Admiten que hubo sobornos en el Eólico

Era de esperar que los empresarios José Ignacio Esquivel y Enrique Guzmán y el exjefe de área de la Consejería de Industria, Honorato López, confesaran los hechos que les imputaban las acusaciones para así poder acogerse a las reducciones de condena que establece la ley. Pero lo que nadie tenía en sus quinielas era que el batallador abogado y a la vez acusado, Alfredo Briganty, uno de los azotes de este caso Eólico desde que naciese hace ya casi 14 años, se decidiera a confesar que medió entre empresarios y Celso Perdomo –que era director general de Industria cuando ocurrieron los hechos–, por lo que se enfrentaba a una condena por cohecho.

Francisco José Fajardo

Martes, 19 de junio 2018, 08:28

Este caso Eólico se presentaba como una enorme batalla entre tres bandos: las acusaciones con el fiscal Anticorrupción Luis del Río al frente, los acusados Celso Perdomo, su pareja Mónica Quintana y Briganty en la trinchera y los confesos Esquivel, Guzmán y López. Pero al final, quedó en una lucha de Perdomo y Quintana contra todos. No solo se tendrán que defender de la Fiscalía y acusaciones, sino de los que fueron sus presuntos compañeros de viaje en esta trama corrupta y que ahora, 14 años después, han decidido confesar los delitos, mostrando su total predisposición para poner sobre la mesa las cartas que han escondido y negado sin rubor alguno, dejando incluso numerosas víctimas por el camino.

La confesión de Briganty en la causa que les juzga por conseguir enormes ventajas e información crucial de cara al concurso de parques eólicos convocado por el Gobierno de Canarias en 2004, fue la gran sorpresa de una mañana intensa, que comenzó bien temprano con numerosas conversaciones en el pasillo entre las partes previas al inicio de la vista ante el tribunal del jurado para, posiblemente, unificar criterios a la hora de argumentar una defensa común. Briganty, que ha sido detenido en dos ocasiones desde que apareciera en el sumario del Eólico, se resistió hasta el último momento, o al menos eso comentaba, pero finalmente fue su abogado José Mateo, que en su informe, dijo a los miembros del jurado que su patrocinado se iba a «acoger a los beneficios que la ley le otorga al reconocer los hechos, por lo que muestra su arrepentimiento y colaborará con la acción de la justicia en esta vista», señaló ante la sorpresa de los allí presentes. De esta manera, desistía de tirar de la manta y cumplir con aquello que dijo días antes de que al final de juicio se sabría «toda la verdad» del caso y quienes eran los que faltaban en el banquillo.

Con este panorama, Celso Perdomo y Mónica Quintana se quedaban solos en su apuesta por ir hasta el final y no llegar a un acuerdo de conformidad. La letrada del exdirector general, María del Mar García, mostraba su pesar por lo que, a su juicio, las confesiones eran una maniobra de aquellos que no tenían «tanto que perder. Estos cuatro procesados probablemente prefieren declararse culpables para poder acogerse a rebajas de sus condenas», afirmó la letrada de Perdomo, el principal acusado, de quien dijo que «no ha hecho ni cometido los delitos por los que está sentado en el banquillo».

La defensora de Perdomo insistió al jurado que iba a «acreditar, punto por punto, la inexistencia de los elementos constitutivos de los delitos que se achacan» a su cliente y aprovechó para insinuar a la sala que las causas de la imputación de su patrocinado no eran debidas a posibles ilegalidades, sino a intereses de terceros que podrían sacar ventaja de ello, «porque este tema tiene un gran trasfondo político», señaló.

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De igual manera, Víctor García de Bordallo, representante legal de Mónica Quintana, también insistió al jurado popular de la inocencia de la pareja sentimental de Celso Perdomo y basó su informe en que, ni el Ministerio Fiscal ni las acusaciones, habían invertido apenas unos pocos minutos en relatar los presuntos delitos que cometió. «El caso Eólico no tiene nada que ver con Mónica Quintana y su delito únicamente ha sido ser pareja de Celso Perdomo», dijo. También, al igual que la defensa de Perdomo, dudó de que el interés real de los cuatro confesos fuese colaborar con la Justicia, insinuando que había sido únicamente para obtener beneficios legales y evitar perjuicios mayores: «Más vale un mal pacto que un pleito», resumió.

Otro de los grandes protagonistas de la primera sesión de este juicio fue el fiscal Anticorrupción, Luis del Río, que vio como, de una tacada, consiguió que cuatro de los seis acusados confesaran los hechos que sostiene en su escrito. Del Río se mostró directo y contundente a la hora de relatar lo que, a su entender, ha sido esta presunta trama corrupta y basó parte de su acusación en la prueba, que cuenta, entre otra documentación, con 99 conversaciones telefónicas de los acusados en los que presuntamente reconocían los hechos.

Luis del Río finalizó la lectura de su informe al jurado yendo al grano: «No se dejen engañar con mentiras y excusas, la corrupción no genera más que pobreza y miseria y las víctimas de estos delitos no son acusados, sino la propia sociedad».

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