Rodríguez propone al Parlamento un rechazo firme a la inclusión del REF en la financiación autonómica

El vicepresidente canario asegura que no permitirá otro atropello a Canarias como el cometido en 2009 con la última reforma del sistema

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, exhortó hoy al Parlamento a rechazar con firmeza cualquier agresión al fuero del Archipiélago en la reforma del sistema de financiación autonómica, especialmente la inclusión de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) como parte del mismo.

Rodríguez, que se mostró convencido de la unanimidad de la Cámara en la defensa de los derechos del Archipiélago recogidos en el Estatuto de Autonomía y el propio REF, subrayó que Canarias no puede dar un paso atrás en esta materia y que la propuesta lanzada por el Ministerio de Hacienda «contará con el rechazo de todos» si no es modificada.

El vicepresidente recordó que el Gobierno de Canarias cometió un grave error en la última reforma del sistema el año 2009, que se ha traducido en una pérdida de 5.000 millones de euros en ocho años.

Rodríguez explicó que el Ejecutivo autónomo, además de rechazar los impuestos del REF en el sistema, exigirá la continuidad de la no devolución del extinto Impuesto sobre el Tráfico de Empresas (ITE), así como el mantenimiento del actual peso de la insularidad y el ajuste del criterio poblacional en función de la renta, el desempleo o la pobreza.

El vicepresidente insistió en que lo mejor para Canarias es salir del régimen común de financiación autonómica y que aunque será muy complicado alcanzar ese objetivo «lucharemos por establecer un régimen bilateral con el Estado.

La financiación autonómica supone el 70 por ciento de los ingresos que recibe Canarias anualmente para la ejecución de las competencias que tiene transferidas la Comunidad Autónoma, por lo que «sin ella, directamente, no hay autogobierno», dijo el vicepresidente, quien advirtió de la dificultad de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes que integran un estado complejo y compuesto como el de España.

En cualquier caso, el vicepresidente aseguró que será beligerante en la defensa de los derechos de Canarias, que defenderá «con todas las consecuencias».

Participación social para reconstruir La Palma

Por otro lado, Rodríguez respondió a una pregunta sobre la reconstrucción de La Palma, de la que dijo que precisará de la mayor participación política y social posible para «repensar el modelo futuro de la isla» desde criterios de sostenibilidad y mayor eficiencia».

En ese proceso, añadió, deben sentarse todas las administraciones en la misma mesa para fijar la mejor organización posible del proceso, «algo que me preocupa más que la captación de recursos».

El vicepresidente indicó que la propuesta de reconstrucción está en marcha, si bien aconsejó diferenciar el ámbito de la respuesta a la emergencia de aquél.

En relación al primero de los puntos, Rodríguez consideró que el Ejecutivo canario ha realizado una buena valoración de los daños provocados por el volcán hasta el momento -842 millones de euros- a la que se suma la evaluación de los departamentos de la Administración del Estado, con lo que el total comunicado a Bruselas por el Gobierno de España en una solicitud firmada el 3 de diciembre para la activación del Fondo de Solidaridad de la UE asciende a 862,6 millones de euros. El Fondo sufragaría el 2,5% de este importe.

Plazos del Fondo de Solidaridad

La Comisión Europea deberá ahora evaluar si se cumplen las condiciones dentro de un plazo de 6 semanas desde que la documentación esté completa, lo que puede dilatar el inicio del cómputo del plazo si fueran necesarios diversos intercambios de información.

Posteriormente, la decisión de utilización del Fondo será adoptada conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo quienes deberán poner a disposición los créditos.

A continuación, la Comisión adoptará una decisión por la que se concede la contribución financiera del Fondo y abonará la misma inmediatamente en un solo pago al Estado beneficiario. Si se ha pagado un anticipo, solo se abonará el saldo restante.

En la solicitud presentada por el Gobierno de España se pide precisamente un anticipo de los fondos.