Román Rodríguez asegura que Canarias ejecutará los 630 millones de React EU

El vicepresidente detalló el destino de esos fondos europeos, de los cuales el 57% serán para reforzar los servicios públicos y el 42% a sostener los sectores económicos y de los que la mitad se ejecutarán en 2021 y la otra mitad en 2022 y 2023.

A sanidad se destinarán 170 millones de euros, a educación 130 , a turismo 75, a promoción económica de pymes y autónomos 66, a políticas sociales 62, al Servicio Canario de Empleo 20, a la Agencia Canaria de Investigación 20, a seguridad y emergencia 20, a patrimonio 20, a asistencia técnica 17, a administración electrónica 10, a eficiencia energética 3,7 y a universidades 1,5 millones.

Esta es la programación acordada entre el Gobierno canario y el central de los fondos React EU, que se distribuyen a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo Social Europeo (FSE), pero aún está pendiente la aprobación definitiva por parte de la Comisión Europea y del Consejo Europeo de los respectivos planes de recuperación de los países miembros, aclaró Román Rodríguez.

No obstante, indicó que el Gobierno de Canarias puede afectar gastos con cargo al React EU desde febrero de 2021 al 31 de diciembre de 2023 y de esa manera ya ha dispuesto ayudas directas a pymes y autónomos por 84 millones de euros que pretende endosar a esa financiación europea.

Román Rodríguez destacó que los 630 millones de euros para Canarias son el 6,3 por ciento del total de fondos que corresponden a España, dos puntos más que su porcentaje de población, lo cual ha sido posible porque se ha tenido en cuenta el mayor daño sufrido por la economía de las islas durante la pandemia y su condición de región ultraperiférica.

Para garantizar la gestión del React EU y de los fondos del mecanismo de recuperación, aún no distribuidos, el vicepresidente subrayó que el Gobierno de Canarias «ha llevado al límite» de lo permitido por la legislación la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos.

Destacó que además de estos fondos europeos, el Estado ha asignado a Canarias 1.144 millones de euros en ayudas directas a empresas y pymes, lo que significa que Canarias cuenta para este cometido «más que nadie y más que nunca», enfatizó.

La diputada de CC-PNC Rosa Dávila mostró su preocupación por la capacidad del Gobierno de Canarias para ejecutar 630 millones de fondos europeos en tres años o los 1.144 millones de ayudas estatales a los sectores económicos, a la vista de que de los 84 millones de ayudas directas a pymes y autónomos solo ha adjudicado 11 millones desde febrero.

«Mucho nos tememos a que esas ayudas se han diseñado de manera que obligan a las empresas a una carrera de obstáculos en la que es imposible llegar», lamentó Dávila.

El retraso en la habilitación y gestión de los fondos europeos sin una simplificación de mecanismos administrativos y sin una estrategia clara puede llevar a que lleguen antes las subidas de impuestos y los ajustes a que obligará la UE como condicionalidad a esta financiación, dijo Dávila.

También lamentó que en el plan de recuperación presentado por España a la consideración de las instituciones comunitarias no se menciona a Canarias como región ultraperiférica ni se prevén políticas diferenciales para las islas.

Otra de las críticas de la representante nacionalista es la falta de peso que se ha asignado al sector turístico en el mecanismo de recuperación.

El diputado del PP Fernando Enseñat denunció «la dejadez, el pasotimos y la insensibilidad» que su juicio tiene el Gobierno de Canarias con los malos momentos que atraviesan las empresas y los ciudadanos, de manera que dentro de los 84 millones de ayudas directas a pymes y autónomos solo se han adjudicado 17.000 de las 40.000 peticiones.

Según Enseñat, eso se debe a que para acceder a esas ayudas, se exige que las pymes y autónomos no pueden tener deudas ni con la agencia tributaria ni con la seguridad social, por lo que pidió a Román Rodríguez que elimine esas restricciones.

El vicepresidente acusó al diputado del PP de demagogo, puesto que sabe que el requisito de no tener deudas con Hacienda y la Seguridad Social para acceder a subvenciones es una norma estatal que se basa a su vez en la normativa europea así que instó a su partido a que si quiere cambiarlo lo haga en las Cortes.

Rodríguez indicó que lo que ha hecho el Gobierno de Canarias es «simplificar al máximo» las cosas a las empresas, al permitirles acceder a las subvenciones con una declaración responsable de que carecen de esas deudas, algo que la propia administración comprueba con posterioridad, de manera que no tienen que presentar ningún papel para justificarlo.