Caso Unión

Dimas Martín lideró la trama para financiar ilegalmente al PIL

21/09/2019

La Audiencia Provincial condena a cárcel al expolítico insularista, así como a los exconcejales Antonio Machín y Ubaldo Becerra. También fija prisión para Carlos Sáenz, exinterventor; y para los empresarios Samuel Lemes, Antonio Gómez, Jesús Manuel Brito y Manuel Gregorio Reina

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha decidido condenar a diez de los doce acusados en la pieza del caso Unión relacionada con el cobro de comisiones para la financiación ilegal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), con sobornos y malversación de cuentas, según auto fechado el pasado lunes 16 de septiembre que en este fin de semana se ha estado comunicando a las partes. Es la primera condena por asociación ilícita por delitos de corrupción en Canarias y una de las primeras en España. De la decena de condenados, a ocho se les impone pena de prisión, incluido Dimas Martín, considerado cabecilla de la trama; mientras que hay dos condenas a pago de multa económica. Quedan absueltos el empresario Juan Francisco Rosa y la técnico municipal Elena Martín, hija del fundador del PIL.

Absueltos Elena Martín y Juan Francisco Rosa; se fijan multas para Antonio Cárdenas y Rafael Arrocha

En el caso particular de Dimas Martín, los magistrados Emilio Moya, Carlos Vielba y María Belén Sánchez consideran que el entramado para saquear las cuentas del Ayuntamiento de Arrecife, que supervisó durante varios años de la pasada década, le debe suponer condena en conjunto de 7 años y 5 meses de cárcel, por haber cometido asociación ilícita, malversación con fraude y cohecho, entre otros delitos; debiendo afrontar el abono de una multa de 223.400 euros.

A nivel de cárcel más rotunda es la pena que se impone al exedil Antonio Machín, quien en la vista negó las acusaciones. La condena es de 8 años de prisión, por cohecho y malversación. La sanción económica fijada se eleva a 95.000 euros.

Menor condena tiene el exconcejal Antonio Becerra, al aplicarse el atenuante de reconocimiento de los hechos. Se fijan 4 años y 2 meses de cárcel, por los delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, revelación de información privilegiada y fraude. De multa, 70.900 euros.

Carlos Sáenz, el antiguo interventor, ya condenado por otras piezas del caso Unión, es condenado por malversación y fraude a 3 años y 6 meses de prisión. Es una pena donde se tiene en cuenta, como atenuante, que reconoció los hechos imputados durante el juicio.

Además, también resulta condenado el funcionario Juan Rafael Arrocha (que en el auto figura como Juan Francisco), por revelación de información privilegiada. Condenado ya con anterioridad, en este caso evita la cárcel, pero deberá abonar una multa de 2.190 euros.

Particulares

Los demás condenados son empresarios y un consultor que sacaron partido por las comisiones por servicios vinculados con el Ayuntamiento. A cuatro se les impone prisión, mientras que a un quinto se le condena a multa.

El peor parado es Manuel Gregorio Reina, que negó las acusaciones en su contra en la vista. Se le considera responsable de cohecho, malversación, fraude y falsedad, siendo condenado a 2 años y 6 meses de cárcel. Y multa de 4.000 euros.

Al reconocer los hechos, a Jesús Manuel Brito, quien llegó a devolver dinero, es condenado a 1 año y 3 meses de cárcel, por los mismos delitos que en el caso anterior; así como a sanción de 50.000 euros.

Para el inversor Samuel Lemes, por malversación, fraude y falsedad, la pena es de 1 año y 6 meses de cárcel. No se le condena por cohecho.

La pena para el empresarios Antonio Gómez, por los delitos de cohecho y malversación, la pena es 1 año de cárcel. Reconoció los hechos.

Para el consultor Antonio Cárdenas, por último, por aprovechar información privilegiada, se impone una multa cifrada en 4.225 euros.

Indemnización al Ayuntamiento

En la decisión tomada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas se considera que varios de los culpados deberán asumir de manera solidaria el abono de sumas económicas que se consideran defraudadas al Ayuntamiento de Arrecife. En total se considera que deben abonarse a las arcas municipales un montante económico por valor de 129.986,58 euros, siendo esta conclusión fruto de la vista que tuvo lugar en dependencias judiciales de Arrecife y de Las Palmas de Gran Canaria en una docena de fechas del mes de febrero y cuatro más en el mes posterior de marzo.

Coinciden en los diferentes episodios valorados por los magistrados el nombre de Dimas Martín Martín, como «muñidor» del entramado para obtener fondos para la financiación ilegal del PIL y para usos personales. Están también referenciados el exconcejal José Miguel Rodríguez Sánchez (a pesar de haber fallecido); y el antiguo interventor capitalino Carlos Francisco Sáenz Melero. Además, aparecen alternados los antiguos ediles insularistas Ubaldo Becerra Robayna y Antonio Machín Ramos.

En un primer apartado figura el empresario Antonio Gómez Ruiz, quien debe indemnizar al Consistorio de Arrecife, junto con buena parte de los anteriormente referidos, la cantidad de 33.065,55 euros. En un segundo apartado se alude a Manuel Gregorio Reina Fabre, para hacer una indemnización en común a las arcas municipales por la cantidad de 9.639 euros. En un tercer apartado de la decisión judicial sobre este respecto aparece Jesús Manuel Martín Brito, para el abono de una compensación al Consistorio, en este caso, por valor de justo 79.406,88 euros. Y en un cuarto apartado se hace mención en concreto, junto a los habituales en las reclamaciones, el empresario Samuel Lemes Macías, quien deberá ser partícipe de concretar una indemnización al Ayuntamiento de Arrecife en la cantidad de 7.875,15 euros.

Las sumas señaladas quedan al margen de las sanciones económicas impuestas a buena parte de los condenados, a quienes se les deja abierta la opción de presentar recurso de casación.