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El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, en su despacho. Cober
Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias

«Ya no valen las palmaditas en la espalda, tiene que empezar el traslado de menores»

Valora la receptividad del nuevo Gobierno estatal, pero reclama que las buenas palabras se traduzcan en hechos concretos

Domingo, 21 de enero 2024, 23:19

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Tras la ronda de reuniones que la consejera Delgado mantuvo la semana pasada con el ministro de Derechos Sociales y la ministra de Juventud e Infancia, ¿cree que el actual Gobierno estatal muestra una mayor sensibilidad ante el elevado número de menores migrantes no acompañados que tiene Canarias bajo su tutela?

– Bueno, después de estas últimas reuniones lo que tenemos ahora mismo son expresiones de voluntariedad por parte Gobierno de España, de tomar medidas, de aportar recursos y de trabajar en esa modificación legislativa que nos permita trasladar menores extranjeros no acompañados al resto del Estado. Nosotros creemos que más allá de esa voluntariedad ahora los compromisos se tienen que concretar ya en acciones. Estamos en un momento en el que de nada nos sirve la comprensión ni el reconocimiento a los esfuerzos que se están haciendo por parte del Gobierno de Canarias si esto no viene acompañados de hechos concretos. Estamos ya en tiempo de descuento. Ya no nos sirven las palmaditas en la espalda, necesitamos que empiece el traslado de los menores a la mayor brevedad posible, que empecemos a ver esa modificación normativa para trasladar menores. Necesitamos hechos concretos, y eso es lo que tiene que demostrar ahora el Gobierno de España.

En estos momentos hay 4.700 menores bajo la tutela de la comunidad autónoma. En octubre del año pasado se pactó en la Conferencia Sectorial de Infancia el traslado de 339 a otras autonomías. ¿Cuántos chicos se han derivado a la península desde entonces?

– A día de hoy no se ha trasladado ni uno. La Conferencia Sectorial obliga a que haya un convenio bilateral entre Canarias y la comunidad que recibe a los menores. Hasta ahora mismo con las únicas que estamos trabajando en este protocolo para firmarlo son Madrid, Galicia y Aragón. Entre las tres acogerán a algo más de 80 menores, menos de un tercio de lo pactado. Pero con el resto de comunidades autónomas hemos instado a la firma del protocolo y ni tan siquiera han respondido. Por eso lo que ha pedido la consejera es que se convoque otra vez la Conferencia Sectorial cuanto antes para poder establecer unos plazos. La solidaridad debe empezar a traducirse en corresponsabilidad y en fechas de traslado.

Hay algunas autonomías que no se niegan a acoger menores pero piden que se les financie. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha adelantado su disposición a aumentar, incluso a duplicar en 2024 la partida actual de 20 millones de euros para financiar la acogida de los menores. ¿Es una solución?

– Es una parte importante de la solución, porque las autonomías deben tener recursos para la acogida. Pero fíjese que fue el 5 de diciembre cuando el Gobierno de España habilitó esos 20 millones de euros para financiar el traslado de esos 339 menores, y evidentemente hace falta más. En cualquier caso respecto a la situación que sufre Canarias ahora mismo estamos hablando de cifras que pueden llegar a resultar hasta ridículas frente a los 4.700 menores que tenemos en las islas. Y más si tenemos en cuenta que siguen llegando. Llevamos 46 cayucos solo en los primeros 14 días de enero, algo más de 3.445 personas y la media de menores está entre un 20% y un 30%. Esta crisis es diferente a otras, incluso en cuanto a las salidas, porque en la última etapa es importante el número de embarcaciones procedentes de Mauritania, lo que pone una nueva escenografía sobre la mesa que tiene que ver con claves de política exterior y que desde el Gobierno canario ya estamos planteando al Estado.

¿En qué fase está la propuesta de reforma de Ley del Menor que el Gobierno de Canarias se ha comprometido a remitir al Estado para que la competencia no sea solo de la comunidad autónoma a la que llegan?

– Hay un compromiso por parte del presidente Clavijo de que a lo largo de este mes se va a enviar esa propuesta. Yo he tenido contacto con los técnicos juristas de la comunidad autónoma y del equipo al frente del que está el propio presidente para plantear la modificación normativa y me consta que se está trabajando a buen ritmo. Al final lo que se pone sobre la mesa es algo tan sencillo como la supremacía de la máxima protección al menor. Ahora mismo en Canarias tenemos graves problemas para poder garantizar el máximo de protección a los menores. Con 4.700 no hace falta explicar que el sistema de protección está tremendamente tensionado. Por eso creo que tenemos que ser muy exigentes ya en este momento con las autoridades españolas y con las autoridades europeas. Canarias no puede seguir viendo cómo España y Europa se ponen de perfil. Esto se acabó. Ya tenemos 66 recursos, ¿hasta cuándo vamos a estar abriendo centros para atender a menores no acompañados?

Candil reclama una reforma ágil de la Ley del Menor.
Candil reclama una reforma ágil de la Ley del Menor. Cober

Canarias quiere que el Gobierno central solicite más fondos europeos a Bruselas para una red estable de centros de primera acogida. ¿Lo ve factible? Ya se intentó con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y la respuesta fue negativa.

– Sí, se nos dijo que no porque esa línea de fondos ya se había cerrado con Europa. Pero es que estamos hablando de una situación de excepcionalidad. Estamos intentando explicar una y otra vez que la situación que se está viviendo aquí es tan excepcional que requiere que se generen mecanismos excepcionales. Es inaceptable que se nos plantee que para acceder a unos recursos tenemos unos mecanismos ya establecidos. Al Gobierno de Canarias se nos exige que mantengamos el nivel de atención a los menores y un nivel de calidad, pero nadie parece ser consciente de lo que implica que en un solo día nos lleguen 200 o 300 menores y tener que buscar soluciones alojativas, educativas y sanitarias. Necesitamos mecanismos excepcionales. Por eso desde el primer momento estoy diciendo que espero que la buena voluntad que hemos visto en las reuniones con los ministros se plasme.

¿Qué espera el Gobierno canario de la Comisión Interministerial de Migraciones que preside Ángel Víctor Torres?

– Como expresidente de Canarias Torres es conocedor de la problemática porque también le tocó gestionar en algún momento de su Gobierno alguna de estas situaciones, es verdad que no de la gravedad de la que estamos viviendo ahora, y lo que esperamos es que esa comisión dé respuestas efectivas y ágiles. Hay un cambio normativo encima de la mesa, queremos ver que esto en los próximos meses es una realidad y que además empiece a funcionar un mecanismo automático de reparto con la financiación estatal y europea. Y que se pongan ya de manera urgente todos los medios necesarios a nivel económico.

¿Teme que el potencial traspaso de competencias de materia de inmigración que el gobierno estatal ha pactado con Junts a Cataluña pueda afectar al pacto de reparto de menores?

– Nosotros esperamos que eso no afecte, esperamos que la política no termine interfiriendo en algo que tenemos que afrontar desde la colaboración y desde la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas. Que la política no difumine lo que para nosotros es un necesario acuerdo entre todas las administraciones. Porque de lo contrario no vamos a poder dar una solución efectiva y ponemos a Canarias en una situación peligrosa, porque aquí hay muchas entidades sociales de las que están gestionando recursos que nos dicen que ya no pueden acoger a más.

¿En qué fase está el anunciado proyecto de disponer de 300 camas sociosanitarias en el plazo de seis meses, recurriendo incluso a la reconversión de hoteles?

– Se está se está trabajando a buen ritmo en un protocolo que existe ya en muchas comunidades autónomas. En Canarias hay un número muy alto de camas públicas hospitalarias, en torno a 550, ocupadas por personas que necesitan atención sociosanitaria. Estamos trabajando en colaboración con el sector privado para que en el plazo estos seis meses podamos poner a disposición sobre todo de la sanidad pública esas camas. Porque entendemos que el trabajo que estamos haciendo, aparte de garantizar la atención a esas personas que ahora ocupan camas hospitalarias altamente especializadas, nos va a permitir además incidir en el objetivo de bajar las listas de espera quirúrgicas y dar un desahogo al sistema sanitario. Supone también un ahorro económico, porque una cama sociosanitaria puede costar entre 100 y 120 euros frente a los entre 600 y 700 euros que cuesta una cama hospitalaria. La situación actual tiene mucho que ver con el hecho de que el último plan de infraestructuras sociosanitarias no ha conseguido cubrir todos los objetivos que se plantearon en el 2018 cuando surgió ese acuerdo con los cabildos para crear 5.000 plazas residenciales y otras 5.000 plazas de día. La realidad es que tiene unos niveles de ejecución muy bajitos en Tenerife, en Gran Canaria y en Lanzarote. Las únicas islas que han cumplido al 100% con lo que tenían planificado han sido La Gomera, La Palma y Fuerteventura.

En 2023 se avanzó en dependencia, pero Canarias sigue siendo la comunidad dónde más se tarda en tramitar. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo?

– Hay una mejora evidente pero somos conscientes de que ni mucho menos es para tirar voladores. Hemos hecho una apuesta por mejorar la situación de la atención a la dependencia, es un compromiso ineludible para esta legislatura. En los primeros seis meses hemos bajado a 500 y pico los días para dar una valoración, lo que supone que se hayan tenido que reorganizar los servicios para empezar a hacer más valoraciones, y al mismo tiempo a trabajar en las revisiones, que estaban totalmente paralizadas. Creo que al ritmo que estamos trabajando en la última parte de este año podremos cumplir el objetivo de estar dentro de los plazos establecidos. Por otro lado tenemos que adaptar la modificación del decreto de acreditación de centros para poder tener una cartera más amplia de empresas y de centros en Canarias que puedan prestar los servicios. Hay otro elemento fundamental que me tocó a mí en las primeras semanas de gobierno, que fue poner en marcha de manera inmediata la simplificación del procedimiento que existe en Canarias para la declaración de la dependencia. Somos una de las pocas comunidades autónomas en las que se sigue haciendo en dos fases y se está trabajando en hacer una declaración monofásica, que simplificaría y agilizaría el proceso. Es algo en lo que se está avanzando mucho y va reducir la lista de espera. La mejora de la dependencia no tiene marcha atrás, está comprometido este Gobierno y estamos fajados para sacar a Canarias del vagón de cola del Estado en dependencia.

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