Los abogados de oficio de Canarias piden ejercer con dignidad

Los abogados de oficio vuelven a la calle para exigir que se les permita ejercer con dignidad. Esa es la palabra que resume el grueso de sus demandas. Este viernes un grupo de letrados se concentró durante una hora frente a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en la capital. Portaron pancartas y tocaron pitos para que se les escuchase. Esta acción forma parte de una campaña de movilizaciones que aún no ha surtido efecto.

Entre otras cosas, los abogados del turno de oficio de Canarias se quejan porque los servicios que prestan no se reconocen a ningún efecto: ni se cotizan la Seguridad Social, ni computan para los concursos u oposiciones y en ningún otro sentido.

No en vano, hasta julio de 2023 estos profesionales no tenían derecho siquiera a suspender las actuaciones por paternidad, maternidad, ni por fallecimiento de un familiar ni por enfermedad propia, ni por enfermedad o fallecimiento de un familiar directo.

Denuncian que no está regulado su derecho a la desconexión digital y al descanso y que la remuneración es irrisoria. Citan, como ejemplo, que les corresponden apenas 20 euros por una entrada y registro de 11 horas de trabajo. Tampoco se les paga por disponibilidad en los días de guardia. Es más, hay muchas actuaciones que directamente no se remuneran.

Además, se ven obligados «injustamente» a asumir numerosos gastos que no les son abonados, entre ellos, los gastos de transporte, el seguro de accidentes, los impresos, las copias de papel... Tanto es así que en muchas ocasiones el servicio que prestan es deficitario.

Así las cosas, entre sus demandas figuran la regulación jurídica profesional del turno de oficio; retribuciones dignas, abonadas en tiempo y forma; la retribución de la totalidad de las actuaciones realizadas para las que han sido designados y de los tiempos de disponibilidad; y el abono de los costes en los que incurre el profesional al prestar el servicio.

También exigen que, ante la denegación definitiva de la asistencia jurídica gratuita, sea la administración la que pague al profesional y la que reclamará al ciudadano, no el profesional designado; la actualización anual de las retribuciones, conforme al IPC; la cotización a la seguridad social con efectos retroactivos; el derecho a la conciliación, el descanso y la desconexión digital; la deducción de la carga burocrática; el derecho a la formación gratuita; el reconocimiento de la condición de autoridad y una campaña de sensibilización para civilizar y dignificar la profesión.

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