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Los partidos que integran el pacto de gobierno regional (Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente) han acordado solicitar casi cuarenta comparecencias en la comisión de investigación sobre las compras sanitarias. En ese listado estarán, entre otros, el expresidente canario y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; las tres personas que ocuparon la Consejería de Sanidad durante su mandato (Teresa Cruz, Julio Pérez y Blas Trujillo) y también el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos e investigado por la Audiencia Nacional en el caso que lleva su nombre, Koldo García.
La lista, pendiente de cerrar algunos flecos, se presentará la semana entrante en el Parlamento y será la mesa de la comisión de investigación la que, una vez recibidas las peticiones del resto de grupos (Partido Socialista, Nueva Canarias y Vox) deberá fijar una agenda de trabajo, ordenando el turno y fechas de las comparecencias.
También hay consenso en que comparezcan quienes ocuparon la dirección del Servicio Canario de la Salud (SCS) durante la realización de los contratos que son cuestionados, esto es, Antonio Olivera, Alberto Pazos y Conrado Domínguez.
4.000.000 de euros es lo que recibió RR7 por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas
12.300.000 de euros es lo que facturó en las islas la empresa del caso Koldo en contratos sanitarios
De hecho, gran parte del listado incluye a la parte privada de uno de los contratos más controvertidos: el suscrito por el SCS con la empresa de compraventa de coches RR7 United. Fruto de aquel acuerdo, suscrito en 2020, el Servicio Canario de la Salud entregó 4 millones de euros a la citada mercantil, que no tenía experiencia en el ámbito sanitario, para la compra de un millón de mascarillas del modelo 1860 de la marca 3M, material que nunca llegó a dependencias sanitarias. Los intentos del Gobierno de recuperar el dinero siguen sin dar sus frutos.
El Parlamento llamará, entre otros, al dueño de RR7, Rayco González, y a quienes, presuntamente, hicieron de intermediarios: Samuel Machín, Oswaldo Lastras, Lucas Cruz e Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh. Según la Policía Nacional, ellos cuatro y Conrado Domínguez podrían haberse beneficiado de una «comisión» que la investigación cifra en al menos 100.000 euros: la diferencia entre los 3,9 millones que iba a figurar en el contrato y los 4 millones que finalmente aparecieron en el documento. La investigación judicial de esa operación, conocida como el caso Mascarillas, está en manos de la Fiscalía Europea al entender que se cargó a fondos comunitarios. Varios de los investigados se acogieron a su derecho a no declarar al ser citados recientemente por las fiscales que llevan esa investigación.
El Parlamento también llamará a la que fuera directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, Ana María Pérez, que sigue como investigada en el caso Mascarillas.
Asimismo, los partidos que integran el pacto de gobierno han consensuado llamar a la comisión al presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, y a varios consejeros de ese órgano de fiscalización. Eso permitirá saber por qué no fue aprobado el preinforme que ya en 2022 vio indicios de irregularidad contable en el contrato de RR7 y que cuestionó el procedimiento seguido en una decena de operaciones con otras empresas, incluida Soluciones de Gestión, que es la investigada por la Audiencia Nacional en el caso Koldo.
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