Las defensas censuran la instrucción

13/03/2018

12 años y 9 meses después de que se diera inicio a la investigación del caso Faycán, la Audiencia Provincial lo dejó este lunes visto para sentencia. Las partes, fiscal y defensas, apretaron y concentraron en una sola sesión las dos previstas para los informes finales. No hubo sorpresas, salvo una censura generalizada de los letrados a la instrucción.

Barbaridad, estado de excepción, vulneración de derechos constitucionales, afección a la división de poderes o construcción artificial de un escándalo fueron algunas de las expresiones usadas por parte de las defensas de los ocho acusados que quedaban en el banquillo del caso Faycán en su alegato final ante el tribunal, que preside el magistrado Salvador Alba. Unos lo hicieron por cuenta propia, y otros se adhirieron a lo dicho, pero coincidieron en censurar la instrucción del caso que se abrió para investigar si hubo una trama para cobrar comisiones ilegales por el gobierno de PP y Ciuca en el Ayuntamiento entre 2003 y 2006.

Álvaro Campanario, abogado del exjefe de Urbanismo, José Luis Mena, aparte de sostener que se encargaban periciales nuevas cuando la primera no interesaba, calificó lo sucedido en Gran Canaria, con este y otros casos de 2005 a 2007, como de «estado de excepción». Dijo que «no hay mayor corrupción que la que vulnera derechos fundamentales». Y para ejemplificarlo, recordó que fue la jefa de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional la que «eligió a dedo» al juez instructor en julio de 2005. «Se ha visto afectado un principio básico de un estado constitucional como es la división de poderes; basta con elegir al fiscal, al jefe provincial de la Policía y al juez de instrucción para poner nuestro Estado de Derecho patas arriba». Denunció las «filtraciones a la prensa» pese al secreto de sumario, que dio lugar a una presión mediática tan insoportable que llevó a la exedil de Obras, Antonia Torres, y principal encausada, a «quitarse la vida».

Coincidió con Juan Sánchez Limiñana, letrado del exalcalde Francisco Valido, en denunciar el «circo» de las detenciones retransmitidas por los medios en tiempo real. Limiñana informó a la Sala de hasta 450 noticias que «transcribían atestados policiales». E insinuó que a uno de los imputados se le archivó la causa tras la denuncia que presentó por vulneración de derechos en su detención, con helicóptero y encapuchados. Y el abogado del PP, Jorge Rodríguez, advirtió de que para que el exasesor de Torres, Francisco Gordillo, se convirtiera en principal fuente de prueba del fiscal, «algo tuvo que ver la imputación y luego misteriosa desimputación» de la hija de Gordillo.

El fiscal, Luis del Río, pide «dar una respuesta adecuada a la corrupción.

El fiscal, por su parte, apeló al tribunal en su alegato final a la necesidad de dar «una respuesta adecuada al problema de la corrupción». Y dijo que pese a la complejidad del caso, ha quedado acreditado que el gobierno de PP y Ciuca urdió una trama entre 2003 y 2006 en el Ayuntamiento para cobrar comisiones ilegales a partir de contratación de obras o suministros de materiales. Y advirtió de que, si bien al principio se dijo que era para financiar al PP, al final se usó para el enriquecimiento «ilícito» de los que participaron en ella. Recordó que se recurrió a una red de empresas amigas a las que se les adelantaban los pagos a cambio de que pagaran comisiones. Dio por probado que la reforma de la sede del PP se pagó con fondos públicos, y que Urbanismo dio certificado final de obra a una promoción de casas pese a que en el ático de Gordillo había un cerramiento ilegalizable. Admitió que tras 12 años, y pese a sus 55 tomos y 60 piezas, el retraso en la instrucción tiene «poca defensa».