Cabrera y Morales, querellados por la gestión del agua

01/11/2018

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias investiga contrataciones sin expedientes formales por más de 250.000 euros.

Alexis González / Ahora Plus Las Palmas de gran canaria

La gestión pública del agua en Fuerteventura ha acabado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), aunque allí tendrá un recorrido corto porque deberá ser remitida a los juzgados ordinarios de la isla majorera, en cuanto entre en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía y los diputados regionales pierdan su condición de aforados.

La Fiscalía del TSJC ha presentado una querella contra el expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, actualmente secretario primero de la Mesa de la Cámara regional y diputado por Coalición Canaria (CC), y contra su sucesor en el Cabildo, Marcial Morales, también de CC, por contrataciones irregulares al frente del Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura (CAAF).

El Ministerio Público ve indicios de falsedad en documento público y prevaricación continuada, al levantar sistemáticamente los reparos a esas contrataciones formulados por el interventor del Cabildo. En el caso de Mario Cabrera, cubriría su etapa como presidente del Cabildo (2007-2015) desde 2008 y en el de Marcial Morales, desde 2015 hasta al menos 2017.

Las contrataciones objeto de reparos por parte de la Intervención se centran en las contrataciones de suministro de agua para consumo humano y su vertido en los depósitos del Consorcio, cuyo principal beneficiario habría sido el propietario de pozos de agua y empresario del sector Fermín Pérez Armas.

Así consta en la denuncia presentada por el representante del comité de empresa del CAAF, Carmelo Hernández Hernández.

Marcial Morales ha defendido su gestión y la de su antecesor declarando que los problemas en el consorcio comenzaron al estallar la crisis económica en 2008 y quedar el organismo descapitalizado de personal sin poder reponer a los que por un motivo u otro lo abandonaron. Los trabajadores que quedaron al frente «hicieron lo que pudieron» pero no tuvieron capacidad suficiente para formalizar los expedientes necesarios para convocar concursos por los servicios denunciados como irregulares.

El representante del Ministerio Público Ernesto Vieira no ha querido dar detalle alguno de la misma, pero según ha sabido las cantidades oscilan entre 43.000 y 100.000 euros, según las facturas obrantes por la compra de agua .