Transparencia evaluará a patronales, sindicatos y partidos: «Ya estamos en condiciones de hacerlo»
La comisionada, Noelia García Leal, pide que él cumplimiento de la ley deje de verse en las instituciones evaluadas como una carga burocrática
L.R.G.
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00
La transparencia en Canarias da un paso más allá. Por primera vez, la Comisionada de Transparencia del archipiélago evaluará de forma oficial a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales en el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de acceso a la información. Y lo hará porque según Noelia García Leal, la responsable del órgano, se ha culminado la fase técnica necesaria para abordar esta nueva etapa: «Tenemos el mapa de obligaciones finalizado. Una cosa es lo que dice la ley, pero después hay que definir cómo evaluar eso. Ahora estamos en condiciones de hacerlo».
Aunque estas entidades están obligadas por ley a publicar información relevante sobre su financiación, estructura o actividades, hasta ahora no se les había incluido de manera sistemática en los procesos de evaluación de transparencia, como sí ocurre con ayuntamientos, cabildos o consejerías. «Algunas patronales ya se venían presentando voluntariamente. Y muchos partidos tienen portales activos, eso es cierto. Pero ahora podremos evaluarlos formalmente, con criterios objetivos y comunes», aclaró la comisionada.
Una de las cuestiones que se tienen en cuenta es la accesibilidad real de la información publicada en los portales. Las evaluaciones no se limitan a comprobar si los datos están disponibles, sino que analizan si están visibles, comprensibles y al alcance de cualquier ciudadano, sin necesidad de ser un experto.
«En ocasiones, recibimos mensajes de usuarios que nos dicen que tal información no está publicada. Y lo que ocurre es que sí está, pero es casi imposible encontrarla. Tiene que estar visible y adaptada para todo el mundo. No basta con cumplir: hay que hacerlo bien», explicó García Leal.
Difícil navegar en muchas páginas
La comisionada no eludió la autocrítica, reconociendo que incluso perfiles técnicos se pierden navegando en algunos portales institucionales. «A veces entro en una página buscando un documento y me siento como una analfabeta digital», confesó con franqueza. «Hay webs en las que necesitas diez clics para llegar a algo que debería estar en dos».
Por ello, además de las obligaciones legales, el órgano incluirá en sus análisis criterios de transparencia voluntaria y buenas prácticas. «Estamos contactando con entidades para que nos cuenten qué cosas están haciendo bien, incluso más allá de lo que exige la ley, para incorporarlas como valor añadido en la evaluación».
La evaluación de nuevos sujetos llega en un momento clave. El Gobierno de Canarias ultima la modificación de la Ley de Transparencia, que incluirá -según se ha adelantado- más de 150 artículos y podría implicar un refuerzo del papel de la propia Comisionada.
«La directora general nos ha trasladado que espera que la ley pueda entrar al Parlamento antes de que finalice el año. Se tratará de una norma densa, que incluirá también la Ley de Participación Ciudadana», indicó.
Novedades de la nueva ley de transparencia
Entre las novedades más esperadas está la creación de un portal único de transparencia, que facilite a la ciudadanía la búsqueda de información, independientemente de si se trata de un ayuntamiento, un cabildo o una dirección general del Gobierno. «Lo ideal es que el ciudadano no tenga que aprender a usar 88 portales diferentes. Al menos que las rutas sean similares», defendió.
A pesar del avance técnico y legislativo, desde muchas instituciones públicas canarias persiste la queja de que no tienen personal suficiente para cumplir con la transparencia en tiempo y forma. La comisionada lo admite, pero pide un cambio de enfoque: «No puede verse como una carga más. Tiene que integrarse como una práctica habitual, igual que se hace con la contabilidad. Lo público tiene que rendir cuentas».
En cuanto al régimen sancionador, una de las críticas recurrentes al sistema actual es que el Comisionado no puede imponer sanciones directas. «La ley prevé sanciones, pero es el propio ayuntamiento el que debe sancionar al personal que no cumple. Es como si les diéramos un martillo para golpearse a sí mismos», ironizó.
Aun así, subrayó que las resoluciones del Comisionado son de obligado cumplimiento. «No somos como el Diputado del Común, que hace recomendaciones. Nosotros resolvemos y nuestras resoluciones deben cumplirse, salvo que la entidad presente un contencioso. Y hacemos seguimiento: llamamos a los ayuntamientos y les preguntamos si han cumplido o no», explicó.
