Imagen de archivo de una manifestación en favor del aborto celebrada en Madrid. / C7

Los abortos voluntarios de Canarias se hacen por norma en clínicas concertadas

La reforma de la ley prevé que el sistema público asuma las interrupciones del embarazo. De las 4.728 realizadas en 2020 en las islas, una mínima parte recayó en los hospitales públicos

Carmen Delia Aranda
CARMEN DELIA ARANDA Las Palmas de Gran Canaria

La reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 17 de mayo, contempla que los abortos se lleven a cabo en centros sanitarios públicos y solo excepcionalmente en centros privados acreditados.

De prosperar el anteproyecto de ley, que tendrá que pasar por los órganos consultivos, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, el sistema público canario debería reforzarse para ofertar este servicio que, actualmente, brindan en casi su totalidad, las clínicas concertadas. En concreto, dos en Gran Canaria y otras tantas en Tenerife, además de un centro acreditado en Fuerteventura.

«Ahora mismo en Canarias, la mayor parte de los abortos se realizan en centros concertados. El porcentaje de los que se realizan en centros públicos es mínimo», asegura la directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, Elizabeth Hernández.

Con estas derivaciones, afirma, se evita saturar más la sanidad pública y se garantiza el cumplimiento de los plazos estipulados para practicar las interrupciones.

«En las islas no capitalinas se plantean tensiones importantes: dificultades porque no hay suficiente personal o por la disponibilidad de quirófanos o anestesistas», señala la gestora sanitaria. «Los abortos tienen sus plazos y hay que cumplirnos cuanto antes. No se puede esperar por un quirófano», afirma.

Sin recursos en las islas no capitalinas

Además, la reforma de la ley prevé acabar con el traslado a cientos de kilómetros de quienes necesiten abortar. Un problema que afecta a las mujeres canarias de las islas no capitalinas que, de forma voluntaria o por razones médicas, requieran interrumpir su embarazo ya que, salvo las de Fuerteventura, el resto debe viajar a Gran Canaria y Tenerife para someterse a esta intervención.

«En las islas no capitalinas, lo ofrecemos allí si tenemos a nuestra disposición algún centro concertado acreditado. Hace poco que tenemos uno en Fuerteventura. Donde no tenemos un centro a nuestra disposición, como en Lanzarote, lo ofertamos en Gran Canaria», explica directora general de Programas Asistenciales.

En todo caso, la gestora sanitaria dice que las mujeres de las islas no capitalinas que deciden abortar, en su mayoría, «piden no hacerlo en su propio entorno».

De momento, el Servicio Canario de Salud está calibrando el efecto y los recursos que precisará la aplicación de la ley, en caso de prosperar. «Tenemos un grupo de trabajo que analizará la ley para dar respuesta en tiempo y forma a un servicio al que tienen derecho las mujeres», manifiesta Hernández quien entiende que esta reforma busca garantizar el aborto «en comunidades donde se está dificultando el acceso a esta prestación en tiempo y forma».

Sexta mayor tasa

En Canarias, en el año 2020, se practicaron 4.784 interrupciones del embarazo. Este total incluye los abortos voluntarios realizados a petición de las mujeres dentro de las 14 primeras semanas y los realizados por causas médicas, es decir, porque el embarazo pone en peligro la salud o la vida de la mujer o por riesgo de que el feto sufra una anomalía grave, incompatible con la vida o incurable.

«En el caso de las mujeres que abortan a petición propia, las direcciones de área gestionan este tipo de casos que se derivan a centros concertados», explica Elizabeth Hernández que cifra en unas 4.500 las interrupciones voluntarias realizadas en 2020 y en unas 200 las efectuadas por causas médicas.

En Canarias, ese año, la tasa de abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años fue de un 10,88%, la sexta más alta del país.

«El manejo en los hospitales públicos mejorará la asistencia a la mujer»

La reforma de la ley que regula el aborto supondrá, a priori, un cambio positivo para las mujeres canarias que se vean en la necesidad de abortar, según explica la jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, Alicia Martín.

En opinión de la especialista, además de desestigmatizar el aborto, el hecho de que los hospitales públicos asuman la interrupción del embarazo mejorará la asistencia a estas mujeres. «Actualmente el aborto se practica sin aplicar una visión integral de la mujer que incluya un asesoramiento y una planificación de cara al futuro», indica la ginecóloga que reconoce que, en el caso de los abortos voluntarios, el papel de los hospitales públicos se reduce a intervenir en los casos que presentan complicaciones.

Además, Martín sostiene que la intervención de los centros sanitarios públicos variará el tipo de manejo del aborto. Según la ginecóloga, los hospitales públicos siguen una guía clínica que baraja como primera opción el aborto farmacológico, evitando una intervención quirúrgica. Sin embargo, en la mayoría de las clínicas concertadas se opta en primera instancia por el legrado por aspiración. «En los hospitales la guía clínica para el manejo del aborto no responde al gusto de ningún interés sino al mayor beneficio de la mujer», comenta la responsable del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Materno Infantil.

La nueva ley, asegura Martín, supondrá un cambio de perspectiva respecto al modo de intervenir y relegará a un segundo plano el aborto mecánico, que produce un mayor coste, morbilidad y presión asistencial.