Política Territorial prepara una ley de Protección Civil para coordinar emergencias

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas tramitará durante el próximo año la primera Ley de Protección Civil de Canarias, una iniciativa que permitirá para potenciar las estrategias de evaluación porque «es necesario que todos los protocolos y actuaciones estén engarzados en una norma que garantice su ejecución».

Esta es una de las novedades que contempla el presupuesto de la Consejería, presentado este miércoles por el consejero Manuel Miranda en la comisión parlamentaria de Presupuestos y Hacienda.

Este departamento contará con una partida total de 109 millones -crece un 2,3% sobre las cuentas de 2024-, condicionada, dijo Miranda, por la incertidumbre financiera ante la ausencia de presupuestos estatales.

Esta situación, añadió, deja en el aire 20 millones que en años anteriores llegaron a través de subvenciones directas para el ciclo integral del agua. En su comparecencia, destacó que el esfuerzo de la Consejería se ha centrado en el capítulo de inversiones, que crece un 55%. Aún así, señaló que este presupuesto «no es al que aspira un consejero, pero responde a los retos planteados para 2025».

El consejero indicó que la prioridad del departamento es la política hidráulica, derivada de la situación de emergencia que viven algunas islas, un escenario que, aseguró, «genera ansiedad», aunque Esther González (NC) criticó que las partidas para la emergencia hídrica se recorta de 14 a siete millones. Miranda apuntó que seguirá trabajando para firmar con el Estado el convenio de Obras Hidráulicas y que estas infraestructuras sean consideradas de interés general, como las carreteras.

El área de emergencias, que absorbe 29 millones del total y sube un 2,3% es otra de las prioridades de este departamento. El grueso de estos recursos estarán destinados a crear una unidad de análisis de riesgos y gestión de emergencias que se complementará con una nueva unidad de apoyo logístico para atención de las emergencias en cada una de las islas y que contará con medios y personal propio. Para el consejero, «ante una emergencia es necesaria una visión directa en cada territorio».

Destacó además que Ordenación del Territorio sube un 23% hasta alcanzar casi los 14 millones. Entre sus objetivos se encuentran medidas de reto demográfico que han sido planteadas por los grupos constituidos después de la Conferencia de Presidentes junto con cabildos y ayuntamientos.

Igualmente, a través de la Agencia Agencia Canaria de Protección del Medio Natural se pondrá el empeño en sellar los 47 vertederos ilegales para evitar con ello multas de Bruselas.

Para la oposición, estos son unos «malos» presupuestos para la Consejería, y tanto PSOE como NC hicieron hincapié en las partidas que descienden, sobre todo en las destinadas a recursos hidráulicos, que bajan un 50%, apuntaron. Este punto también fue destacado por la diputada del PP Luz Reverón, para quien «no podemos permitir que bajen las partidas para la política hídrica».

Además, tanto la parlamentaria socialista, Nayra Alemán, como la portavoz de Nueva Canarias (NC), Esther González, criticaron que el consejero pretenda modificar la Ley del Suelo «por la puerta de atrás», utilizando la ley de presupuestos, lo que indicaron, es inconstitucional. Estos cambios, contemplados en una disposición adicional, permiten el asfaltado de caminos agrícolas y rústicos, explicó Alemán.

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