antemano. Según el último informe del Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI), publicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Canarias es la segunda comunidad autónoma de España en número de publicaciones científicas por investigador.

Además, los canarios podemos estar orgullosos de nuestro personal investigador no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos: los artículos científicos producidos desde Canarias se citan un 46% más que la media mundial. Este dato nos sitúa entre las cinco primeras regiones de España en cuanto al impacto de nuestra investigación, dejando claro que aquí no solo se investiga más de lo que cabría esperar de acuerdo a nuestra financiación, sino que se investiga muy bien.

La excelencia también se refleja en la dimensión internacional de nuestra investigación. Más de la mitad de los estudios realizados en el archipiélago se desarrollan en colaboración con instituciones extranjeras, lo que convierte a Canarias en la cuarta comunidad autónoma en términos de internacionalización investigadora, solo por detrás de Cataluña, Madrid y el País Vasco. Este tipo de cooperación no es un mero formalismo. Al contrario, implica reputación, apertura y pertenencia a redes globales de conocimiento.

Tampoco se trata de una ciencia encerrada en los laboratorios en los que se genera, sino que se traslada al entorno, generando valor social y económico. Según el ranking de la Fundación CyD, la ULPGC viene ocupando durante los últimos años posiciones destacadas en comparación con la financiación recibida en indicadores como número de patentes por personal docente e investigador, número de empresas generadas a partir de resultados de investigación producidos en nuestros laboratorios (spin-offs académicas), patentes en colaboración con empresas o captación de fondos procedente del sector privado.

Asimismo, más del 60% de los usuarios de nuestros servicios científicos provienen del sector privado, lo que no solo demuestra su utilidad para nuestras empresas, sino que supone una singularidad destacada respecto a otras universidades, donde la mayoría de usuarios suelen ser internos o de otras instituciones académicas. No hablamos de potencial, hablamos de una transferencia de conocimiento real a las empresas, generando un impacto medible, concreto y sostenido.

Todo esto conduce a una conclusión evidente: el sistema canario de ciencia, tecnología e innovación es, con todas sus limitaciones, extraordinariamente eficiente. Esa eficiencia no surge de la nada ni es fruto del azar, sino que responde al papel clave que desempeñan las universidades públicas canarias, auténticos ejes vertebradores del sistema. Es en ellas donde se investiga con rigor e impacto internacional, se innova, se transfiere y se genera valor para el conjunto de la sociedad.

No se trata de caer en la autocomplacencia ni de negar que nuestras universidades públicas tienen todavía retos por afrontar y amplios márgenes de mejora. De hecho, su posición en distintos rankings, que contemplan muchos otros indicadores diferentes de los anteriormente mencionados, es claramente mejorable. Sin embargo, nada de eso invalida una realidad que los datos confirman con contundencia y tozudez: estamos haciendo mucho (o más bien, muchísimo) con pocos (o más bien, poquísimos) recursos.

Canarias ya ha logrado lo más difícil: dispone de universidades públicas eficientes, capaces de generar conocimiento, innovar y transferir resultados, incluso en un contexto de financiación limitada. Precisamente por ello, lo que corresponde ahora es dotarlas de una mayor financiación estructural de acuerdo a su papel estratégico. En este sentido, la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario, en su artículo 55, establece con claridad que las administraciones públicas deben garantizar una financiación anual no inferior al 1% del PIB.

En Canarias estamos muy lejos de alcanzar esa cifra. Cumplir con este objetivo no es solo un imperativo legal, es el paso decisivo para diversificar y fortalecer la economía canaria, ya que, con una inversión adecuada y sostenida en el tiempo, lo que hoy se mantiene a base de esfuerzo y compromiso territorial se consolidaría como un auténtico motor de desarrollo económico y social para nuestra tierra. Ignorarlo es, sencillamente, elegir vivir de prestado.