Catalá: «No es razonable que el caso Mascarillas esté en Bruselas»

-¿Considera suficientes las medidas que se han adoptado para descongestionar los órganos judiciales, o echa algo en falta?

-La sobrecarga en los juzgados se atiende de dos maneras: medidas coyunturales con refuerzos y las estructurales con la creación de más órganos judiciales. La ampliación de la planta judicial siempre es complicada porque, primero no hay capacidad económica, y luego porque no hay jueces suficientes. Son profesionales que se incorporan después de estar tres o cuatro años preparándose unas oposiciones, luego van a la Escuela Judicial para terminar haciendo prácticas. No es una bolsa de trabajo común.

-En clave canaria, el caso Mascarillas ha sido asumido por la Fiscalía Europea. ¿Cómo valora esta decisión?

-Conozco la Fiscalía Europea porque en mi tiempo de ministro trabajamos para su creación y la designación del fiscal español. Es una institución muy vinculada a delitos que afecten al interés comunitario y el hecho de que haya fondos europeos en la financiación de esas compras, no sé si es causa suficiente para sacar el procedimiento de los tribunales canarios. La Fiscalía Europea nace con un compromiso de fortalecimiento de las instituciones continentales, pero no creo que sea razonable que asuntos penales 'cotidianos', entre comillas, que tengan que ver con causas de corrupción, se le saque la competencia a los tribunales ordinarios. No me parece razonable ya que la Fiscalía Europea desarrolla un papel relevante, pero hay que engrasar su funcionamiento para que no distorsione el papel cotidiano de los juzgados españoles. ¿Si esta causa no tuviese fondos europeos seguiría siendo llevada por un juzgado de instrucción? Pues sí, por lo que no tiene sentido que se la lleven a Bruselas.

-¿Cómo se puede explicar al ciudadano casos como la salida en libertad provisional del acusado del crimen de Romina Celeste?

-Es un caso muy llamativo, con un gran impacto mediático y social que debería haberse tratado con una especial sensibilidad. También se deberían haber articulado indicadores que avisaran de que los plazos se estaban agotando. Que un caso de esta naturaleza, que en cuatro años no se haya podido enjuiciar, es sorprendente, aunque han pasado muchas cosas por el camino. Ahora me parece muy bien que el TSJ de Canarias revise la situación para aprender de cara al futuro y adoptar medidas en situaciones similares. Sería una gran frustración que el acusado pudiese eludir la acción de la Justicia al encontrarse en libertad provisional.

-Las islas lideran las tasas de litigiosidad en el país desde que usted era ministro hasta el momento. ¿Por qué?

-Las tasas de litigiosidad tienen que ver con la realidad social y económica del territorio. Aquí en Canarias hay una gran actividad económica y, además, estamos en un territorio singular e insular. Dotar de forma adecuada la planta judicial es una manera para mejorar el funcionamiento de la Justicia y también la implantación efectiva de otros mecanismos como es la mediación, que aliviaría de trabajo a muchos juzgados. El conflicto forma parte de la vida y el mismo no tiene por qué acabar siempre en un juzgado. Muchas veces hablamos de la Justicia en términos críticos por la duración excesiva de los procesos, por su politización... pero cada vez que tenemos un conflicto, vamos a los tribunales. Los jueces profesionales nos dan confianza. Pero en cuestiones como la mediación, por ejemplo, la labor más importante la desarrollan los abogados que tienen que explicar a sus clientes que existen otras herramientas.

-Usted acaba de aludir a la «politización de la Justicia». ¿Cree que está en su peor momento de salud con todas las polémicas suscitadas alrededor del CGPJ?

-Creo de forma firme que la Justicia española es rabiosamente independiente. Que los 5.500 jueces que la conforman son independientes cuando resuelven un asunto. Nadie le dice a un juez jamás cómo lo tiene que resolver. En absoluto. Luego está la parte institucional, la del CGPJ, donde el modelo actual hace que los partidos propongan a sus miembros. Ahí se hace un daño tremendo a nuestra imagen con las polémicas como la no renovación del Consejo, las etiquetas de magistrados conservadores y progresistas, la modificación de leyes para impedir que el CGPJ cumpla sus funciones y presionar al PP para su renovación, el Tribunal Constitucional... Han sido muchos errores del Gobierno que, en vez de buscar el diálogo y la mediación, ha pretendido imponer por la vía de la mayoría parlamentaria sus ideas. Una mayoría, además, compuesta por grupos radicales y extremistas que lo que buscan es la ruptura de nuestro modelo constitucional y la ruptura de la unidad del país. El PSOE no ha tenido los mejores socios y ha hecho mucho daño a la imagen de la Justicia, no a su independencia.

-Polémicas en el CGPJ, como usted menciona, que ya se vivieron en su momento en la Fiscalía General del Estado.

-Cierto, las reformas en la Justicia tienen que venir con el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial y la autonomía de la Fiscalía y el Gobierno no ha caminado en esa dirección designando como Fiscal General de Estado a una persona -Dolores Delgado- que ocupaba un espacio en la mesa del Consejo de Ministros. O cuando Pedro Sánchez declaró en una entrevista que la Fiscalía dependía del Gobierno.

-¿Qué opinión tiene acerca de la ley del 'Solo sí es sí'?

-Una de las leyes más delicadas es el Código Penal que plantea sanciones ante comportamientos impropios y hay que medir bien la respuesta en las condenas. La reforma del Código Penal tiene que estar asesorada por expertos no ideologizados que conozcan en profundidad el derecho penal y el procesal. Puede haber orientación política, pero la articulación técnica la deben de hacer los expertos y creo que eso es lo que ha fallado radicalmente. En vez de pedir dictámenes a los órganos de asesoramiento, han hecho una ley política creyendo que iban a defender mejor los derechos de las mujeres y la paradoja es que, en su aplicación práctica, se han excarcelado y rebajado condenas a condenados por delitos sexuales. Lo que se ha hecho es una barbaridad, de una gravísima iresponsabilidad política, agravado con el hecho de que no han dado la cara reconociendo el error y corrigiéndola. Han pecado de soberbia en la aplicación de esta maldita ley.