Rayco González, dueño de RR7 United, tampoco declara en comisión parlamentaria por la compra de mascarillas

El empresario Rayco González, administrador único de RR7 United SL, la compañía que vendió al Servicio Canario de la Salud un millón de mascarillas falsas por 4 millones de euros, tampoco ha declarado en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias.

González se une así a la lista de comparecientes citados por la comisión parlamentaria que optan por hacer uso de su derecho a no declarar.

Desde que se constituyó apenas han respondido a las preguntas de los diputados quienes formaban parte del comité de expertos creado por el Gobierno de Canarias durante la pandemia, Lluís Serra y Beatriz González López-Valcárcel, así como el fundador de One Airways, Óscar Trujillo.

También respondió Carlos Sánchez Muñoz, CEO de la empresa ACJ, una de las principales suministradoras de material sanitario al Servicio Canario de la Salud (SCS).

Rayco González ha rehusado este lunes hacer uso de su primer turno de intervención por un tiempo de 10 minutos y ha declinado contestar a las preguntas formuladas por los diputados, a excepción de las del portavoz de Vox, Nicasio Galván, la mayoría de las veces asintiendo o negando con la cabeza.

Bajo esta segunda fórmula ha asegurado desconocer quién era el contacto en el SCS de otro de los intermediarios investigados en la presunta trama del 'caso mascarillas', Lucas Cruz, quien le dijo a Rayco González la célebre frase «vamos a forrarnos hermano».

La única vez que ha roto su silencio en la comisión de investigación ha sido para explicar que una entidad bancaria le exigió retirar el dinero que tenía pendiente en su cuenta e intentó abrirla con el mismo nombre en otra entidad.

Por lo demás, ha asentido como respuesta a las preguntas del diputado de Vox sobre si algo no le cuadraba con las modificaciones pactadas del contrato de suministro de ese millón de mascarillas y si como empresario no hubiera operado como hizo el SCS, adelantando el dinero y concediendo una segunda oportunidad.

Los diputados de Vox, PP y CC han intentado sin éxito que el administrador único de RR7 dijera «todo lo que sabe» en vista de que «algunos» quieren convertirlo en «cabeza de turco», tal y como le ha advertido el diputado José Alberto Díaz Estébanez (CC).

Díaz Estébanez ha subrayado que «en esta historia hay muchas cosas que no sabemos, y de las que nos podría ayudar a desvelar», y le ha pedido, sin éxito, que al menos conteste «de forma no verbal» a la pregunta de si se ofreció o le ofrecieron desde el SCS el contrato del millón de mascarillas pese a no tener experiencia previa en el ámbito sanitario.

También le ha preguntado si esas mascarillas que «nos dijeron que fueron destruidas» no las acabó «recolocando en algún otro lugar», y si parte de esos 4 millones abonados por el Gobierno de Canarias, en concreto 1,3, corresponden a comisiones.

Por último, se ha interesado por si el empresario conocía personalmente a algún miembro del comité de gestión, y ha enumerado a las personas que lo componían: Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez, Julio Pérez, Sebastián Franquis, Antonio Olivera, Conrado Domínguez, José Julián Istúriz y Ricardo Pérez.

Fernando Enseñat (PP) le ha preguntado por una foto en la que aparece Rayco González con Ángel Víctor Torres supuestamente en una reunión en un restaurante de Fuerteventura, «en las mismas fechas» en las que su empresa recibió «un trato de favor» de la administración, y si todo fue fruto de «una casualidad».

Ha sido más directo cuando le ha preguntado al compareciente «¿quién le ofreció este negocio?», «¿quién le abrió la puerta» del Gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres?, y «¿con quién se negoció, se preparó todo? Porque usted solo no podía».

Esther González, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, le ha preguntado si en 2020 tenía algún contacto con el exdirector del SCS Conrado Domínguez, también investigado judicialmente, y en caso afirmativo si lo mantiene en la actualidad; y en qué destino los 4 millones que cobró por este encargo.

Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, se ha interesado por si realmente existió un procedimiento de concurrencia en este contrato, si le consta que hubo otros aspirantes y con propuestas más económicas y si tuvo que pagar comisiones a intermediarios en este encargo.

Nicasio Galván, de Vox, ha preguntado «quién no hizo su trabajo» por muy urgente que fuera la situación, en la peor fase de la pandemia de la covid-19, y ha opinado que «un disparate como éste merece la dimisión» de la persona que autorizó el contrato y sus condiciones, y «de quienes la pusieron ahí».

Nira Fierro, del grupo Socialista, ha recalcado que el derecho a no declarar es «tan legítimo» como hacerlo, y se ha quejado de que se haya normalizado «juzgar silencios de los comparecientes con demasiada facilidad».

Fierro ha considerado «imprescindible» recordar el contexto en el que se produjo el contrato con RR7, en un momento en el que la compra de material sanitario era «un mercado persa» y las administraciones «de todos los colores» tenían como «única obsesión salvar vidas».

También ha rememorado que durante siete meses de «presión asistencial» por la covid-19 se gestionaron en torno a 1.300 expedientes de contratación, de los que son objeto de investigación dos grupos de contratos, y solo uno, el de RR7, no se recibió el material.

La diputada socialista ha indicado por lo demás que «quien la hace la paga y si alguien se llevó dinero que le caiga el peso de la ley», y ha añadido que «tan indecente es el 'sé fuerte' que el 'nos vamos a forrar'».

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