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Caso Mascarillas
La Policía localiza una carta clave en el caso Mascarillas: «Un mayor beneficio aún si cabe»
Francisco Suárez Álamo y Francisco José Fajardo
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 11 de mayo 2024, 23:11
«Tener en cuenta que el precio de la nueva mascarilla es inferior a la 3M y por tanto para equiparar el importe anticipado habrá que aumentar el número de unidades. Según consulta en internet el precio de la nueva mascarilla es de 1,33 euros». Esa apostilla, escrita en rojo, aparece al final de un documento clave en el caso Mascarillas y que fue enviado en junio de 2021 por la entonces directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), Ana María Pérez, a Samuel Machín, que hacía de intermediario entre ese organismo público y la empresa RR7 United en relación con el contrato para el suministro de un millón de mascarillas.
El párrafo fue incluido en el borrador de carta que RR7 United debía presentar al SCS para que se le diese una segunda oportunidad de entrega de las mascarillas, tras un primer fiasco: llegó una partida de cubrebocas que eran falsificadas, pues no se trataba del modelo 1860 de la marca 3M, pagadas por el SCS a razón de 4 euros la unidad.
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En informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional enviado en marzo de este año a la Fiscalía Europea, que instruye el caso Mascarillas, se llama la atención sobre la importancia de ese documento enviado por Ana María Pérez, un borrador de carta que dio pie después a que Conrado Domínguez, entonces director del Servicio Canario de la Salud, firmase una resolución aceptando que RR7 hiciera la entrega de 1,2 millones de mascarillas de la marca Honeywell. Ese material tampoco llegó.
Según el citado informe policial, la carta tuvo el siguiente recorrido: Ana María Pérez se la mandó a Samuel Machín; este se la trasladó a Lucas Cruz, igualmente intermediario en la operación, y Lucas Cruz se lo copió a Rayco González, dueño de RR7. Tras elevar consultas a un abogado y a un asesor fiscal, y después de que Lucas Cruz insistiera en que su nombre no apareciera en el intercambio de correos con Sanidad, RR7 hizo llegar al SCS una carta prácticamente idéntica, ofreciendo un cambio de modelo de mascarillas y solicitando «dejar sin efecto el expediente de reintegro» de los 4 millones de euros que ya había puesto en marcha el Gobierno.
Tras detallar ese itinerario de la carta, la UDEF llama la atención a la Fiscalía Europea sobre cuatro cuestiones: «1) Que el propio Servicio Canario de la Salud redacte un borrador-documento a una mercantil (para que ésta a su vez lo presente ante dicho órgano) teniendo abierto un expediente de reintegro por una deuda contraída con dicha administración ante el incumplimiento de un contrato.
2) Que el propio Servicio Canario de la Salud autorice el cambio de mascarillas aceptando en el escrito (que dicho organismo ha redactado) que no se altera el objeto del contrajo.
3) Que a pesar de lo anteriormente expuesto, y aún sabiendo de antemano dicho organismo el precio de las nuevas mascarillas a adquirir, esto es 1,33 euros, acepte el cambio de las mismas manteniendo el mismo importe total del contrato anterior (4.000.000 euros) y aumentando finalmente y únicamente las unidades en 200.000, resultando un mayor beneficio aún si cabe para la empresa deudora.
4) Que tras la remisión del documento, Ana María Pérez le comente a Samuel que respecto al escrito tendrían carta blanca para que cambien y completen todo lo que consideren».
En la querella inicial del caso Mascarillas, el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, ya alertó sobre las circunstancias de esa segunda oportunidad a RR7. Lo mismo hizo la Audiencia de Cuentas en el preinforme que, por presiones políticas, fue rechazado por el plenario del órgano fiscalizador.
En el caso Mascarillas siguen imputados el dueño de RR7 United, Rayco González; dos de sus familiares; los intermediarios Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh, Oswaldo Lastras, Samuel Machín y Lucas Cruz; el que fuera director del SCS y miembro del Comité de Gestión contra la pandemia, Conrado Domínguez, y la entonces directora de Recursos Económicos, Ana María Pérez.
La UDEF concluye en su informe que cinco de los investigados podrían tener interés en una «comisión» que cifra en 100.000 euros: Conrado Domínguez, Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh, Oswaldo Lastras, Samuel Machín y Lucas Cruz.
La querella de Anticorrupción se presentó por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. En el curso de la instrucción se añadió el delito de malversación.
El caso empezó a instruirse en el Juzgado número 7 de la capital grancanaria pero el caso fue asumido por la Fiscalía Europea al haberse iniciado el trámite para el pago del dinero con cargo a fondos comunitarios.
La Fiscalía Europea ha estado durante meses a la espera de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional concluyese el análisis cruzado de las conversaciones entre los implicados en el caso Mascarillas y que estaban en los teléfonos móviles de Rayco González y Samuel Machín.
El caso dio un giro en el momento en que el dueño de RR7 rompió su silencio y permitió acceder a sus móviles. Fue ahí cuando se descubrió que sí había tenido contacto directo con Conrado Domínguez desde antes de formalizarse el contrato entre el Servicio Canario de la Salud y RR7 United. De hecho, las conversaciones entre ambos, así como entre los intermediarios, estuvieron orientadas a la confección del contrato. En ese momento, Conrado Domínguez era miembro del Comité de Gestión contra la pandemia creado en marzo de 2020 por el presidente Ángel Víctor Torres.
Domínguez fue nombrado director del Servicio Canario de la Salud en septiembre de dicho año. Dimitió a comienzos de noviembre de 2022, cuando este periódico publicó precisamente algunos de los mensajes que había intercambiado personalmente con Rayco González en 2020. Tanto ante el fiscal Anticorrupción como en sede judicial ante el juez Francisco Javier García García-Sotoca, Domínguez dijo que no había mantenido contacto con el propietario de RR7.
El pasado lunes, Domínguez compareció como investigado ante la Fiscalía Europea y se acogió a su derecho a no declarar.
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