Las truchas llegan al juzgado

19/10/2017

El Cabildo de Tenerife, que preside el nacionalista Carlos Alonso, ha sido imputado junto a los responsables directos de la piscifactoría de Aguamansa (La Orotava) por un presunto delito contra la salud pública. Supuestamente medicaron sin control a las truchas con antibióticos y vertieron el agua contaminada a un canal de abastecimiento humano.

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El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Orotava ha citado como investigados [imputados hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal] por un presunto delito contra la salud pública al Cabildo de Tenerife, como propietario de Piscifactoría de Aguamansa; a Buenaventura Machado, jefe del Servicio Técnico de Gestión Forestal, encargado de la piscifactoría; a Víctor Javier Pacheco, Jefe del Centro Ambiental de Aguamansa; y a Tomás Reneses, técnico responsable de la explotación de la piscifactoría.

El juez ha reabierto las diligencias previas que había sobreseído el mes pasado después de conocer el informe aportado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el que, según consta en el auto judicial hecho público ayer, «se distinguen determinados comportamientos de suma gravedad, que, por su posible naturaleza delictiva, deben ser investigados» y que están relacionados con el manejo del agua, la cría y la venta de truchas en la piscifactoría.

Esos comportamientos son la venta de truchas de la piscifactoría para consumo humano «sin ningún tipo de control sanitario veterinario» pese a ser tratadas con antibióticos, y la posible contaminación del agua que se utilizaba en la explotación y que posteriormente se vertía «sin ningún tratamiento de depuración al canal de Aguamansa-Santa Cruz», que abastece al área metropolitana de Tenerife.

Según consta en el auto, las truchas se vendían a dos restaurantes de la zona y a particulares y los excedentes «se regalaban a Cáritas o al Centro Santa Rita». Al año, se vendían unos 50.000 ejemplares y hasta 2016 el kilo costaba 3 euros y luego subió a 6.

La piscifactoría ceso su actividad en septiembre tras una inspección de Sanidad que obligó a suspender el vertido del agua de las truchas al canal.

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