Último intento con el multicines
Concesionaria y ayuntamiento exploran por última vez una vía de acuerdo sobre el edificio de Arnao, pero discrepan sobre quién ha de tapiarlo ahora para impedir los actos vandálicos
Mientras el edificio de Multicines Telde se ha puesto de actualidad estos días porque ha empezado a ser víctima de los primeros actos vandálicos, la empresa concesionaria, propiedad de la familia Melo, y el Ayuntamiento están justo ahora en mitad del proceso para explorar una última vía de acuerdo sobre el contrato y sobre el inmueble. El asunto está judicializado y a falta solo ya de que se dicte sentencia, pero, según fuentes del gobierno municipal, y a instancias precisamente del juzgado que dirime el caso, las dos partes afrontarán una mediación. No en vano, el fallo se demorará un tiempo para dar un margen a la negociación entre las partes.
Este nuevo marco de relación no resuelve, sin embargo, la discrepancia respecto a quién deberá mover ficha para proteger al edificio de los vándalos y tapiar el acceso abierto. Los Melo sostienen que es responsabilidad municipal, mientras que en el gobierno apuntan que, aunque quisieran, y pese a que estén en mitad de un litigio, administrativamente el edificio está en manos de la compañía. Si nadie da un paso al frente, el inmueble acabará destrozado.
Así las cosas, las esperanzas se centran ahora en la posibilidad de que las dos partes lleguen a un acuerdo judicial: que el Ayuntamiento pague a los Melo la cantidad que pacten y que la institución se haga ya con el edificio para su custodia. Desde el gobierno defienden que la concesionaria tiene derecho a un resarcimiento por lo invertido. Lo que les distancia es la cuantía. Los Melo pedían inicialmente 6,1 millones, aunque ahora en la demanda reclaman 12 millones al sumar el lucro cesante y el daño emergente.
La empresa ganó antes de 2003 un concurso municipal en virtud del cual a cambio de asumir la construcción de un edificio con locales comerciales y salas de cine en pleno casco de la ciudad, en Arnao, tendría el derecho a gestionarlo y explotarlo por un número determinado de años. Abrió en 2005, pero apenas duró siete años. En 2011 la concesionaria optó por cerrar ante la escasa afluencia de clientes. La empresa achacó aquella situación a las exigencias fuera de pliego del Ayuntamiento respecto a la construcción del edificio y a que la zona no se desarrolló nunca como le prometieron. Los Melo pidieron rescindir y el gobierno anterior llevó a Junta de Gobierno aceptarle la rescisión y reconocerle una indemnización de 6,1 millones. Pero a los pocos días anularon aquel acuerdo, motivo por el cual la empresa decidió recurrir a los tribunales.
