La sombra del micromachismo

Sin llegar a la bravuconada de dejar a la máxima dirigente europea sin asiento a la altura de su rango, lo cierto es que en las instituciones cercanas también se prodigan comportamientos que poco tienen que ver con el respeto a la igualdad. De manera sutil, sin necesidad de palabras gruesas o descalificaciones directas, los vestigios machistas muchas veces rasgan el barniz progresista de muchos representantes públicos. Lo peor es la máxima instaurada de ver vigas en el ojo ajeno, que se traduce en el cierre de filas ante los compañeros de siglas frente a la defensa de los derechos por los que se manifiestan, en abstracto, a la menor oportunidad.

Esta semana, la diputada del Partido Popular, Astrid Pérez, se encaró con el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez (PSOE) al que llamó misógino después de que, durante dos años, dijo, se dirija a «todas las mujeres» que están en los grupos de la oposición llamándolas «de manera continuada y sistemáticamente ignorantes y que no estudian», calificativos con los que nunca, indicó la popular, se ha referido a un hombre. «Mira que hay hombres que dicen disparates», apostilló. A pesar de su queja, no hubo ni una palabra de disculpa del consejero, ni una palabra de la presidenta de la comisión (mujer y socialista) hacia su compañero de filas. La dirigente del PP ha llevado esta cuestión a la Mesa de la Cámara por la «actitud machista» y el «trato vejatorio» que considera «reiterado» del consejero y pide al Parlamento que lo aperciba por su «proceder inaceptable».

No ha sido esta la única acusación de machismo que se ha escuchado en esta legislatura en el Parlamento de Canarias hacia el Gobierno. La diputada Vidina Espino (Cs) ha acusado de machismo miembros del Ejecutivo por dudar de la «preparación de otros parlamentarios, que en todas las ocasiones se refieren a mujeres». En septiembre del año pasado, Espino denunciaba, en la misma línea que hizo Pérez esta semana, que «nunca le han contestado a un diputado hombre que carece de preparación, siempre ha sido a diputadas». Añadía que «eso tiene un nombre y está ocurriendo en un Gobierno de supuestos progresistas». Ángel Víctor Torres, no respondió «por ser respetuoso».

También llegaron hasta la Presidencia del Parlamento, en abril de 2018, las quejas de PSOE y Podemos (que no se han manifestado publicamente respecto a esta denuncia de Astrid Pérez) hacia el entonces presidente, Fernando Clavijo, ante las «continuadas intervenciones con tintes machistas o despectivas» del jefe del Ejecutivo, que sufrió especialmente la portavoz de la formación morada en el anterior mandato, Noemí Santana. No hubo respuesta de la que entonces presidenta de la Cámara, Carolina Darias. También, Patricia Hernández, una vez dejó la Vicepresidencia del Gobierno, sufrió los comentarios de Clavijo por su dislexia con los números, una actitud que fue calificada de «ruin», «miserable» y «machista» por representantes de PP y Cs (que aún no estaba en la Cámara).

No fue este el único conflicto respecto a los derechos de las mujeres que protagonizó el expresidente. Después de indicar publicamente que las muertes machistas son debidas a «personas individuales que, por muchas circunstancias, al final acaban cometiendo este tipo de crímenes», puntualizó que sus declaraciones «habían sido malinterpretadas intencionadamente».

Más sonado fue el rechazo de los colectivos integrados en la Red Feminista de Gran Canaria y en la Plataforma Feminista 8M de Tenerife a recoger la Medalla de Oro de Canarias 2018, que el Gobierno otorgó al movimiento feminista. Argumentaron en aquel momento que «lo concede una institución cuyas políticas no van en consonancia con las demandas» feminista.

En su denuncia el año pasado, Vidina Espino recomendó «háganselo mirar».