Una trama se «apropió» entre 2010 y 2014 de 2,7 millones de euros de 84 afectados

La Fiscalía pide 15 años de cárcel a la acusada de la macroestafa

13/07/2018

El Ministerio Público acusa de un delito de estafa continuado a los cuatro implicados en una trama que se «apropió» entre 2010 y 2014 de 2,7 millones de euros de 84 afectados. Estos les daban un depósito por casas que nunca llegaron a recibir.

El caso de la macroestafa con vehículos de alta gama y viviendas que saltó a la luz pública en 2014 y que tuvo su epicentro en Telde ya está algo más cerca de la celebración del juicio. La Fiscalía Provincial de Las Palmas acaba de notificar su escrito de calificaciones provisionales y acusa formalmente de un delito de estafa continuado a cuatro implicados, para los que, en conjunto, reclama 40 años y 6 meses de prisión. La peor parte se la lleva la considerada como la cabeza visible de la trama, Teresa Velázquez, la vecina de Telde para la que la fiscal Teseida García –la representante del Ministerio Público en la instrucción de la causa– insta una condena de 15 años privada de libertad. La trama salpicó a 84 afectados, de quienes los acusados lograron que les entregaran 2,7 millones de euros. El que peor parado quedó fue un empresario que ahora quiere que le devuelvan 217.000 euros.

La Fiscalía le atribuye a Teresa haber hecho creer a los afectados que se dedicaba profesionalmente a la gestión de embargos, lo que le permitía ofrecerse como agente intermediario para adquirir coches o casas en subastas judiciales muy por debajo del precio del mercado. A cambio, el interesado en invertir «a tan bajo precio», tenía que realizar un depósito previo a la puja que, según la fiscal, era fijado por la acusada «sin criterio alguno». Pero, añade en su escrito, no conforme con eso, «a lo largo del tiempo y para justificar el porqué las propiedades no eran entregadas a sus clientes en el tiempo pactado, seguía solicitando otras cantidades como depósitos, alegando que había otros subasteros que intentaban arrebatarle los lotes». Les decía que los depósitos entregados se descontarían del precio que Teresa les había fijado al principio.

Dos cómplices.

Pero entiende Teseida García que la principal acusada no trabajaba sola. Tejió la red con su marido, Manuel Alexis Santana, para quien pide 12 años de prisión y al que la fiscal le da la categoría de coautor del delito con Teresa. Asegura que su papel en la trama fue activo y que sabía que su mujer «no participaba realmente en ninguna subasta judicial». Sin embargo, a los otros dos acusados que se sentarán en el banquillo les atribuye el mismo delito de estafa pero con la categoría de cómplices. Se trata de un abogado de Tenerife, Antonio Santana, para el que insta una condena de siete años de cárcel, y del hermano de Teresa, José Luis Velázquez, que se expone a una pena de seis años y un día de prisión.

Teresa y Manuel comenzaron a ofertar inmuebles desde finales de 2010 pero, desde verano de 2012, lo hicieron a través de una empresa, Canarias Gestión de Embargos, con la que buscaron dar más confianza a los clientes. Así las cosas, desde ese momento y hasta su detención en septiembre de 2014, los clientes les entregaban los depósitos en efectivo o a través de transferencia a la cuenta corriente de la entidad. Eso les permitió que apareciesen como «empresarios serios y solventes que, con el único propósito de lucrarse ilícitamente, ofertaban bienes inmuebles y vehículos a bajo precio, a sabiendas de que jamás podrían entregar los inmuebles porque no estaban personados en ninguna subasta ni los bienes ofertados estaban en venta».

La investigación.

El delito. La supuesta estafa empezó en 2010 y duró hasta septiembre de 2014, con la detención de Teresa y Manuel Alexis, el 24 de ese mes. Un afectado denunció.

La investigación. Recayó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, que trabajó de la mano de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional.

Las sedes. Se registraron dos locales en el número 3 de la calle El Roque, en Los Llanos, y un piso en el número 61 de la misma vía.

En prisión provisional. Teresa Velázquez estuvo tres años privada de libertad, desde el 27 de septiembre de 2014 al 19 de octubre de 2017. Manuel Alexis estuvo poco más de un mes. Salió el 31 de octubre de 2014.

Cantidad estafada. Los perjudicados les llegaron a entregar un total de 2.713.256 euros, cantidad de la que, según la fiscal, se apropiaron.

84 afectados. La Fiscalía pide que Teresa y Manuel les indemnicen de manera solidaria y conjunta por esa cuantía que les entregaron.

Las cuantías. Hay desde 1.000 euros a 217.000. No siguen un criterio (10.000, 15.000, 21.000, 62.000...)

Perjudicados conocidos. Entre los afectados hay un consejero del Gobierno regional y una exdiputada.

120 testigos. Son los que pide la fiscal. La vista será larga.

Lo que pide la fiscal para cada uno.

Teresa Velázquez: 15 años de prisión y 14.400 euros de multa

Le atribuye un delito de estafa continuada en concepto de autora. También la fiscal reclama para ella una pena accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. Ha de indemnizar, de forma solidaria junto a su marido, 2,7 millones que supuestamente se apropiaron de los 84 afectados. Decía que se dedicaba a gestionar embargos y que eso le permitía acceder a subastas judiciales con las que conseguía coches e inmuebles, desde residencias a bungalows, a precios muy competitivos. A los interesados les pedía un depósito que no devolvía.

Manuel A. Santana: 12 años y 6 meses de cárcel. 12.000 euros

La fiscal le atribuye al marido de Teresa un papel activo en la presunta estafa y reclama igualmente para él una pena accesoria de inhabilitación absoluta durante la condena. Juntos crearon la sociedad con la que ofertaban sus servicios. Según la fiscal, ella captaba los clientes y recibía el dinero, y Manuel participaba en labores administrativas y en las reuniones con los clientes. «Buscaba fotos e inmuebles por Internet que luego eran ofertados por Teresa». Y acudía al banco con ella «para sacar en efectivo» el dinero. También enseñaba los coches que servían de gancho para captar clientes.

Antonio Santana: 7 años de prisión y multa de 6.000 euros

Es un abogado con despacho en Tenerife que, según Fiscalía, ayudaba a Teresa a «dar una mayor apariencia de legalidad» al negocio. Ella les decía que le auxiliaba un «abogado importante de Tenerife» que además «era profesor en la Universidad de la Laguna». Este letrado llegó a reunirse con Teresa, Manuel y algún cliente. Se presentaba «como el abogado que dirigía los embargos» y les aseguraba que el dinero entregado estaba en los juzgados. La fiscal sostiene que era conocedor de todo y hasta elaboró unos modelos de contrato para los clientes más renuentes a las entregas.

José Luis Velázquez: 6 años de cárcel y 5.700 euros de multa

Es el hermano de Teresa y el Ministerio Público asegura que fue uno de sus cómplices. «Hacía labores de ayudante de Teresa, era conocedor del negocio ilícito de su hermana, y captaba clientes para ella». Además, «evitaba que los clientes que comenzaban a desconfiar, reclamaran a Teresa». Como para el abogado con despacho en Tenerife, al que igualmente considera cómplice, la fiscal le solicita una pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.