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Imagen del campamento de Las Raíces, en Tenerife. c7

«Los campamentos no pueden ser un lugar donde esperar la deportación»

El Defensor del Pueblo pide una «gestión racional» de los recursos de acogida para inmigrantes existentes en Canarias

efe

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 12 de marzo 2021, 12:22

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El Defensor del Pueblo ha urgido a las administraciones a abordar «sin más demora» una «gestión racional» de los recursos de acogida para inmigrantes existentes en Canarias, que «en modo alguno deberían ser utilizados a modo de campamentos donde los ciudadanos extranjeros esperen a que se puedan ejecutar la decisión de retorno que penden sobre ellos».

Apenas una semana después de entregar a las Cortes Generales un informe monográfico sobre la crisis migratoria de Canarias en la que advierte sobre determinadas prácticas que se están llevando a cabo en las islas, entre ellas la limitación de movimientos a inmigrantes que cuentan con pasaportes en regla, Francisco Fernández Marugán vuelve a manifestar su preocupación por las quejas que recibe.

En un documento del 10 de marzo al que ha tenido acceso Efe, el Defensor del Pueblo contesta al abogado del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias que acepta formalmente sus quejas y le informa de que acaba de recibir dos protestas colectivas que van en la misma línea, una de Tenerife y otra de Gran Canaria.

En Tenerife, dice Fernández Marugán, 200 ciudadanos senegaleses le han escrito para comunicarle que a 45 de ellos les ha impedido tomar vuelos a la península, a pesar de que viajaban con sus pasaportes en regla y «muchos tienen familiares dispuestos a acogerlos».

En Gran Canaria, varios ciudadanos marroquíes le han manifestado que fueron detenidos al acudir al aeropuerto a tomar un avión a la península, identificados con sus pasaportes, y que la Policía los retuvo «por un plazo aproximado de seis horas», el suficiente para que no pudieran tomar el vuelo para el que tenían billete.

Sin embargo, el Ministerio del Interior niega que se haya dado orden de identificar en los aeropuertos de Canarias a los viajeros con aspecto de inmigrantes o, incluso, que se haga una control de documentos para pasajeros que van a tomar un vuelo nacional.

En una respuesta al diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu de la misma fecha que la carta del Defensor del Pueblo, 10 de marzo, Interior dice lo siguiente: «no se ha dado orden alguna de identificar a nadie por el mero hecho de su perfil racial» y «no existe un establecimiento de control documental en puertos y aeropuertos más allá del control fronterizo, en frontera exterior».

Según Interior, si se pide la identificación, es en uso de los supuestos previstos en la Ley de Seguridad Ciudadana: por apreciar indicios de la comisión de una infracción o para prevenir un delito.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo subraya que le «preocupan dos cuestiones con relación a esta práctica»: la primera, cuál es «la cobertura legal para las indentificaciones de ciudadanos extranjeros» y la segunda, qué se puede hacer con los miles de inmigrantes que tienen órdenes de devolución pendientes pero a los que no se puede deportar de forma «inmediata».

De hecho, recuerda que ya ha emitido recomendaciones a la Policía «en relación al ejercicio del derecho a la libre circulación y residencia por todo el territorio español de aquellas personas en situación documental irregular, una vez transcurrido el plazo de 72 horas y, en su caso, la cuarentena sanitaria, en aquellos supuestos en los que no se solicite y autorice su ingreso en un CIE».

Fernández Marugán subraya que la Directiva Europea de 2008 sobre retorno de inmigrantes en situación irregular «permite la adopción de medidas que aún no se han puesto en marcha» y que él vuelve a pedir que se apliquen; entre ellas, la de expedir al extranjero un documento que certifique que su devolución no se ha podido ejecutar y está temporalmente aplazada, para ofrecerle seguridad jurídica.

Ese documento, permitiría al portador «demostrar su situación concreta en caso de controles o verificaciones administrativas» y, al mismo tiempo, «contribuiría a que los extranjeros sometidos a decisiones de retorno no ejecutables salgan de las situaciones de precariedad y marginalidad en las que con frecuencia se encuentra».

Durante el año pasado, llegaron a Canarias 23.023 inmigrantes en pateras y cayucos, la mayoría marroquíes, senegaleses y malienses, a los que se suman los 2.341 contabilizados en enero y febrero.

De ellos, permanecen en Canarias unos 2.700 menores y alrededor de 6.500 adultos, la mayoría de ellos alojados en campamentos de acogida de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

Desde finales de 2020, Interior está devolviendo a ciudadanos marroquíes a su país en vuelos desde Canarias, con un cupo de 80 personas a la semana, según ha reconocido la Delegación del Gobierno, y se han puesto en marcha los trámites para comenzar retomar las expulsiones a Senegal, aunque los dos vuelos programados hasta la fecha a Dakar han sido suspendidos.

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