La Fiscalía investiga un posible fraude fiscal en Aguas de Teror
La Fiscalía de Las Palmas ha citado a declarar a los miembros del consejo de administración de Aguas de Teror entre 2012 y 2016 como sospechosos de un delito de fraude a la Hacienda Pública durante varios ejercicios económicos, correspondiente al Impuesto de Sociedades, así como de un delito de administración desleal.
Son más de 20 los administradores de la empresa pública del Ayuntamiento de Teror a los que la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha citado esta semana para prestar declaración como sospechosos de delitos de fraude fiscal y de administración desleal, tanto del actual consejo de administración de Aguas de Teror como anteriores responsables de la compañía. Los presuntos delitos que investiga se habrían cometido en cinco ejercicios económicos consecutivos, los que van de 2012 a 2016.
La investigación nace de las conclusiones de una auditoría externa de las cuentas de la empresa municipal durante ese periodo que fue encargada en 2015 por la entonces alcaldesa de la villa mariana, Isabel Guerra, un documento que, entre otras irregularidades en la gestión de la compañía, considera que el dinero que cada año recibe de ella el Ayuntamiento, en torno a 3,5 millones de euros, deberían cotizar a la Hacienda Pública como beneficios, lo que no ocurre.
Tal ingreso desde la empresa hacia las arcas locales se produce en concepto de canon por la explotación y de alquiler por la ocupación de suelo y propiedades de titularidad municipal. Ni el Ayuntamiento la empresa Aguas de Teror han pagado jamás el Impuesto de Sociedades que correspondería a tales beneficios.
Además, la auditoría critica particularmente la política de compra de materias primas que sigue la empresa municipal al considerar que adquiere mercadería para el envasado a precios por encima de los valores del mercado para lo que tiene en cuenta su elevado volumen de adquisiciones.
Entre los administradores citados a declarar se encuentran el actual alcalde de Teror, Gonzalo Rosario, y sus dos antecesores inmediatos, Isabel Guerra y Juan de Dios Ramos. También figuran en la lista de sospechosos el primer teniente de alcalde del Consistorio, José Luis Báez; el gerente de la empresa, Alexis Gómez; y los secretarios de Aguas de Teror y del Ayuntamiento, Sergio Ramírez y Rafael Lezcano, respectivamente.
El que fuera concejal de Hacienda, Urbanismo y Aguas durante varios mandatos, Armando Santana, también se encuentra entre los que deberán prestar declaración en la Fiscalía, al igual que una decena larga de ediles del actual y del anterior mandato.
