Torres defiende la gestión sanitaria de su gobierno tras el revés del Constitucional al decreto covid

El ex presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido este viernes la gestión sanitaria de su ejecutivo durante la pandemia, asegurando que «se hizo bien» y recordando que el archipiélago fue la comunidad con menor número de fallecidos. Lo hace después de que el Tribunal Constitucional anulara varios artículos del decreto autonómico de medidas frente a la covid por vulnerar derechos fundamentales.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente, a instancias del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, buena parte del decreto-ley del Gobierno de Canarias que establecía el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas de control durante la pandemia. La sentencia, unánime, considera que varias disposiciones afectaban a derechos fundamentales, como la libertad personal y la integridad física, vulnerando así el artículo 86.1 de la Constitución.

En respuesta, el actual ministro de Política Territorial y ex presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, ha salido en defensa de la actuación de su gobierno en materia sanitaria. «Se hizo lo correcto desde el punto de vista sociosanitario», afirmó durante una comparecencia pública en Las Palmas de Gran Canaria. «Fuimos la comunidad con menos fallecidos por habitantes del país», recalcó.

Torres evitó pronunciarse sobre el fondo jurídico del fallo, pero sí criticó duramente a Vox, el partido que promovió el recurso ante el Constitucional, recordando que «es una formación negacionista con respecto a los mecanismos científicos adoptados internacionalmente» frente a la pandemia.

La sentencia del alto tribunal anula medidas como el aislamiento obligatorio, la posibilidad de sancionar a quienes incumplieran cuarentenas, así como consecuencias legales por rechazar pruebas diagnósticas o vacunas, al considerar que afectaban la libertad personal y la integridad física. También suprime artículos que limitaban la permanencia de personas en espacios públicos o privados por entender que vulneraban el derecho de reunión.

Pese a ello, Torres ha insistido en que la labor preventiva, las restricciones aplicadas y la responsabilidad social fueron clave para reducir el impacto del virus en las islas. «Lo hicimos para salvar vidas y lo logramos», subrayó.

El Constitucional, por su parte, aclara que el decreto requería desarrollo administrativo posterior y, por tanto, no se trataba de una norma autoaplicativa. No obstante, su contenido se ve recortado de forma significativa tras esta sentencia.

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