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Este es un nuevo episodio de una trama judicial que se remonta hasta abril de 2010, año en el que se produjo el registro de las dependencias empresariales del acusado.
Al acusado se le piden penas que suman 961.294 euros en concepto de multas por las infracciones cometidas durante los tres años en los que operó esas 34 licencias, además de nueve años de cárcel. Tres adosados a cada año en los que supuestamente cometió las infracciones. Además en la parte de responsabilidad civil la acusación estima que debe indemnizar a la Agencia Tributaria de Las Palmas con 480.620 euros.
Alberto Hawach, abogado de la defensa, estima que hay tres razones por las que su cliente debe salir impune de este caso. El primero de ellos es que cree que la investigación está viciada porque antes de iniciarse el proceso ya había una investigación abierta contra Francisco José R. Q., de la que este nunca fue informado. Además entiende que se han cometido varias vulneraciones de la intimidad del acusado y, en último lugar, es que según la ley los delitos de los que se le acusan ya han prescrito.
El acusado, durante los años señalados, estaba dado de alta en tres epígrafes distintos del Impuesto de Actividades Económicas: Comercio menor de accesorios y recambios de vehículos, reparación de automóviles y bicicletas y transporte para auto-taxi. Pero según la denuncia, Francisco José R. Q. realizaba actividades paralelas como comisionista, con pólizas de la aseguradora Mapfre dentro del sector del taxi. Además, en el año 2005 montó un surtidor de la BP donde acudían todos los vehículos de su flota.
Si bien en 2005 y 2007 llegó a explotar 34 licencias de taxi, en 2006 alcanzó su momento álgido con 34. Lo hacía a través de una organización en la que contactaba con usuarios de licencia que estaban al borde de la jubilación o buscaba viudas de titulares fallecidos. Entonces se comprometía a abonarles 500 euros al mes a cambio de la explotación de las licencias.
También se hacía cargo del mantenimiento de las mismas. Buscaba luego dos asalariados por taxi que se repartieran el día en turnos de 12 horas, en los que debían abonar una cantidad de entre 42 y 48 euros –según el año– y el depósito de gasolina lleno. El beneficio para los conductores es el que lograran una vez alcanzada esa cantidad. Posteriormente se dejaba el sobre con el dinero del querellado en un cajetín.
Francisco José R. Q. presentó declaraciones en las que dejó una cuota debida a la Hacienda Pública de 2.286,57 euros en 2005, 522,62 euros en 2006 y 6.478,48 en 2007. Según la denuncia, en todas estas declaraciones omitió consignar importantes ingresos derivados de la explotación numerosa de licencias.
La AEAT comprobó que los ingresos de esos años ofrecieron un rendimiento de 284.450,37 euros en 2005, 315.830,42 en 2006 y 376.054,36 en 2007. Por lo que examinando sus declaraciones se entiende que el querellado cometió tres delitos contra la Hacienda Pública por los que piden la pena referida.
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