12M: independentismo y amnistía

Cataluña tiene nítidas particularidades políticas respecto al conjunto del Estado. Con un Parlament muy plural al que han accedido ocho fuerzas políticas (frente a las tres con representación en el de Galicia o las seis en el caso de Euskadi) y una importante presencia de partidos territoriales; y el PSC/PSOE como gran referencia estatalista, aunque con sensibilidad catalanista.

Y, aunque algunos pretendan no reconocerlo, los resultados de estos comicios de mayo confirman que ha funcionado la política de reconciliación, diálogo, mano tendida y búsqueda de una salida -inicialmente desde los indultos y ahora desde la amnistía que sigue su camino en las Cortes- a un prolongado conflicto. Aunque aún quede mucha senda por recorrer.

Tras doce años de mayoría absoluta del independentismo (consiguiendo 74 escaños en las elecciones de 2012, 72 en las de 2015 y 2017 y 74 en las de 2021), esta se quebró el 12M. Solo 59 escaños, 61 si se incluyen los de Alianza Catalana, formación xenófoba y extremista con la que nadie dice estar dispuesto a pactar. Por tanto, muy lejos de los 68 que suponen la mayoría absoluta.

El retroceso del bloque soberanista -que queda en el 43% de apoyos, cuando llega suscitar más del 50%- tiene que ver, especialmente, con el desplome de su sector de izquierdas, ERC, que pierde 13 diputados, y la CUP, que pasa de 9 a 4; conjuntamente retroceden algo más de 240.000 votos.

Mientras que el independentismo de derechas que representa Junts y la candidatura del ex president Carles Puigdemont aumenta tres actas; y el de extrema derecha -que compite con Vox en discurso anti migratorio y en xenofobia- irrumpe con dos. Ese espacio crece globalmente en unos 220.000 sufragios.

El crecimiento del conservadurismo también se produce en el bloque estatalista, con el significativo aumento del PP en 233.000 votos, en buena parte por absorber todo el anterior apoyo electoral de un Cs que pasó de 158.000 a 22.000 votos y de seis a cero escaños (0,7%). Y, también, aumenta el peso de la extrema derecha, con un Vox que sube ligeramente en votos, del 7,5% al 7,96%, con un total de 248.554 sufragios. Aunque la derecha y la extrema derecha españolista mejoran, suponen solo el 20% de los votos de la comunidad.

El PSOE pasa de 652.858 a 872.959, es decir, sube en más de 220.000 papeletas y alcanza el 28% frente al 23% de 2021. Tras su leve subida en los comicios de Euskadi en abril, este resultado, mucho más rotundo, le ayuda afrontar las europeas del próximo mes de junio. Mientras que los comunes resisten; pese a la pérdida de dos escaños, pasando de 8 a 6, con 12.800 votos menos que en 2021, teniendo en cuenta, además, que Podemos ya no apoya a Comuns Sumar. En el bloque estatalista, las izquierdas también crecen respecto a las anteriores autonómicas y aventajan a las derechas en más de 463.000 sufragios.

Otro elemento, en este caso suficientemente pronosticado y poco o nada sorprendente, es la definitiva desaparición de Ciudadanos. La formación que ganó en 2017 con más de un millón cien mil votos (25,4%), que pasó a 157.000 en 2021 y que ahora apenas ha superado las 22.000 papeletas, quedando fuera del Parlament al alcanzar solo el 0,7% de los sufragios.

Podríamos decir que hoy el Parlamento de Cataluña es hoy menos independentista que hace tres años y, en sintonía con lo que viene sucediendo en Europa en la etapa más reciente, también menos de izquierdas que entonces, aunque las formaciones que se reclaman del espacio progresista siguen siendo mayoritarias en votos y en escaños.

Por otra parte, cabe destacar que el reiterado discurso de Alberto Núñez Feijoo y el PP acusando a Pedro Sánchez de ser «una fábrica de independentistas» es una proclama partidista fundada en falsos contenidos que desmienten los datos: hubo muchos más soberanistas cuando gobernaba el PP o cuando las únicas políticas fueron las de la confrontación, el recorte del Estatut o la aplicación del 155.

La tan polémica amnistía promovida por Sánchez y el Gobierno de progreso -pese al enorme ruido mediático y político de las derechas- parece haber servido para sosegar los ánimos y abierto puertas al diálogo y a la negociación, aunque no cabe pensar que las soluciones serán fáciles ni inmediatas. Y ha beneficiado electoralmente a los partidos estatalistas, también a los conservadores.

De momento, el posible nuevo Gobierno tendrá que esperar. Al menos hasta después de las elecciones europeas de junio. Con obligados cambios en los interlocutores tras la crisis abierta en ERC y la retirada de Aragonés. Plantear como hace Puigdemont un Gobierno independentista resulta antagónico con lo que dijeron las urnas: no tiene suficiente apoyo ciudadano. Con los resultados del 12M, lo más coherente (y posible en números) es un Gobierno PSC-ERC-Comuns, es decir, un Ejecutivo progresista y transversal. O una indeseable repetición de elecciones. Uno de los referentes históricos de ERC, el exdiputado Joan Tardá, ha sido claro al señalar que «el republicanismo no debe caer en la tentación de retirarse a los cuarteles de invierno. Debe ser determinante en la gobernanza del mayor número de instituciones del país y, principalmente, en la Generalitat, en una relación de colaboración con las fuerzas de izquierdas en el marco de una oposición constructiva o de otras fórmulas».

Si no hay bloqueo, el primer reto del nuevo Ejecutivo será, sin duda, el espinoso asunto de la financiación. Una tarta común, la de la financiación autonómica de las comunidades de régimen común, en la que cualquier cambio afecta al conjunto de las nacionalidades y regiones. Y en la que se pueden efectuar correcciones, pero no plantear privilegios que favorezcan a los que más tienen ni, tampoco, implementar bajadas de impuestos a los más ricos, como han hecho los gobiernos de Madrid o el Ejecutivo conservador de Canarias. La Fundación Alternativas cifra en 5.719 millones de euros lo que las comunidades autónomas dejaron de recaudar en 2022 por esas rebajas, de los que más del 25% corresponde a Madrid, indicando que estas «se han centrado en la imposición sobre la riqueza, beneficiando especialmente a los ciudadanos con más recursos». Además, los presupuestos de 2025 también pueden estar condicionados a cómo se solucione la gobernabilidad de Cataluña.

Estamos hablando de una comunidad con más de 8 millones de habitantes y que supone casi el 20% del PIB estatal. En la que se han producido modificaciones muy importantes en su ecosistema socioelectoral que afectan, de distinta manera, a sus diferentes actores políticos. Como bien señala el periodista Enric Juliana, el resultado electoral del 12M pide tiempo de maceración. Una maceración que no completará su proceso hasta bastante después del 9 de junio y que abrirá, con toda probabilidad, una nueva etapa tras unas elecciones que dejan también su estela en el panorama político estatal; y en la que las organizaciones progresistas, sea cual sea su ámbito, deben estar a la altura de las circunstancias frente al avance del conservadurismo y de la ultraderecha.