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El consejero de Transición Ecológica y Energía. C7
«Las soluciones urgentes contra los apagones podrán estar en marcha en el plazo de un año»

Mariano Hernández Zapata| Consejero de Transición Ecológica y Energía

«Las soluciones urgentes contra los apagones podrán estar en marcha en el plazo de un año»

Entrevista ·

Mantiene que en los dos meses que lleva en el Gobierno se ha hecho más contra la crisis energética que en los últimos diez años, pero advierte que el sistema obsoleto va a seguir dando problemas

Sábado, 30 de septiembre 2023

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Mantiene que en los dos meses que lleva en el Gobierno se ha hecho más contra la crisis energética que en los últimos diez años, pero advierte que el sistema obsoleto va a seguir dando problemas

–Hoy sabemos que desde hace siete años las administraciones estatal y autonómica tienen conocimiento de la fragilidad del sistema energético de Canarias. ¿Cómo valora que en este tiempo no se haya hecho nada para evitar apagones como el que se vivió en La Gomera a finales de julio?

-En realidad hace más tiempo, porque desde 2013 no se saca el concurso y por tanto llevamos diez años sin que se hagan inversiones. También podríamos entrar a valorar por qué solo hace seis años que Red Eléctrica empieza a emitir esos informes, o podríamos valorar que el problema principal se destapa el último trimestre de 2021 cuando se estima el déficit de potencia de tres islas. Pero ya desde antes se venía anunciando que a medio plazo que Canarias tendría un problema si no se llevaban a cabo las inversiones necesarias. Por tanto, en los últimos diez años ha habido una responsabilidad compartida de todos los gobiernos que han estado desde 2013, tanto estatales, sobre todo, que son los responsables de sacar el concurso, como autonómicos, que no han sido capaces de estar a la altura y presionar para buscar las soluciones que necesitaba Canarias en cada momento. Nosotros en apenas 60 días desde que se formó Gobierno hemos tenido ya media docena de reuniones con la Secretaría de Estado, hemos puesto sobre la mesa soluciones y hemos dado un paso al frente. Ya presentamos las alegaciones de Canarias al pliego para el concurso energético, que sigue avanzando, y también estamos muy avanzados en las soluciones de emergencia que se van a poner en marcha cuanto antes y que financiará el Estado. Esa va a ser nuestra línea de trabajo. De nada nos sirve quejarnos de lo que no se haya hecho, porque se ha hecho muy poco, sino enfocarnos en el futuro para poner las soluciones.

–En la situación en la que estamos, ¿nos podemos encontrar con nuevos ceros energéticos en los próximos meses?

-Sin lugar a dudas, sí. Por eso hemos puesto sobre la mesa la declaración de emergencia energética, que es otro de los asuntos que hemos sacado en estos 60 días. Irá a Consejo de Gobierno el 2 de octubre. Por desgracia, la situación que se produjo en La Gomera el 30 de julio ha hecho que se hable más de esto que todos nos temíamos, porque al final nos damos cuenta de los problemas cuando los sufrimos. No es razonable que en pleno siglo XXI se produzca un apagón de tres días en una isla como La Gomera. Y esto no solo puede pasar en las islas donde está detectado un déficit energético, se ha demostrado que también puede pasar donde hay una obsolescencia de los grupos, como ha sucedido en La Gomera. En La Palma, que es mi isla, hay un grupo energético que tiene 50 años cuando la vida útil se establece en torno a 25 años. La situación es crítica, no solo por el déficit de potencia sino por la obsolescencia y no inversión durante diez años en las centrales térmicas de Canarias.

Introducción del gas

«No podemos descartar el gas, es una solución viable, pero lo haremos de acuerdo con los cabildos insulares»

–¿De qué déficit de potencia estamos hablando?, ¿cuántos megavatios más habría que instalar para cubrir el incremento de la demanda?

–En el corto plazo el informe de Red Eléctrica habla de 120 megavatios en Gran Canaria, 80 en Tenerife y 30 en Fuerteventura. Esos hacen falta ya. En el medio y largo plazo estaríamos hablando de que dentro de cinco u ocho años superaremos los 1.000 megavatios de déficit si no se toman medidas.

–¿Que implica la declaración de emergencia que se va a aprobar?

–Lo primero es que la sociedad canaria sepa el momento en el que estamos, porque existía un amplio desconocimiento incluso desde las propias administraciones. Hemos visto como los cabildos de Tenerife y Gran Canaria han salido a la saga de este Gobierno en sendas ruedas de prensa para poner sobre la mesa la situación de sus islas. Agradezco el apoyo que hemos encontrado en los cabildos, hemos intentado mantenerlos informados de cada paso que damos a través de la Fecai. Luego intentamos aunar a todas las fuerzas políticas y administraciones de Canarias en esta declaración y creo que lo estamos consiguiendo. Y en tercer lugar, poner a las claras al responsable del problema, que es el Gobierno de España, que debe actuar y debe hacerlo cuanto antes. Espero que esto nos permita agilizar trámites. Yo hasta el momento puedo decir que hemos encontrado colaboración por parte de la Secretaría de Estado y de la ministra, que desde el primer momento se han puesto a disposición de este Gobierno. Ahora falta que materialicemos todas y cada una de las propuestas que aún están en papel para que se conviertan en realidades. Espero que eso lo podamos conseguir en los próximos meses.

–¿Hasta qué punto ha influido en la fragilidad del sistema la ley que en 2013 impulsó el ministro Soria que obliga a un proceso de concurrencia para instalar nuevas centrales o grupos de generación?

–La ley de 2013 lo que viene es a poner en marcha en España una normativa europea cuyo objetivo último es evitar los monopolios como el que tenemos energéticamente en Canarias. Nos podrá gustar más o menos pero no estaríamos hablando de esta ley si se hubieran sacado los concursos, que es el origen del problema. Ahora hemos adelantado los plazos con el trabajo y el compromiso de esta Consejería y de la Secretaría de Estado y espero que sea cuestión de meses que se publique el concurso, que va a tener carácter ordinario. De los tres asuntos que hemos pedido al Ministerio, uno era que se agilizara el concurso y se está avanzando. Otra era que se apliquen medidas de emergencia en Canarias y también se está avanzando. Y la tercera es que se modifique la ley para exceptuar a Canarias y en eso no hemos llegado a un acuerdo. Pero cuando hay una negociación y un trabajo conjunto también entendemos que unas cosas se aceptan y otras cuestan más. Vamos a seguir insistiendo, pero no hemos conseguido que el Gobierno de España acceda a la excepción de Canarias porque alega que la Unión Europea no lo aceptaría.

Responsabilidad

«Todos los gobiernos que han estado desde 2013, estatales y autonómicos, son corresponsables de la situación actual»

–¿Y hay opciones de lograr que en un futuro se permita esa excepción o con la negativa del Ministerio ya se da por cerrada esa puerta?

–Nosotros no la hemos cerrado, vamos a seguir trabajando, y habrá hitos que tal vez nos hagan tocar más fuerte esa puerta. Pero tenemos que seguir dando pasos y explorando las vías que nos propone la Secretaría de Estado, que van hacia las soluciones de emergencia. El primer paso era presentar alegaciones y ya está hecho, el siguiente es cuantificar el coste que de esas instalaciones de grupos de emergencia. Pero no podemos cerrar esa puerta porque, ¿qué pasaría si no se presentaran empresas a dar ese servicio de emergencia? Hay otro factor y es que no todos los cabildos insulares están de acuerdo en que se excepcione a Canarias porque eso supondría mantener el monopolio, porque sin concurso lo que se va a hacer es ampliar la vida útil de las actuales centrales de Endesa. Cada isla tienes sus vicisitudes y hay que hilar fino.

–¿Qué plazos se barajan para la puesta en marcha de las medidas de urgencia?

–Primero tenemos que presentar los costes al Gobierno de España, que lo apruebe, después nosotros tenemos que decidir qué empresa nos va a dar el servicio en función de las propuestas que nos lleguen a través del proceso de presentación de ofertas que vamos a abrir en unas semanas en la web del Gobierno, y luego la construcción e instalación. Calculamos que una vez que decidamos quién nos va a dar ese servicio, las medidas de emergencia podrían estar en marcha en un plazo no inferior a un año.

–¿Hay otras empresas que hayan mostrado interés?

–Sí. En estos 60 días nos hemos reunido con media docena de empresas inicialmente interesadas en dar este servicio de emergencia.

–¿Entre las medidas previstas a medio y largo plazo está la instalación de sistemas de almacenamiento energético?

–Esa sería una solución a medio plazo. Ya está en marcha en El Hierro de manera efectiva con Gorona del Viento, y está en marcha en obras en Gran Canaria con el salto de Chira. Es otra de las claves que vamos a impulsar, porque si no hay infraestructuras de almacenaje no hay posibilidad de penetración de las renovables. Por tanto, en las islas que sea posible una solución de salto de hidrobombeo la aplicaremos, y en las que no, vamos a avanzar en almacenamiento a través de baterías.

Emergencia energética

«La sociedad canaria tiene que saber el momento en el que estamos, hay mucho desconocimiento»

–¿En que fase está la obra de interconexión por cable submarino entre Tenerife y La Gomera?

–Hemos tenido ocasión de visitar las obras y de comprobar que marchan a buen ritmo. Se está trabajando a toda máquina en Guía de Isora, que es el enganche con tierra de Tenerife. La estimación es que a finales de 2023 estará finalizada la obra y a comienzos de 2024 podrá estar en servicio. La interconexión es otra de las claves. Ahora están conectadas La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura, y está en marcha la conexión entre Tenerife y La Gomera a través del cable más profundo del mundo, y a partir de 2030 está previsto abordar la interconexión entre Fuerteventura y Gran Canaria. Pero de momento no hay soluciones técnicas viables para las otras islas.

–¿La instalación de nuevos grupos de generación va a suponer un frenazo para los objetivos medioambientales marcados?

–Tenemos que poner soluciones para que podamos vivir en esta tierra y eso es lo que vamos a hacer. No podemos desarrollar la vida que conocemos sin electricidad. Lo que sí vamos a intentar es que estas medidas de emergencia, dentro de las posibilidades, utilicen combustibles distintos al fueloil. Vamos a ver qué posibilidades hay, porque para llegar a la ansiada descarbonización necesitamos un periodo de transición y vamos a intentar que estas medidas de emergencia formen parte de ese periodo de transición.

–Mientras tanto, ¿en qué momento se encuentran las energías renovables en el archipiélago?

–Se sigue avanzando. En el último Consejo de Gobierno se aprobaron dos parques eólicos, en el anterior, uno, y en el próximo se aprobarán dos más. Tenemos la maquinaria al máximo. La penetración de renovables en Canarias está en torno al 20%, un nivel muy bajo aún, una situación mala para la que esperábamos estar en 2023. Pero, repito, si no se aplican medidas de infraestructuras de almacenamiento energético esa penetración tampoco nos vale. Pongo un ejemplo: de los parques eólicos que hay en La Gomera solo se aprovecha hasta este momento el 12% de la generación. ¿Por qué? Porque la demanda de la isla es la que es, porque no está finalizado el cable y no hay posibilidad de almacenamiento en la isla. Con lo cual, el resto de la energía que se genera se pierde.

–Con el concurso se abre la puerta a la introducción del gas en Canarias, con el rechazo de algunas islas como Gran Canaria. ¿Estamos hablando de instalar regasificadoras o de suministro de gas licuado a través de buques para alimentar las centrales actuales?

–Estaremos hablando de lo que considere cada cabildo insular, que tienen la competencia en política territorial en su suelo. Vamos a intentar abrir un proceso de diálogo con todos los cada uno de los cabildos insulares y buscar las soluciones que se ajusten más a cada territorio. No descartamos el gas, no podemos descartarlo, es una solución que emite el 20 -30% del actual fueloil y por tanto creo es que una solución posible y viable. Pero en todo caso será una solución que trabajaremos de la mano con cada uno de los cabildos insulares.

–¿A qué se refiere cuando afirma que su propósito es «bajar a tierra» la ley canaria de cambio climático que se aprobó en diciembre de 2022?

–Tenemos una ley de cambio climático que podría calificarse de farragosa, donde el incremento del nivel burocrático es exponencial para las solicitudes que se hacen en cada uno de sus articulados, tenemos una ley que abusa en exceso de las recomendaciones. Nosotros creemos que una ley no está para hacer recomendaciones sino para establecer una normativa que si se cumple tenga efectos y si no se cumple tenga otras consecuencias. Buscamos una ley que acompañe y que haga que cada ver haya más personas convencidas de apostar por avanzar hacia la descarbonización y el respeto a nuestra tierra, y no para que cada haya más personas que se encuentren con un muro burocrático infranqueable. Además, es una ley que se ha aprobado recientemente y ya tenemos un informe de la comisión bilateral Canarias-Estado que establece que hay que hacer modificaciones porque varios artículos pueden ser anticonstitucionales y porque hay una ley estatal que se aprobó después que la canaria y a la que es necesario adaptar. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos que hay que bajar a tierra la ley de cambio climático.

–Otro asunto que depende de su departamento es la polémica granja de pulpos en el Puerto de Las Palmas. ¿En qué fase está ese proyecto?

–Ese expediente se trató en la comisión ambiental de mi primer día como consejero, ya estaba en el orden del día y lo que se decidió es que se pasara a un procedimiento ambiental ordinario, porque estaba en procedimiento abreviado. Ahora se encuentra iniciando los trámites. Lo que se ha hecho es poner el contador a cero de un proceso que ahora va a ser más amplio y con más plazo para la presentación de alegaciones y en el que también habrá más solicitudes de informes a las distintas administraciones.

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