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El Ayuntamiento alcanza el tope máximo de cargos de confianza

El Ayuntamiento alcanza el tope máximo de cargos de confianza

La nueva Corporación crea una estructura de veintinueve puestos eventuales, que es el máximo que le permite la ley a una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Esto no significa que se vaya a cubrir todos los cargos puesto que todo dependerá de cómo se organice el Consistorio.

Jueves, 1 de enero 1970

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El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, firmó este martes una propuesta de acuerdo por la que se creará una estructura de veintinueve cargos de confianza o asesoramiento en el Ayuntamiento capitalino. La decisión, que es una de las primeras medidas a nivel organizativo que adopta la nueva Corporación surgida del acto de constitución municipal del pasado sábado, supone alcanzar el tope legal que permite la legislación para una ciudad como la capital grancanaria.

Hay que recordar que la ley reguladora de las Bases de Régimen Local establece que para los municipios con una población entre los 75.000 y los 500.000 habitantes, el tope máximo de puestos de trabajo de personal eventual «no podrá exceder del número de concejales de la Corporación local». En este caso, los ediles de Las Palmas de Gran Canaria son veintinueve y éste es el número que se ha fijado para los cargos de confianza.

Esto no significa que todos los puestos se vayan a cubrir de modo obligatorio, sino que se crea la estructura y luego, si se considera necesario, se cubren los puestos sin necesidad de estar promulgando decretos que obligan a cambiar el armazón original.

Esto precisamente fue lo que ocurrió en el inicio del mandato anterior, también con el mismo gobierno tripartito formado por el Partido Socialista, LPGC Puede (ahora Unidas Podemos) y Nueva Canarias. El 19 de junio de 2015, la Junta de Gobierno acordaba la creación de doce puestos eventuales -se cubrieron todos-, aunque en los meses siguientes hubo que cambiar este acuerdo para crear cinco cargos más.

Esto hizo un número de diecisiete asesores, si bien en la información que se facilita del régimen retributivo del personal eventual a través del portal de transparencia se fija en catorce. En esta suma no se incluyen a los asesores de Movilidad y Seguridad, que empezaron como directores generales y que fueron nombrados luego como asesores tras la anulación de sus respectivos nombramientos por parte de la justicia.

Los cambios

El organigrama presentado este martes en la propuesta de acuerdo firmada por Augusto Hidalgo incluye veintinueve puestos: un director de gabinete; un subdirector de gabinete, que antes no existía y que se plantea como un apoyo al director de gabinete; un jefe de gabinete de prensa; un jefe de protocolo; seis técnicos asesores de gabinete de alcaldía, lo que supone cinco más; cinco periodistas, que son tres más que los que había hasta ahora; once técnicos asesores, que son tres más y que puede beneficiar a toda la oposición, incluido el grupo mixto, para asegurarles los puestos de secretarios de grupo; un asesor de seguridad y emergencias, puesto que ocupaba hasta ahora Eulalia Guerra de Paz (PSOE); un asesor de movilidad, cargo desempeñado por Heriberto Dávila (Nueva Canarias); y un nuevo puesto de asesor de relaciones institucionales.

Este último puesto se describe como «personal de asesoramiento especial y de confianza que desempeña labores de asesoramiento y coordinación de los valores culturales del municipio de Las Palmas de Gran Canaria».

Por el momento se desconoce si este puesto estará ocupado por el cronista oficial de la ciudad, Juan José Laforet, que ocupa un cargo eventual como asesor-cronista por decreto del alcalde de fecha de 1 de marzo de 2018.

La propuesta de acuerdo que determina el número de cargos de confianza del Ayuntamiento no hace referencia a los salarios. En estos momentos, el personal eventual del Consistorio tiene un coste de unos 720.000 euros, según la información que facilita el propio Ayuntamiento. El hecho de que ahora aumente el número de asesores -y se mantenga el nivel retributivo- podría elevar la cifra por encima de los 910.000 euros.

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