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Después de una azarosa tramitación parlamentaria que finalmente la dejó en el aire y de que posteriormente quedara sobre la mesa del Consejo de Ministros, la propuesta de Canarias para que la Reserva de Inversiones (RIC) pueda materializarse en vivienda ha llegado al Congreso de los Diputados de la mano de los grupos de PSOE y Coalición Canaria (CC). Deja claro el texto que se incluya de esta fórmula la vivienda vacacional.
Se trata de una proposición de ley que ya fue registrada a finales de diciembre y plantea la modificación del artículo 27 de la Ley del REF, con el objetivo de ampliar los elementos aptos para materializar la RIC.
Persigue la finalidad de mejorar el parque de viviendas destinadas al alquiler social como fórmula que contribuya a paliar el problema de la vivienda en el archipiélago, espacialmente para las rentas más bajas, y que ha llevado al Gobierno autonómico a declarar la emergencia habitacional.
La enmienda de los socialistas y nacionalistas canarios propone permitir la materialización de la RIC en la adquisición y, en su caso, construcción de bienes inmuebles situados en las islas si se destinan «de modo novedoso» al arrendamiento de vivienda habitual y siempre que el inmueble no haya estado arrendado dentro del año anterior, con o sin opción de compra, puntualiza el texto registrado en la Cámara.
Excluye de manera expresa que estos beneficios empresariales puedan ir dirigidos a viviendas comercializadas en la modalidad de alquiler vacacional.
Asimismo, estipula la proposición de ley que los fondos de la Reserva de Inversiones destinados a vivienda residencial deberán materializarse en un plazo máximo de tres años.
Además, especifica el texto que no puede existir vinculación directa o indirecta con el arrendatario y que la vivienda debe estar arrendada durante los seis meses posteriores a la fecha de su adquisición o de su puesta en condiciones de habitabilidad.
La RIC es el incentivo fiscal más potente del actual régimen fiscal de Canarias. En la actualidad, hay alrededor de 2.000 millones de euros de beneficios empresariales pendientes de invertir por parte de los contribuyentes de la comunidad autónoma que, según recoge el texto de la proposición de ley «deberían poder utilizarse también para la compra o rehabilitación de viviendas para arrendamiento».
Argumentan Coalición Canaria y los socialistas esta propuesta en que las dificultades para el acceso a la vivienda justifican la necesidad de movilizar todos los recursos necesarios con la vista puesta en la solución de este problema.
Cuentan además los dos grupos proponentes con que el Partido Popular se sumará a esta iniciativa y no se volverá a registrar una negociación como la que tuvo lugar el pasado mes de diciembre y que ha supuesto el retraso de una herramienta que estaba practicamente consensuada.
La ampliación de condiciones para la materialización de fondos de la RIC en vivienda residencial fue pactada inicialmente por la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, quien defendió su inclusión en el paquete fiscal que llevó a votación la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Sin embargo, la ultraderecha impugnó el procedimiento para todas las enmiendas pactadas a última hora entre el Gobierno y otros grupos parlamentarios, veto que impidió su aprobación.
Posteriormente, la iniciativa se recuperó en el Senado mediante una enmienda parcial para lograr el acuerdo. En este caso, fue el PP quien puso obstáculos con la modificación del texto, que volvía a quedar en el aire.
Finalmente, los nacionalistas canarios obtuvieron el compromiso de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que esta medida contaría con el visto bueno del Consejo de Ministros y se aprobaría en la última sesión del año, aunque en esta ocasión fue Podemos quien manifestó su rechazo.
Quedó nuevamente sobre la mesa, esta vez con el compromiso de una proposición no de ley que estaría lista en enero. Esta propuesta, que necesita mayoría parlamentaria para salir adelante, cuenta en principio con el respaldo de los populares, según señalan los nacionalistas y socios de Gobierno.
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