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Un ferretero confirma que la reforma de la sede del PP se pagó con dinero público de Telde

Un ferretero confirma que la reforma de la sede del PP se pagó con dinero público de Telde

Apenas 25 minutos. Eso es lo que ha durado la tercera sesión de la vista oral del caso Faycán, que juzga en la Audiencia Provincial una supuesta trama para el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras. El protagonismo de la mañana se lo ha llevado el ferretero Felipe Ojeda, que ha confirmado que la reforma de la sede del PP en Telde se pagó con dinero público.

Jueves, 1 de enero 1970

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Felipe Ojeda, que gestionaba de 2003 a 2006 la ferretería Felipe y Nicolás, en Las Huesas, en Telde, ha declarado que el material con el que se reformó la nueva sede del PP en Arnao fue pagado con fondos municipales del Ayuntamiento. Ojeda, que forma parte de los 20 acusados del Faycán que han reconocido los hechos y que han pactado la pena con el fiscal, ha comparecido en calidad de testigo y ha asegurado que pactó con el entonces asesor del PP en el consistorio, Francisco Gordillo, la emisión de facturas falsas al Ayuntamiento para camuflar pedidos de materiales de obra que en realidad iban destinados a la reforma de la sede del PP. Ha dicho que fue Gordillo quien le propuso la fórmula. El coste de esos materiales ascendió a 42.000 euros. El fiscal Luis del Río le preguntó si ese acuerdo esa conocido por la entonces presidenta local del PP, Mari Carmen Castellano, que figura entre los 8 acusados que quedan en el caso, pero Ojeda afirmó desconocerlo y negó haber tratado con ella para ese asunto.

El otro acusado que ayer declaró también como testigo fue el técnico jubilado Jorge Rodríguez, que dijo no saber si Castellano estuvo o no al tanto de las irregularidades que se cometieron con el contrato y obra de la rehabilitación de la iglesia de Lomo Magullo. Entre otras cosas, dejó claro que la edil de Obras era Antonia Torres, fallecida en 2010, y que fue después de que preparara su defensa en este proceso cuando se enteró que el decreto para esas obras lo firmó Castellano en calidad de edil accidental por vacaciones de Torres.

Estaban citados 7 testigos, y al final el fiscal y las defensas solo se interesaron por la declaración de tres. El tercero fue el empresario Alejandro Navarro, que entonces gestionaba la constructora Mazotti, que negó haber tratado con el exsecretario general de Ciuca, Agustín León, el pago que hizo a Gordillo de una comisión ilegal de 180.000 euros.

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