Canarias dedica más recursos a los servicios sociales, pero sigue a la cola

«Podemos decir que el Gobierno de Canarias ha dedicado más recursos a los servicios y políticas sociales, pero partía de una situación de muy baja inversión en el estado bienestar», sentenció Ramírez.

«Todas las Comunidades, excepto una (Castilla-La Mancha) han recuperado en 2020 el nivel de gasto en servicios sociales que existía antes de los recortes provocados por la crisis de 2009. En el conjunto de España son 2.742,6 millones más en 2020 que en 2009, con un incremento del 23,07% en este periodo. «Destaca el incremento del 146,54% que registra la Comunidad valenciana y, en menor medida, Canarias (60,64%). En el otro extremo, a Castilla-La Mancha aún le falta por recuperar uno de cada 5 euros de su inversión en servicios sociales en relación con el año 2009», advirtió.

«Recuperar la inversión que teníamos en 2009 nos ha costado diez años y una pandemia», afirmóRamírez.

Con todo, al comparar el año anterior a la pandemia con el año de la covid-19 el porcentaje que se dedica a servicios sociales es menor en cuanto al global del presupuesto, aunque se invierta más dinero. Por eso, añadió, «los discursos de los gobernantes autonómicos no comparecen con los presupuestos de 2020 en servicios sociales. Que doce comunidades redujeran el presupuesto es un ejemplo claro de un problema de que comparezca el discurso con el presupuesto. Obras son amores y no buenas razones».

Álvaro Revilla, coordinador de estudios de la asociación, se refirió, por su parte, a los presupuestos de este año, 2021, «que han sido «los primeros diseñados para atender la crisis del covid». A su juicio se observa la paradoja de que el año pasado la inversión subió un 5,21 % en políticas sociales mientras que en 2021 solo ha aumentado un 6,78%, una cifra «ligeramente superior», pero no suficiente, desde el punto de vista de la asociación, para atender la emergencia social.

A todo ellos se añade, critican desde la asociación, la «burocracia» y las gestiones y la tardanza en realizar las transferencias a las comunidades, lo cual retrasa que las familias obtengan las ayudas sociales que demandan. «Sugerimos que en los presupuestos del estado del bienestar no estén sujetos peleítas y falta de talla política. Que estos servicios se financien formulas estables que generen la posibilidad de atender las necesidades más básicas de las personas vulnerables. Necesitamos un pacto de estado para garantizar el estado bienestar y evitar la sangría de que las comunidades autónomas dediquen menos porcentaje a políticas del estado bienestar. Ramírez hizo referencia al ingreso mínimo vital y a que en algunas comunidades este no es compatible con rentas de inserción autonómicas. «Todo indica que se ha incrementa un 30% el número de usuarios» de las entidades sociales, por eso, abundó, «podemos poner en riesgo la cohesión social» si las ayudas no llegan.