El retraso en las licencias genera un sobrecoste de hasta 9.000 euros en el precio de la vivienda

El retraso indebido que denuncian los constructores en la concesión de licencias de obra mayor por parte de los ayuntamientos canarios -que se demoran una media de año y medio cuando el plazo reglamentario es de tres meses- genera pérdidas al promotor que se traducen en un sobrecoste de entre 5.000 y 9.900 euros en el precio final de cada una de las vivienda de la promoción afectada. Así lo denunció este lunes la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil, tras recabar datos del coste los retrasos acumulados en diferentes municipios.

«Ese sobrecoste está calculado sobre una demora de la licencia de doce meses, pero en ocasiones tarda mucho más», señala, «con el consiguiente perjuicio para el promotor y para el ciudadano, que ve como se incrementa el precio de la vivienda a consecuencia de la ineficiencia de la Administración pública», añade.

Ante la falta diligencia de los ayuntamientos a la hora de cumplir con plazos y llevar a cabo los trámites, la AECP anunció la semana pasada que ya estudia fórmulas para solicitar responsabilidad patrimonial a los dirigentes municipales por el incumplimiento sistemático de la normativa, una iniciativa que la Federación Canaria de Municipios (Fecam) considera una «salida de tono», porque entiende que supone culpar a los funcionarios de los efectos de una maraña burocrática que les desborda.

«Nosotros no estamos planteando pedir que sean los funcionarios los que respondan con su patrimonio para compensar las pérdidas de los retrasos, sino los responsables políticos municipales», aclara Gil, «porque quienes deben responder son los que se presentan a las elecciones para resolver los problemas», añade.

En cuanto a la reacción de la Fecam ante las denuncias de los constructores, la presidenta de AECP considera una buena noticia que «por primera vez los municipios se impliquen en el asunto, porque son los ayuntamientos los que crean el problema a los ciudadanos y hasta ahora siempre se han puesto de lado». Recalca también que en su respuesta, la Fecam reconoce de forma explícita la situación de retraso de las licencias y que existe un exceso de burocracia que lastra el funcionamiento administrativo.

«Nos están dando la razón», señala, «lo que no veo ni antes ni ahora son propuestas ni iniciativas, no vale con decir que la culpa la tiene la burocracia, adoptar una actitud pasiva y lamentar que no puedan dar respuesta al problema, hay que tener predisposición a solucionarlo, igual que los empresarios tenemos que superar cada día los obstáculos que nos ponen», recalca.

Para Gil, la vía que plantea la federación de municipios -crear un comité de expertos para simplificar los trámites de manera que cuando los expedientes lleguen al técnico municipal solo tenga que comprobar que están todos los documentos sin tener que comprobar que cumpla todas las normas- no pasa de ser un brindis al sol.

«Eso debería estar pasando ya, lo hemos pedido muchas veces, pero de comités de expertos está el cielo lleno», señala, «que se dejen de comités, porque todo está reglado y tasado, lo que hay que hacer es gestionar y planificar», añade.

Como parte del problema señala también la rigidez de la ley de función pública, que impide a la Administración reestructurar las plantillas de funcionarios para «sacarlos de donde sobran y llevarlos a donde hacen falta», con el fin de poder agilizar los procesos que están estancados por el exceso de normativa y la insuficiencia de personal en algunos departamentos.

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