La callada por respuesta, el 'modus operandi' de los ayuntamientos canarios
Los consistorios son responsables de la mayoría de las reclamaciones que los canarios presentan ante el Comisionado de Transparencia
La falta de personal es una lacra que en pleno 2025, está 'sacudiendo' a todos los sectores de la sociedad canaria y las instituciones públicas están lejos de ser la excepción.
Los ayuntamientos canarios son actualmente, el órgano público responsable de la mayoría de las reclamaciones que los ciudadanos canarios presentan ante el Comisionado de Transparencia el Gobierno de Canarias, destacando en 2024 el Ayuntamiento de Fuencaliente con más de 65 reclamaciones presentadas. Al consistorio de La Palma le sigue el Servicio Canario de Salud, quien también lideró las reclamaciones en 2023.
A día de hoy, el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales del Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias ha emitido más de 700 resoluciones en lo que va de año, con el objetivo de dar respuesta dentro del plazo legal de tres meses que establece la normativa vigente.
El 80% de estas resoluciones tienen su origen en el silencio administrativo, que se produce cuando una administración pública no responde a una solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal de tres meses. Al no obtener respuestas en ese plazo, los ciudadanos acuden al Comisionado para que se cumpla su petición.
El 20% restante corresponde a reclamaciones en desacuerdo por la respuesta que se les ha ofrecido o por habérseles ofrecido un expediente que consideran incompleto.
80%
El 80% de las reclamaciones que llegan a las oficinas del Comisionado de Transparencia incurren en el llamado silencio administrativo, al no responder a las solicitudes de información de la ciudadanía en el plazo legal establecido de tres meses.
Según la responsable del Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias, Noelia García, la falta de personal y el exceso de trabajo son las dos principales causas del silencio por respuesta de los ayuntamientos ante las reclamaciones.
El ratio de reclamaciones por habitante en Canarias se sitúa en un 29%, el más alto de toda España, un dato que llama la atención si se compara con el de la Comunidad de Madrid que apenas presenta un 6%.
Preocupados por lo público
Esto presenta para la comisionada una doble lectura. Si bien, que el número de reclamaciones sea tan elevado puede ser un indicativo de que las administraciones no funcionan con la eficacia que sería idónea pero también que los ciudadanos canarios se «preocupan por lo que acontece en lo público» y que en su nivel de prioridades ocupa un lugar elevado estar informados.
Por ello, solicitan a las administraciones correspondientes saber del estado de todo tipo de procedimientos, desde cuestiones como consultas de expedientes sobre obras en la vía pública, el estado del alumbrado o el modelo de recogida de residuos.
Se demuestra así, según García, que la Ley de Transparencia es «cada vez más conocida», y que aunque «todavía queda mucho camino» por recorrer, la población sabe que siendo pacientes y acudiendo al Comisionado, pueden obtener respuestas.
En el proceso para reducir estos problemas de transparencia, la comisionada señala que es fundamental que las entidades entiendan que ser transparente «no es solo una obligación que hay que cumplir» sino que es una característica que va a ser beneficiosa cumplir con ella. «Que se implante esa cultura de la transparencia hará que la entidad tenga mejor fama y transmita más garantías ante los ciudadanos canarios». Para García, la población entiende que haya falta de personal pero le molesta el silencio, el «presentar una reclamación, pasen tres meses y nadie les diga absolutamente nada».
A cambio de lo que sucede con el Diputado del Común, cuyas resoluciones son recomendaciones, las del Comisionado de Transparencia son de obligado cumplimiento, por lo que la entidad obligada a ofrecer la información solicitada solo le quedan dos opciones: aportar la información o acudir a un juicio contencioso.
El actual marco normativo reconoce el acceso a la información pública y obliga a las administraciones a publicarla en sus portales de transparencia, así como a responder las peticiones de información que formule la ciudadanía y entidades.
