Los decretos de vivienda están «dando resultados» frente a la crisis habitacional
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias participó en el Foro CANARIAS7 junto a María de la Salud Gil, Óscar Hernández y Rafael Tarajano
La vivienda ha sido uno de los grandes temas abordados por Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, durante su participación en el Foro CANARIAS7 'Conversaciones con el consejero' celebrado este lunes en la sede del periódico en Las Palmas de Gran Canaria.
Rodríguez señaló que «la vivienda es sin duda alguna hoy el principal problema que tienen los canarios y las canarias» y que, aunque «no es un problema exclusivamente de Canarias» ni «es un problema nuevo», ya que se «viene arrastrando principalmente desde la crisis financiera de 2008», sí reconoció que «se ha ido a agravando lo largo de los años y que afecta al conjunto de Europa, al conjunto del Estado y por supuesto a Canarias».
El consejero señaló que «Canarias tiene unas singularidades muy claras que hacen que las políticas en esta tierra tengan que tener unas singularidades» y, ante eso, según explicó, «el Gobierno en lugar de continuar con el plan de vivienda de 2020 cambió el ritmo con nuevas normas para incentivar al sector a que crea de nuevo en la vivienda protegida».
El acto comenzó con una entrevista al consejero realizada por el director de CANARIAS7, Francisco Suárez. A continuación, se desarrolló una mesa de debate en la que intervinieron María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Promotores-Constructores de la provincia de Las Palmas (AECP); Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y vicepresidente primero y Comisionado Insular de Gran Canaria de la Fecam, y Rafael Tarajano, presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI).
En palabras del represente del sector inmobiliario, en la actualidad «el problema está en los ayuntamientos», donde se atascan los expedientes técnicos, algo que el Decreto-ley para la Agilización de la Tramitación de Licencias Urbanísticas y el Impulso de la Construcción de Viviendas pretende solucionar.
En la actualidad, Canarias está aa la cola nacional en visados de viviendas de obra nueva, con 1,60 visados por cada 100 habitantes. Estos datos demuestran que está descompasada la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario. Y está en la mano de los ayuntamientos desatascar los expedientes, que sufre un retraso de años.
No es el caso del Ayuntamiento de Agüimes. Su alcalde, Óscar Hernández, y vicepresidente de la Fecam, señaló que el consistorio grancanario tarda «entre 3 y 4 meses en resolver con normalidad» los expedientes para obras de vivienda. Lo que no quita que vayan a utilizar, como confirmó Hernández la nueva herramienta para visar que proporciona el Decreto-ley 3/2025, de 21 de abril. «No nos queda otro remedio que buscar alternativas» teniendo en cuenta que «la demanda ciudadana lo exige».
En general, los ayuntamientos canarios sufren una falta de personal, lo que el Gobierno de Canarias asegura se puede resolver, en parte, haciendo uso de técnicos colegiados externos.
Pero ya son algunos los consistorios del PSOE, entre ellos el de Las Palmas de Gran Canaria, que rechazan la eficacia de los informes técnicos emitidos por los colegios profesionales y otras entidades colaboradoras y aportados por los constructores. Ante esto, «qué casualidad» que sea un consistorio socialista y, además, Las Palmas de Gran Canaria, uno «de los que más se ha quejado por la lentitud» administrativa.
«Me sorprende lo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria», reconoció el consejero de Vivienda. Pablo Rodríguez fue claro también cuando afirmó que «topar los precios no es productivo», y recordó que ya se ha demostrado en grandes ciudades tensionadas, como Barcelona.
En este sentido, también sentenció que Las Palmas de Gran Canaria es muy difícil que sea declarada ciudad tensionada. No reúne los requisitos.
La Conesjería de Vivienda, dijo su titular, está intentando poner las herramientas para abordar «un problema multifactorial». Para ello ha contado con las aportaciones de la Federación de Municipios de Canarias (Fecam), que aplaude los últimos decretos en la materia.
Por su parte, María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Constructores de la provincia de Las Palmas, considera que «la resistencia municipal puede ser un problema» para dar respuesta a la actual emergencia habitacional que sufre Canarias, con un incremento de 25.000 habitantes en lo que va de siglo XXI y una ralentización de la construcción, tanto libre como protegida.
La agilización de los informes técnicos será por tanto crucial, lo que se puede hacer con «una externalización, que no privatización» en la emisión de los informes jurídicos.
Salud Gil recordó que «la iniciativa privada está dispuesta», pero también «la iniciativa pública puede hacer más», de ahí que la colaboración sea in dispensable. En estos momentos «hay un déficit de 50.000 viviendas» en Canarias, pero es que en una década harán falta 150.000 viviendas.
