Fue el Cabildo de Fuerteventura el que presentó el recurso contra la decisión de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, que el 25 de junio de 2015, otorgó una autorización administrativa y declaró de utilidad pública la línea de alta tensión entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal, una obra que el Cabildo de Fuerteventura, presidido por Marcial Morales, rechazó por el enorme impacto ambiental y visual sobre el paisaje de la isla.

La Sala considera que la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias no tuvo en cuenta el Plan Insular de ordenación del Territorio que tendría que haber sido modificado por el Cabildo insular de la isla, con el que ni tan siquiera se contó.