A juicio un médico que diagnosticó ansiedad a una paciente con un ictus
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha pedido dos años y nueve meses de cárcel, la inhabilitación para trabajar como médico y el pago de 160.000 euros en concepto de indemnización, al facultativo H.C.P., por el delito de lesiones por imprudencia profesional grave al entender que diagnosticó en el Hospital Insular como ansiedad y contractura de trapecio a una paciente que, en realidad, había sufrido un ictus isquémico.
En este mismo procedimiento que será juzgado en fechas próximas, la acusación particular de la víctima, representada por Santiago Melado, solicita para el médico la pena de tres años de prisión, tres de inhabilitación y 387.145 euros de indemnización.
Los hechos, según las acusaciones, ocurrieron sobre las 13.16 horas del 17 de septiembre de 2014, cuando la víctima acudió al servicio de urgencias del Hospital Insular al presentar un estado de ansiedad importante, mareos, pérdida del conocimiento, dolor en el miembro superior izquierdo y voz rara, siendo atendida por el acusado. El mismo, tras realizarle una exploración física, le diagnosticó ansiedad y una contractura de trapecio, dándole el alta ese mismo día y sin realizarle exploración neurológica alguna, pese a los síntomas presentados por esta mujer. Hay que destacar que la paciente tenía en el momento de los hechos 42 años, era fumadora de 30 a 40 cigarrillos al día, obesa y estaba en tratamiento antidepresivo con Paroxetina.
Tras ser dada de alta, esa misma madrugada mientras estaba dormida, se despertó presentando como sintomatologías la alteración del lenguaje y debilidad en las extremidades izquierdas, por lo que fue trasladada en ambulancia nuevamente a urgencias del hospital. Allí, tras ser explorada por otro equipo médico distinto, fue diagnosticada con un ictus isquémico de origen aterotromótico, realizándosele una trombectomía de ACM derecha.
Según los escritos de las acusaciones, la paciente en el momento de acudir a urgencias en la primera ocasión y ser atendida por el doctor H.C.P., ya presentaba síntomas junto a los factores de riesgo, compatibles con un episodio de enfermedad cerebrovascular, que no fue diagnosticada por una «deficiente amnesis y exploración física a la paciente, realizada por el acusado en contra de la praxis profesional», detallan. Además, como consecuencia del retardo en el diagnóstico, esta circunstancia ocasionó un «incremento del daño neurológico, una evolución negativa y un incremento de las secuelas» a la paciente.
Como consecuencia del ictus sufrido y diagnosticado «con retraso», según las acusaciones, la paciente ha sufrido las siguientes secuelas: una hemiparseia izquierda espástica que afecta al miembro superior e inferior izquierdo, manteniendo distonia en ambos y alteración de la marcha. También una paresia facial central izquierda con distrasia leve, una hipotonía del músculo detrusor lo que le origina incontinencia urinaria, trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo, cefalea tensional y la disminución de la visión de su ojo izquierdo.
Indemnización.
En concepto de responsabilidad civil, el fiscal Antonio Amor pide para el acusado 160.000 euros, siendo responsable civil subsidiario el Servicio Canario de Salud. Pero la acusación particular representada por Santiago Melado ha interesado 168.205 por la secuelas, 16.820 como factor de corrección, 50.000 en daños morales, 50.000 por incapacidad, 52.119 por perjuicio estético y 50.000 por daños morales familiares, cantidades que suman los 387.145 euros.
