El Gobierno clausura 22 pozos y galerías por alto riesgo desde 2011

El viceconsejero de Industria del Ejecutivo canario, Gonzalo Piernavieja, pone el acento en esa coordinación entre administraciones, que a su juicio es clave para que pueda afirmar que en las islas esta problemática está bien regulada y es sometida a controles muy rigurosos. No en vano, recordó que tanto a nivel regional como insular se hacen inspecciones periódicas para comprobar si se hallan en las condiciones de seguridad exigidas. Y advirtió de que las sanciones son elevadas.

En Canarias ya hay un camino recorrido, y no ha sido fruto de la casualidad. Una tragedia como la de Julen, aunque con más víctimas, abrió los ojos sobre la necesidad de legislar de forma específica sobre la seguridad de esas instalaciones tan abundantes en las islas. En febrero de 2007 seis excursionistas murieron tras quedar atrapados en el interior de una galería en Cuevas Negras, en Tenerife, intoxicados por gases nocivos. Casi dos años después el Gobierno canario aprobó el Decreto 232/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula la seguridad en pozos y galerías. Está en vigor desde diciembre de 2008.

En la exposición de motivos de ese decreto se deja claro que aunque ya no existiera actividad minera, «en ningún caso pueden desaparecer los controles de acceso que impidan la entrada de personas sin preparación al interior de estas obras», y que, en esos casos, solo el sellado y clausura definitiva permitirá, tanto a los titulares de la infraestructura como a los dueños del suelo donde está, desvincularse de las precauciones que exige esa norma. Pero, es más, si esos particulares, que según la norma canaria, son los responsables de mantener esas instalaciones cerradas, señalizadas y controladas, no asumen esas obras, la ley prevé también que esas actuaciones las puede ejecutar de forma subsidiaria la administración si ve que hay peligro.

Pueden ser tanto clausuras definitivas, cuando el titular es desconocido, como acciones de cierre no definitivas, cuando los responsables, aunque localizados, no hayan adoptado las medidas mínimas de seguridad o hayan hecho caso omiso a los requerimientos de cierre. Los no definitivos consisten en la colocación de rejas resistentes fijadas al terreno mediante pernos y hormigón, sin posibilidad de apertura por medios manuales. Y las definitivas, en la construcción de muros de hormigón. Quedan como búnkeres.

Con la idea de reforzar la seguridad de las instalaciones que deparen más riesgos, Piernavieja anuncia que el Gobierno canario trabaja en una modificación de ese decreto para que en casos de alta peligrosidad se pueda proceder a una clausura definitiva, con hormigón, aunque esté localizado al dueño, si este no actuase. Luego se le reclamarían los costes.