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El Parlamento de Canarias quiere saber de qué manera se puede optimizar el Régimen Económico y Fiscal (REF), y el economista Antonio Olivera, exconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y actualmente director de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres, ha propuesto este lunes la «autogobernanza« de Canarias del REF a partir de un beneficio fiscal global que se negociaría con el Estado. Otra figura que se podría barajar, y sería el paso previo a la futura autogestión, sería la creación de un consorcio Estado-Canarias, similar al que ya existe para la Zona Especial Canaria (ZEC) pero con participación paritaria de ambas administraciones.
«Planteo la autogestión como elemento aspiracional, hay que convencer al Estado de que es un buen modelo».
Así lo explicó Olivera a los miembros de la comisión de estudio del Parlamento sobre la revisión del Régimen Económico y Fiscal, en la que también intervino en esta sesión José Miguel Ruano, ponente de la reforma del Estatuto de Autonomía y experto jurista en la materia.
Partiendo de la base de que «toda la vida« va a haber que explicar fuera de Canarias nuestras singularidades y la razón de ser del REF, el experto abogó por una autogestión, «una aspiración» que tildó de «posible» siempre dentro del respeto a la normativa básica del Estado y de la Unión Europea.
En realidad, Antonio Olivera realizó a los parlamentarios presentes en la comisión de estudio del REF una serie de planteamientos que convencieron a priori por lo prácticos y realistas.
El modelo que propone Olivera sería negociar con el Estado un beneficio fiscal global para Canarias y que a partir de ahí las decisiones fiscales concretas se adoptaran en las islas, «sin necesidad de estar negociando recurrentemente».
El problema, según Olivera, es que el REF ha sido concebido históricamente como una concesión del Estado, en lugar de una herramienta propia de autogestión.
Por eso ha insistido en la importancia de asumir un mayor control y autonomía en la gestión del REF en lugar de estar «en una lucha constante con el Estado por cada modificación».
También abundó en algo en lo que muchos otros ponenetes, como José Miguel Ruano, coinciden: «El REF y el sistema de financiación deben estar completamente separados».
En todo caso, la posible reforma del REF debería encaminarse a la recuperación de la productividad, tanto del trabajo como del capital, estancada desde 1994, año precisamente de la creación del REF, siendo casualidad pero no causa, según Olivera.
El economista detalló que históricamente los empresarios canarios han preferido invertir en bienes tangibles frente al talento o la tecnología, dejando en manos del sector servicios casi exclusivamente la economía canaria.
Canarias hay una «mala cultura empresarial» y «el personal está quemado», lo cual habría que revertir con «formación» y «capacitación de trabajadores y directivos, en todas las escalas».
Tradicionalmente, dijo Olivera, el empresario canario ha preferido invertir en un local comercial que en un software, lo cual considera un error. El REF «permite hacer inversiones relevantes» más allá de los bienes tangibles, pero hay que cambiar de mentalidad.
La intervención de uno de los mayores expertos en el Estatuto de Autonomía de Canarias, José Miguel Ruano, sirvió para dejar claro a la comisión del Parlamento de Canarias que estudia una posible modificación del REF que lo más importante «es el fuero, y no el huevo», un fuero que se remonta a la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla, de ahí la disposición adicional en la Constitución española, señaló. Con estas palabras, Ruano, exportavoz de CC en el Parlamento de Canarias y actualmente vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, doctor en Derecho y ponente de la reforma de Estatuto de Autonomía, dejó claro que hay que centrarse en que el Estado español respete las previsiones del Estatuto de Autonomía para su modificación, que deben negociarse con la Comunidad Autónoma en caso de discrepancias.Ruano explicó a los parlamentarios que cualquier modificación del REF debe respetar el artículo 167 del Estatuto de Autonomía: no solo debe ser preceptivo un informe del Parlamento regional, sino que en caso de ser desfavorable se negocien las diferencias en una comisión bilateral Estado-Canarias, aunque las Cortes siempre tendrán la última palabra. Para ello es imprescindible que el Estado aborde las modificaciones del REF en proyectos de ley o proposiciones del ley específicas, no mediante leyes heterogéneas de distintas materias o leyes ómnibus, o en la ley de presupuestos estatales.
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