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La comisión de Transportes del Senado aprobó ayer una moción del grupo socialista que insta al Gobierno a estudiar el establecimiento de una ruta aérea con Obligación de Servicio Público (OSP) entre Canarias y la península para poder fijar un precio máximo de referencia que frene el aumento injustificado de los billetes.
Con el respaldo a esta iniciativa, que se aprobó sin votos en contra, la Cámara Alta avala la decisión del grupo de trabajo del Gobierno canario y el Ministerio de Transportes, que desde diciembre estudia varias rutas como posibles opciones para aplicar una OSP a modo de experiencia piloto.
El portavoz del grupo parlamentario socialista, Manuel Fajardo, aseguró en su defensa de la moción que el año 2023 es el «momento idóneo» para obtener la necesaria autorización de Bruselas para aprobar una OSP con la península, que considera justificada por singularidad del archipiélago, porque coinciden dos circunstancias favorables: Canarias preside hasta noviembre la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y España asume a mitad de año y hasta diciembre la presidencia de la Unión Europea.
El senador socialista recordó que ya en 2020 un informe de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe en el que se constataba la subida de precios de los billetes a partir de la entrada en vigor de la bonificación del 75% a los pasajeros residentes.
«Ese incremento del precio medio tiene un efecto desestabilizante en la demanda entre los ciudadanos no residentes con evidente impacto en el turismo nacional», señaló, «y el objetivo de esta moción es impedir precios abusivos e incrementos injustificados, que además generan un efecto perverso sobre las bonificaciones al transporte», añadió.
Por su parte, el senador popular Antonio Alarcó compartió la conveniencia de establecer una ruta OSP para controlar el incremento de las tarifas aéreas, pero propuso dos enmiendas de adición en las que planteaba que el proceso se haga con la máxima celeridad y que para su puesta en marcha se reclamen a la UE las ventajas legales derivadas de la ultraperificidad. Proponía además el PP que mientras se autoriza la OSP el Gobierno ponga en marcha «medidas eficaces» para evitar el aumento desproporcionado de precios.
El PSOE rechazó las enmiendas del PP por entender que «las prisas son malas consejeras y más cuando estamos hablando de una posible colisión entre el derecho nacional y el europeo», indicó el senador Fajardo. Señaló que todo lo que tiene que ver con la libre competencia es «muy complicado» y apostó por ajustarse a lo que propone la moción.
«Debemos hacer un estudio pormenorizado a través del proyecto piloto para poder llegar a conclusiones efectivas que trasladar a la UE para dar lugar a la declaración de OSP», añadió el parlamentario socialista. Respecto a las medidas a aplicar mientras tanto que pedía el PP, Fajardo aseguró que si se pudiera fijar un precio máximo sin ajustarse al acervo normativo comunitario «ya se hubiera hecho».
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