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Una de las líneas de trabajo abiertas por el Gobierno de Canarias para hacer frente a la emergencia habitacional en las islas es limitar la compra de viviendas por extranjeros en el archipiélago, cuestión que aún debe negociar con Europa.
Sin embargo, esta propuesta es rechazada por el principal socio de Coalición Canaria (CC) en el Ejecutivo, el Partido Popular (PP), como quedó en evidencia en el pleno del Parlamento regional, mientras que ASG -otro aliado de los nacionalistas- pidió cautela porque la adquisición por parte de no residentes «no es la única causa» del problema, sino la «escasa y mala planificación».
El consejero de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda, Pablo Rodríguez, compareció ante el pleno a petición de CC y señaló que ha pedido a los servicios jurídicos explorar posibles vías en el derecho comunitario para limitar la compra de propiedades por extranjeros porque «está desvirtuando el mercado isleño de manera clara».
En este sentido, citó tres posibles fórmulas: la exigencia de un tiempo mínimo de estancia en el país, la autorización previa para adquirir la vivienda o implementar las medidas fiscales, de tal manera que tenga efectos disuasorios.
Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por el Grupo Popular cuya portavoz, Jennifer Curbelo, hizo hincapié en que apoyarán todas las propuestas para poner vivienda en el mercado con el objetivo de resolver este grave problema.
Aún así, dejó claro que Canarias «es parte de la Unión Europea y por tanto, dijo, «hay que respetar los principios de la libre circulación» de personas y capitales. A su juicio, es importante plantear ideas, pero «lo que no podemos hacer es desviarnos del objetivo principal, que es construir vivienda pública».
La parlamentaria popular indicó que se ha llegado a este punto por las políticas anteriores -que calificó de «desorientadas» - incapaces de dar solución a las 25.000 solicitudes.
José Manuel Bermúdez (CC) reconoció que con la limitación de la compra por foráneos no se resolverá el problema, pero entiende que el Gobierno y el Parlamento deben abordar este asunto en el marco del debate en torno a la vivienda, sobre todo porque afecta a un tercio de las ventas en la provincia de Santa Cruz y un 20% en Las Palmas.
El consejero indicó que la causa de esta emergencia es múltiple y «claramente falta oferta ante una demanda creciente», a lo que se unen los extranjeros no residentes que «muchas veces tienen ánimo mercantilista».
Recordó que hasta 2008 se levantaban hasta 30.000 viviendas al año, mientras que el mejor registro de la última década ha sido 3.000 casas anuales, una cifra «insuficiente, pero es imposible volver a aquellos datos».
Por otro lado, y en otra intervención solicitada por el PP, Rodríguez anunció que en las próximas semanas se iniciará la tramitación de la ley canaria de Costas, que pretende «mejorar la gestión del litoral y contar con medios para dar respuesta al reto competencial».
En respuesta a la portavoz socialista Nayra Alemán puntualizó que en ningún caso tiene intenciones desarrollistas porque «estamos concienciados con la protección».
Indicó además que el Ejecutivo está ultimando el recurso ante el Constitucional para que dirima las diferencias sobre el traspaso de Costas.
Resaltó que el Ministerio para la Transición Ecológica «no tuvo ninguna intención de alcanzar un acuerdo» en la comisión bilateral de abril «porque no quiere traspasar las competencias», a pesar de la voluntad de consenso que sí mantuvo el ministro Ángel Víctor Torres.
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