Silvana pide un acuerdo con el banco contra el desahucio

El desahucio del piso en el que reside en Corralejo estaba previsto para el próximo 18 de marzo, aunque finalmente se retrasará en virtud de un recurso que ya ha presentado. Silvana Areosa, de 45 años de edad, vive junto a dos de sus cuatro hijos, ambos menores, en este piso de la localidad turística desde hace unos diez años. No es de su propiedad, sino que se lo alquiló a un señor para el que trabajaba como empleada del hogar en marzo de 2010, pero el hombre murió en agosto de 2014 sin herederos y la casa, cuya hipoteca no se había terminado de pagar, pasó a ser propiedad del banco.

«El banco vino hasta aquí y me dijo que la casa era de su propiedad, así que insistimos en hacer un acuerdo con ellos. Nos pidieron los datos de los que vivían en la casa y se los dimos. Entonces nos dijeron que nos darían una respuesta, pero nunca lo hicieron», explica Silvana.

El banco fue a juicio, que se celebró hace un mes, para tomar posesión de la casa y ganó. Según explica Silvana, el banco alegó que no que no tenía constancia de que ella y sus hijos vivieran en el inmueble afectado por el desahucio. «El banco también negaba que nosotros nos hubiéramos puesto en contacto con ellos para intentar llegar a un acuerdo», asegura Silvana, que dejó de pagar el alquiler de 600 euros cuando el dueño del inmueble falleció, si bien asegura que en todo este tiempo no ha abonado cantidad alguna porque no ha tenido forma de hacerlo. Desde que falleció el propietario de la vivienda hasta que le llegó la primera notificación del banco pasaron «unos tres años», explica la mujer.

Silvana, por tanto, alega que, desde un primer momento, intentó «arreglar un acuerdo» con el banco para seguir pagando el alquiler, pero que sus solicitudes al respecto cayeron en todo momento en saco roto. Su mayor preocupación a día de hoy es que se encuentra en una situación de «precariedad total», puesto que está «sola con los niños» y sin más recursos económicos que el sueldo que gana en su empleo como camarera de piso.

«La situación en la que estoy es que si me dejan en la calle, me dejan en la calle sin más, y me tendré que ir a vivir debajo de un puente. El precio de los alquileres aquí es muy caro, de entre 700 y 800 euros, cantidades que no puedo asumir de ninguna manera en estos momentos», añade.