Anticorrupción abre una investigación sobre las irregularidades en las cuentas del CNIO
La Fiscalía incoa diligencias tras recopilar las distintas denuncias sobre un supuesto desvío de dinero a manos de los antiguos responsables
La Fiscalía Anticorrupción inició ayer una investigación para conocer los detalles de cómo ha sido administrado el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en los ... últimos años. Con las diligencias que ha abierto quiere aclarar si la gestión del centro ha sido 'limpia' o, por contra, si las denuncias que han llegado a sus manos sobre un supuesto desfalco continuado tienen visos de ser ciertas.
Una de ellas procede de un extrabajador del centro y ha sido 'rescatada' de un juzgado instrucción de Madrid, cuyo titular rechazó abrir diligencias el pasado verano. En ella se vierten acusaciones muy graves contra los antiguos gestores del CNIO, tal y como publicaron dos diarios de Madrid, que hablan de un supuesto desvío de alrededor de 20 millones de euros a empresas afines a altos cargos, a través de contratos amañados para servicios ficticios.
Hay además otras denuncias presentadas en la Fiscalía General y a ellas se suma la documentación aportada la pasada semana por el actual gerente, de lo que se informó el martes oficialmente al Patronato y que contiene su investigación al respecto, ya que tenía el encargo directo de «poner blanco sobre negro» todo lo relativo a las cuentas.
Esta tarea le fue asignada tras tomar posesión del cargo en septiembre, al que llegó tras la salida en febrero de la ex directora científica, María Blasco. Entonces, la investigadora y Juan Arroyo, ahora ex responsable económico del centro, protagonizaron un cruce de acusaciones sobre una mala administración del CNIO, por alejada de los intereses reales de un ente investigador, basándose en informes que la propia ministra de Ciencia, Diana Morant, calificó de «contradictorios», ya que no aportaban nada claro al conflicto.
El ambiente «no estaba a la altura» de una entidad de estas características, considerada de las mejores de Europa y la más importante de España en investigación oncológica, por lo que se decidió entonces la salida de ambos altos cargos.
Tras aquello, se convocó un concurso público para nombrar a un nuevo gerente, ahora al frente, que es quien firma el informe que obra en poder de la Fiscalía. Juan Arroyo seguía vinculado hasta ahora al centro, y no fue hasta el pasado martes que fue despedido tras aprobarlo por unanimidad el Patronato, a propuesta del actual gerente. Su salida se produjo junto a otros dos altos cargos vinculados al mismo área: la secretaria general y un directivo adjunto a Juan Arroyo.
Desde el Patronato del centro explicaron que esta decisión respondía a criterios de sostenibilidad presupuestaria -ahorro-, eliminación de duplicidades -eficiencia en el trabajo- y a la necesidad de «liberar recursos para destinarlos a las prioridades estratégicas del centro», esto es, dedicar más dinero a la investigación y menos al personal. Pero nada sobre supuestas irregularidades contables.
Dinero público y privado
Actualmente, y según fuentes oficiales, el presupuesto del CNIO ronda los 46 millones de euros, de los que 25 corresponden a la financiación que se recibe del ministerio de Ciencia y el resto pueden proceder de fondos competitivos (proyectos que consiguen los investigadores presentándose a convocatorias, muchas de ellas públicas, de carácter regional, nacional o europeo), o bien de acuerdos de colaboración con empresas y entidades.
El Patronato del centro tiene como presidente honorífico al ministro de Ciencia de turno -ahora Diana Morant, pero anteriormente Pedro Duque- y entre sus filas se encuentra la Secretaría General de Investigación del ministerio de Ciencia, altos cargos del Instituto de Salud Carlos III, la Secretaría de Estado de Sanidad, la presidencia del CSIC, varios representantes de comunidades autónomas, otros miembros del Gobierno y representantes de fundaciones, entre ellas la Asociación Española contra el Cáncer.
Con la documentación recopilada, la Fiscalía decidirá si archiva su investigación o si, por contra, ve posibles delitos que podrían ir desde la malversación (ya que parte del dinero es público) al tráfico de influencias. Cuando esto sea delimitado podrá acusar formalmente a los supuestos responsables y pedir a un juzgado que inicie un proceso judicial.
«Indignación» entre los trabajadores
Mientras la Justicia aclara qué ha sucedido, el presonal investigador del centro se concentró ayer ante la puerta de la sede del mismo para mostrar su «indignación» por la situación en que se encuentra el centro, «tras un prolongado periodo de crisis, que podría estar proyectando una imagen pública que no representa nuestra labor».
Así lo expresaron a través de un manifiesto, al que ha tenido acceso este periódico, donde reclaman una gestión «transparente y responsable» para construir un entorno donde la gestión sea eficiente y honesta, el único posible para hacer ciencia de calidad. La preocupación por el daño que pueden hacer a la fama de su desempeño investigador las denuncias es palpable porque todos se dedican a una lucha sensible como la de encontrar una cura contra el cáncer.
Por eso quisieron hacer públicas unas palabras donde defienden que la comunidad investigadora del CNIO «ha seguido trabajando con la misma dedicación de siempre». Y añaden en el escrito: «No permitiremos que prácticas ajenas a la ciencia enturbien nuestra labor ni la misión que nos mueve. Nuestro trabajo se basa en el rigor, la integridad y el compromiso absoluto con la misión del CNIO: avanzar en el conocimiento del cáncer y contribuir al bienestar de la sociedad. Cualquier irregularidad o falta de transparencia contraviene directamente este propósito y erosiona la confianza depositada en nuestra institución».
La apertura de las diligencias por Anticorrupción coincidió con la movilización, aunque ya se había fraguado el día anterior, tras la decisión de despedir a tres altos cargos. Ahora, dicen, «confían plenamente en que la nueva dirección gerente y científica impulsarán una etapa caracterizada por la transparencia y la protección del interés público».
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