La primera Ley de Montes de Canarias despierta la participación ciudadana
276 particulares, 17 asociaciones, dos administraciones, dos colegios profesionales, una universidad y una empresa participan en el proceso
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano Hernández Zapata, anunció recientemente que ha dado un nuevo paso en la tramitación de la primera Ley de Montes del archipiélago, tras finalizar el proceso de consulta pública habilitado para recoger sugerencias y aportaciones.
En total, se han recibido 299 contribuciones a través del portal oficial, dentro del plazo establecido: 276 de particulares, 17 de distintas asociaciones, dos de administraciones públicas, dos de colegios profesionales, una de una universidad y una de una empresa.
Pero hay que reseñar que de las 276 aportaciones de particulares, 265 corresponden al colectivo ciclista «con contenido prácticamente idéntico», se señala en el informe de la Consejería sobre el resultado de la consulta pública a la ciudadanía; de ahí que su valoración se haya efectuado de manera conjunta.
El consejero del área, Mariano Hernández Zapata, ha subrayado que «con este proceso culminado, avanzamos en la elaboración de esta norma, que ha sido altamente demandada». Ante lo que será «un instrumento clave en la preservación de nuestros montes, que Canarias aún no tiene y que responderá a los retos del cambio climático, como son los incendios forestales cada vez más frecuentes y virulentos».
Hay que tener en cuenta que Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que aún no cuenta con una Ley de Montes propia y sigue rigiéndose por la legislación estatal. Así que «dotarnos de una norma específica no solo es un derecho recogido en nuestro Estatuto de Autonomía, sino también una necesidad urgente para proteger nuestros ecosistemas forestales y adaptarlos a las particularidades de nuestro territorio», ha afirmado el consejero.
El borrador de la ley, que está previsto que se presente en esta legislatura, introducirá elementos específicos que respondan a las condiciones únicas de las islas, «como la difícil orografía, el fraccionamiento territorial, el abandono del sector primario rural o la continuidad vegetal que favorece la propagación de incendios», apuntó Zapata.
La futura norma también incluirá aspectos «como la gestión forestal sostenible, la protección del patrimonio público forestal, la regulación de los aprovechamientos forestales, los usos de los montes, los catálogos de montes públicos y privados, la restauración forestal tras incendios y la promoción de paisajes resilientes frente al cambio climático», explicó el consejero. También abordará cuestiones como el fomento de la gestión forestal sostenible y el impulso a los paisajes resilientes al cambio climático, el incremento de la cubierta vegetal, la protección del suelo contra la erosión, la conservación y mejora de la biodiversidad forestal, la gestión eficiente de pistas forestales y senderos, la defensa del patrimonio forestal, el fomento de la cultura forestal o la investigación forestal aplicada. La prevención y defensa de los montes contra incendios forestales y su restauración posterior será también uno de los puntos clave de dicha Ley.
Paralelamente a esta acción, la Consejería de Transición Ecológica y Energía trabaja también en otros dos ejes estratégicos en materia forestal. Esto es, la elaboración de un Plan Forestal, del que ya se han publicado las alegaciones, que tendrá duración de 21 años y que sustituirá al anterior Plan, vigente desde 1999, y cuyo objetivo será el de proteger, potenciar y poner en valor la superficie forestal de las islas. Dicho Plan se encuentra próximo a su aprobación tras su ratificación por parte de la Comisión Canaria de Evaluación Ambiental y será además reforzado en el ámbito legislativo con la aprobación de la Ley de Montes.
También se trabaja en la revisión y modificación del Decreto Ley que regula la prevención y extinción de incendios forestales y las zonas de interfaz, actualizando el actual decreto de 2001.
Una de las regiones españolas más desarboladas y con riesgo de erosión
Canarias quiere contar con un texto normativo con rango de ley que, teniendo en cuentas las singularidades forestales de las islas, acabe con los vacíos legales actuales, con una simplificación y unificación de la legislación.
Tras la consulta pública realizada, muchas de las aportaciones ciudadanas serán tenidas en cuenta. Por ejemplo, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM) señala que se debe tener en cuenta que Canarias ha sufrido una grave deforestación durante siglos, pasando a ser una de las regiones más desarboladas y con más riesgo de erosión de España. Una objeción que el informe sobre el resultado del trámite de consulta pública del proyecto de ley de montes «acepta», lo que se tenderá en cuenta y justifica una normativa específica y sólida para la gestión de los montes en Canarias.
También se acepta la apreciación del (COIM) relativa a que «el abandono del medio rural como un factor adicional junto al cambio climático es acertada». De esta manera se fortalece la idea de que los bosques y formaciones vegetales de las islas afrontan grandes retos, poniéndose de manifiesto la vulnerabilidad del territorio a proteger.
Además, y a propuesta del COIM, se tiene en cuenta que hay que «especificar en los objetivos de la norma que la política forestal debe alinearse con el nuevo Plan Forestal de Canarias».
De las 300 aportaciones recibidas, 265 corresponden al colectivo ciclista, todas muy parecidas. Reclaman que se tenga en cuenta esta práctica deportiva y que se regule de forma específica el uso de bicicletas MTB en senderos y pistas, lo que entienden no es incompatible con la protección y el uso sostenible de los montes.
