Dimas Martín tenía control «absoluto» sobre los concejales

23/09/2019

La Audiencia Provincial centra entre abril de 2007 y mayo de 2009 el periodo en el que el fundador del PIL fue protagonista de una trama orientada a obtener fondos de las arcas del Ayuntamiento de Arrecife

La sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas es rotunda cuando considera al fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, en un periodo donde ya estaba inhabilitado para ejercer funciones públicas y condenado a pena de cárcel, como líder de un entramado articulado para obtener fondos del Ayuntamiento de Arrecife. Se entiende que en al menos seis decenas de contratos municipales se pudo sacar tajada por la trama.

Se sustenta en el fallo que «Dimas Martín Martín ejercía durante el periodo comprendido entre el mes de abril del año 2007 y el mes de mayo del año 2009 una ascendencia total y absoluto sobre los concejales del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), que aquel había fundado años antes en el Ayuntamiento de Arrecife», haciéndose mención a los entonces concejales José Miguel Rodríguez Sánchez (fallecido), Ubaldo Becerra Robayna; así como a Matías Curbelo Luzardo (fallecido), «tesorero y administrador general de las campañas electorales de las elecciones locales y generales de los años 2007 y 2008».

Este fundamento es clave para basar la condena impuesta al exlíder de los insularistas, quien en tiempos llegó a ser presidente del Cabildo, alcalde de Teguise y senador, entre otros cargos. A ello se añade que se entiende probado que «Dimas Martín, durante el referido, adoptó decisiones concretas sobre asuntos de índole administrativo que mediante instrucciones precisas hacía llegar a los concejales acusados bien por carta, conversación telefónica o en reuniones personales realizadas con frecuencia en distintos establecimientos de la Isla de Lanzarote, y en las que dicho acusado no podía intervenir», en teoría, se indica en la decisión judicial, «por carecer de cargo alguno en el PIL, por no carecer de empleo o cargo alguno en el Ayuntamiento de Arrecife, y, sobre todo, por estar cumpliendo una pena (entre otras) e inhabilitación absoluta». Y como complemento, los ediles «siguieron las órdenes recibidas», tratándose de «directrices que tenían única finalidad lograr beneficios bien económicos, bien de otra índole, así como conseguir una irregular fuente de ingresos para el PIL», con un añadido de «afán de lucro personal», en la que fueron partícipes buena parte de los diez condenados, tras la vista desarrollada entre los meses de febrero y marzo.

Los magistrados consideran probado que esta dación de ordenes y su correlativo cumplimiento «abarcó varios ámbito tales como la contratación de equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife»; así como ; la adjudicación de concursos públicos «a empresas determinadas mediando la ficción de un expediente administrativo para justificar la adjudicación de hecho ya efectuada, fraccionado en ocasiones el objeto de los mismos, para impedir la libre concurrencia de empresas, eludiendo el debido control administrativo».; Así se hizo con abundantes proyectos de obra pública, que se entiende fueron asignados de modo irregular, por cuantías por encima de lo que tocaba asumir a las arcas del Consistorio capitalino. Varios de los condenados fueron ejecutores directos de los cobros negociados.

Cabe precisar que los magistrados entienden que «los contratos adjudicados a los empresarios citados se tramitaron, en muchos casos fraccionando de forma artificial e indebida el objeto, como contratos menores, evitando de esta manera la tramitación ordinaria del expediente de contratación», atendiendo al contenido de la sentencia, «impidiéndose de esta manera la correcta fiscalización de los pagos indebidamente efectuados y la consiguiente contratación pública de forma que se enmascarase el verdadero fin pretendido, la adjudicación de los contratos a las empresarios dispuestos al abono de comisiones».

Constan bajo este proceder proyectos de arbolado, de reforma de infraestructuras viarias y mejoras en parques, a través de varias decenas de expedientes, todos ellos incluidos en una relación que los magistrados consideran probado que fue parte de la trama montada. En la lista están, además, obras vinculadas con el balneario de la playa de El Reducto, con la Perrera Municipal y con limpieza de solares. Los empresarios implicados hicieron varios abonos, en algún caso a plazos, en concepto de comisión por haber recibido la adjudicación a cuenta del Ayuntamiento.

Atendiendo a lo señalado, cabe recordar que se ha condenado a penas de cárcel a Dimas Martín, como «muñidor» de la trama; y a los exconcejales Antonio Machín y Ubaldo Becerra; así como al antiguo interventor, Carlos Sáenz; mientras que el exfuncionario local Rafael Arrocha deberá abonar una multa. Se les reconoce delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, fraude y falsedad, entre otros. Además, también han sido condenados a cárcel los empresarios Manuel Reina, Antonio Gómez, Samuel Lemes y Jesús Manuel Brito; mientras que el consultor Antonio Cárdenas deberá hacer frente al pago de una multa, según la decisión judicial fechas el pasado lunes 16 de septiembre.