Los grupos no presentaron enmiendas a la totalidad, por lo que la ley continúa su curso con las parciales. / EFE

La Ley de Renta de Ciudadanía pasa el primer filtro del Parlamento, pero necesitará «mejoras»

El mecanismo del Gobierno, que sustituirá a la actual PCI, pretende llegar a 40.000 personas una vez se implementen todas sus fases

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

La Ley de Renta de Ciudadanía era «necesaria». Hubo consenso este miércoles entre los grupos parlamentarios en que la iniciativa del Gobierno de Canarias debía materializarse para dar mayor cobertura al gran número de familias en situación de pobreza y riesgo de inclusión social, aunque la redacción del texto sí pasó por el corrector de la oposición, que plantearon algunas mejoras.

Sin ninguna enmienda a la totalidad presentada ayer, la ley sigue su curso en el trámite parlamentario. La renta, que lleva desde 2020 a la espera, se prevé que pueda empezar a implementarse en la segunda mitad de este año, según los cálculos de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana.

Explicó durante su intervención que la prestación está dirigida a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad con la intención de dotarlas de unos ingresos mínimos para hacer frente a cuestiones como el pago del agua, la luz o la cesta de la compra.

Así, se pretende llegar a 40.000 personas en todo el archipiélago una vez se haya implementado al 100%.

Entre estas se encontrarían los actuales beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), alrededor de unas 10.800 personas que pasarían automáticamente a formar parte sin necesidad de realizar ningún otro trámite.

Las principales críticas

  • Retraso. Apunta la oposición que la ley debería haberse aprobado 18 meses después desde la Ley de Servicios Sociales, según el Estatuto de Autonomía.

  • Falta de ambición. Se plantearán algunas correcciones con respecto a la ficha financiera y ajustes para que la prestación no desincentive la inserción laboral.

  • Recursos. Pese a que el Gobierno asegura que asumirá el peso de los trámites, varios partidos aún ven un gran peso en la gestión de los ayuntamientos.

  • Burocracia. La necesidad de subsanar sobre la excesiva telematización de los trámites y su simplificación también fue señalada en el Parlamento.

Entre los ajustes señalados por el Grupo Mixto, Vidina Espino destacó la necesidad de ajustar la actualización anual de la prestación al elevado índice de inflación o los plazos establecidos para desestimar una solicitud por silencio administrativo, teniendo en cuenta «los dilatados tiempos de respuesta».

Ricardo Fernández de la Puente añadió la posibilidad de cumplimentar planes de inserción laboral, en una línea aparentemente similar con la traza por Poli Suárez desde el PP, quien pidió que la prestación no se convirtiera en una «paguita». En este sentido, insistió en que la renta ciudadana debe atender a necesidades reales: «Tenemos que dar derechos, pero también deberes», sentenció.

Los inconvenientes de la gestión también fue un tema recurrente por los grupos. En concreto, Coalición Canaria señaló que con la renta se tendrán que hacer dos trámites en lugar de uno y de forma telemática cuando existe una gran brecha digital en las familias vulnerables.

Su portavoz en el parlamento, Cristina Valido, también se sumó a las quejas sobre el peso que soportarán los ayuntamientos, pese a que la consejera aseguró que la mayor parte de la burocracia caerá en la Comunidad Autónoma.

«Lo que queremos es que esos servicios sociales se liberen de pilas de documentos y salgan a la calle a trabajar en el itinerario de inclusión de las familias», dijo.

Frente a las declaraciones sobre que se trata de una PCI mejorada, que han sido constantes durante el desarrollo de la ley, Santana recordó al comienzo de su intervención que la prestación ha sido modificada hasta en cuatro ocasiones con la intención de que «se pareciera lo más posible» a la renta y fuera un «puente».

Un «hito» para Canarias

El resto de grupos del pacto coincidieron en que la aprobación de la ley será un hito en la historia de Canarias para que las personas vulnerables puedan vivir con «dignidad».

Celebraron, así, como principales logros, la ampliación de la cuantía para los beneficiarios, que en el caso de una familia con dos progenitores y dos menores supondría hasta 160 euros más.

La horquilla se moverá entre un mínimo de 517 euros, en caso de una unidad familiar unipersonal sin discapacidad, hasta los 1.100 euros para una familia numerosa de 4 hijos y dos progenitores.

Además, desaparecen las renovaciones y el límite de tiempo, por lo que las personas seguirán recibiendo la prestación siempre que sus condiciones sean de riesgo y sin necesidad de rehacer los trámites.

Lo que sí sucederá, aclaró Santana, es que se procederá a hacer revisiones para constatar que los beneficiarios se encuentran en la misma situación.

Por otro lado, la intención de la consejería es añadir una serie de complementos. Entre ellos, el de vivienda, permitiendo acceder a espacios en mejores condiciones; el de las pensiones no contributivas, dotándolas de mayor cuantía y continuidad; el de las rentas del trabajo, para profesiones precarizadas; o el de los estudios, para garantizar el acceso a la educación superior.