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Directo Rueda de prensa de Sergi Cardona previa al Barça-UD
Torres se escuda en un informe que el Gobierno descartó 3 veces

Torres se escuda en un informe que el Gobierno descartó 3 veces

El presidente del Gobierno en una entrevista en la cadena SER y la consejera de Hacienda en respuesta en el pleno parlamentario y la pasada semana en rueda de prensa rechazaron con contundencia que el Gobierno deba avalar jurídicamente el concurso de informativos de la tele canaria. Pese a ello, el PSOE de Ángel Víctor Torres se escuda en pedir ese informe para demorar la destitución de Santiago Negrín.

Jueves, 1 de enero 1970

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Al menos en tres ocasiones desde el Gobierno de Canarias se ha sido absolutamente claro a la hora de señalar que eluden toda responsabilidad a la hora de informar jurídicamente si Santiago Negrín ha actuado conforme a derecho al convocar el concurso de informativos de Televisión Canaria en calidad de administrador de esa sociedad, en lugar de hacerlo el Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria. Como se recordará, el artículo 14.5.k de la Ley 13/2014 que regula el funcionamiento del ente de radio y televisión, señala expresamente que los contratos que superen el millón de euros y más de una anualidad son competencia del Consejo Rector; el citado concurso de informativos fue convocado por Negrín por ocho años y 144 millones de euros.

El relato por orden cronológico de las ocasiones en que el Gobierno ha defendido que no le corresponde fiscalizar las actuaciones de Santiago Negrín comienza el 19 de septiembre. Ese día comparece en pleno parlamentario la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que contesta a una pregunta del PP sobre la necesidad de que los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias emitan un informe previo sobre la legalidad del concurso, que fue activado por Negrín a finales de agosto. Dávila se limitó en su respuesta a leer el artículo 5.3 de la citada ley, que señala que «el ente público de RTVC gozará de especial autonomía en su gestión y actuará con independencia funcional respecto del Gobierno de Canarias, de los cabildos insulares y del resto de las administraciones de la Comunidad Autónoma de Canarias».

Asimismo, Dávila dijo que el Reglamento Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno fija que estos se dedican al «asesoramiento letrado del Gobierno y no para el asesoramiento letrado a otro ente que no tenga esa adscripción funcional». Por todo ello, la consejera concluyó que el Gobierno no puede intervenir en el concurso y que «compete a este Parlamento y no al Gobierno cualquier intervención o control» de lo que decida Negrín.

De esa respuesta de Dávila tomaron buena nota los juristas del Parlamento en el informe que el 16 de octubre fue analizado en la Mesa del Parlamento. Ante las dudas sobre la competencia para esa labor de fiscalización del concurso, los juristas dejaron constancia expresa en su dictamen de las palabras de Dávila, al tiempo que puntualizaban que la Cámara solo hace un control «político» de RTVC y sus sociedades mercantiles, y no una fiscalización de sus contratos.

Tres días después de aquella respuesta de Dávila en sede parlamentaria, fue el presidente Fernando Clavijo quien repitió ese argumento. Al ser entrevistado en la Cadena SER por la polémica en torno a las actuaciones de Negrín, Clavijo dijo que el Parlamento es el «único responsable» de lo que pase en Radiotelevisión Canaria. Y añadió: «El Gobierno solo pone las perras».

Cabe recordar que la Cadena SER ha contado con el asesoramiento legal de Carlos Cabrera, el mismo letrado elegido en agosto por Santiago Negrín para rehacer «con premura» los pliegos del concurso. Cabrera también ha defendido los intereses de Socater, la empresa audiovisual participada, entre otros, por el grupo Prisa (dueño de la SER) y que suministró durante diez años todos los contenidos de Televisión Canaria. Durante su etapa como presidente de RTVC, Negrín contrató con Socater el programa más caro del canal autonómico: El foco.

LA TERCERA NEGATIVA. Como no hay dos sin tres, por si quedaba alguna duda de la posición del Gobierno y su negativa a que los Servicios Jurídicos informen sobre el concurso de informativos, la consejera Rosa Dávila fue preguntada al respecto en rueda de prensa en la sede de Presidencia, en la capital grancanaria, el pasado 30 de octubre. Allí reiteró que el Gobierno no tiene competencia alguna y que es el Parlamento quien debe controlar lo que pasa en RTVC.

Así las cosas, tanto en los grupos de la oposición parlamentaria como en el seno del PSOE ha causado sorpresa que el sábado desde la Ejecutiva regional se emitiera un comunicado en el que se postergaba a una unión de ese órgano el día 13 la «decisión final» sobre Negrín, justificando esa dilación en la espera por un informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias. Como señalaron ayer fuentes parlamentarias, con ese nuevo plazo el PSOE de Ángel Víctor Torres gana tiempo, que es lo que favorece a Negrín, CC y el Gobierno de Canarias. «¿O es que el Gobierno va a ahora a desautorizar a Clavijo y a Dávila y va a emitir un informe jurídico?», se preguntaron las fuentes consultadas.

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